En Chile, el oficio es desarrollado por un número muy limitado de personas, profundamente enraizados en las instituciones militares y en los medios políticos, en diversos niveles. Esta es la razón por la cual muchas veces un mismo representante concurre con más de una empresa fabricante o proveedora, y cambia de representado durante el proceso de adquisiciones.
La reiteración casos en los cuales la justicia ordinaria indaga pagos ilegales o actos de corrupción en las adquisiciones militares o de bienes para la defensa nacional es preocupante. Tanto porque involucra a instituciones esenciales y permanentes del poder nacional como las Fuerzas Armadas, como porque pone en duda la capacidad civil para controlar y dirigir una de las funciones más delicadas del Estado moderno como es la política de defensa nacional.
No es impropio sino adecuado que en una democracia altos oficiales o funcionarios de la defensa, sospechosos o confesos de haber cometido delitos, deban comparecer ante la justicia. Lo que resulta lamentable es que la repetición constante de esos hechos se transforma en un indicativo cierto de que los procedimientos de gestión y control de los responsables políticos del sector están siendo ineficientes.
[cita]No es el vendedor el que pone las condiciones legales y el marco general en que debe desenvolverse su representación. En todas partes del mundo, las condiciones de operación las pone el que compra, con mayor razón en un mercado tan denso y propenso a la oscuridad y la corrupción como es la venta de sistemas de armamento.[/cita]
El llamado Caso Fragatas, que por estos días se ventila en nuestros tribunales y en el cual se investiga el pago de comisiones ilegales es un ejemplo de ello.
En un comunicado de mediados de esta semana, el Ministerio de Defensa informó que se ordenó a las Fuerzas Armadas y empresas del sector defensa suspender del registro de proveedores a Guillermo Ibieta Otto, uno de los tres formalizados por la justicia en este caso.
Si bien la medida finalmente se adoptó, el tiempo transcurrido desde las primeras diligencias judiciales es una lenta reacción. Sobre todo si se atiende a la gravedad de parte de los delitos imputados: cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos. El comunicado plantea la inconveniencia de que mientras dure la investigación penal Ibieta represente a un proveedor. Pero deja al resultado de la indagatoria criminal la decisión final y sugiere la libertad del fabricante o empresa matriz, que encuentre otro representante.
Es precisamente en este último punto donde queda en evidencia la inseguridad de la autoridad civil, que desde 1990 hasta la fecha, no ha logrado estructurar un sistema transparente y bien regulado de adquisiciones, que evite los vicios que de tanto en tanto investiga la justicia. Pese a que estamos frente a una política de Estado, que involucra amplios consensos.
No es el vendedor el que pone las condiciones legales y el marco general en que debe desenvolverse su representación. En todas partes del mundo, las condiciones de operación las pone el que compra, con mayor razón en un mercado tan denso y propenso a la oscuridad y la corrupción como es la venta de sistemas de armamento.
El Ministerio de Defensa ha informado que el reglamento de proveedores que contempla su nueva ley orgánica, y que se encuentra pendiente desde hace más de dos años, está finalmente en el trámite de Toma de Razón en la Contraloría.
No es seguro que los problemas señalados más arriba se solucionen con su publicación. Nada habría impedido empezar a aplicar criterios más estrictos y de prevención si el efectivamente los tiene. Por ejemplo la eliminación de intermediarios, las exigencias de garantías de seriedad a los representantes y empresas acreditadas, y por supuesto la suspensión automática del sistema de quienes se vean envueltos en escándalos judiciales. Es de la razonabilidad de la seguridad nacional, pues el país no desea que sus decisiones de seguridad más importantes pudieran ser capturadas por una banda de inescrupulosos o derechamente por el crimen organizado.
Es una práctica a todas luces peligrosa designar, por parte de los fabricantes, como enlace para conversaciones técnicas y comerciales a llevarse a cabo entre el fabricante externo y el comprador potencial -que es el país-, a comerciantes locales o militares en retiro que «detectan» una necesidad y buscan un fabricante que tenga el producto, al que le cobran por «el dato» y por «sus eventuales contactos» en el círculo decisorio.
En Chile, el oficio es desarrollado por un número muy limitado de personas, profundamente enraizados en las instituciones militares y en los medios políticos, en diversos niveles. Esta es la razón por la cual muchas veces un mismo representante concurre con más de una empresa fabricante o proveedora, y cambia de representado durante el proceso de adquisiciones.
Es a esto a lo que finalmente debe apuntar a corregir la autoridad civil. Porque junto con decidir qué y para qué se compra, también es fundamental el cómo se compra. Tanto para conseguir una relación óptima entre precio y calidad a escala nacional, como para evitar la privatización de procedimientos que por muchas razones, además, están sometidos a las reglas de la reserva.
