Este proyecto no solo es excluyente para los hogares de menores recursos sino para la mayoría de la clase media que se verá forzada a pagar sumas cuantiosas para ser atendidos en enfermedades ‘extraseguros”.
La última semana de diciembre el ejecutivo envió al parlamento el proyecto que modifica el sistema privado de salud. Es decir, las Isapres, y crea un Plan Garantizado de Salud (PGS). El texto se presentó justo después de una información que indignó a la opinión pública porque anunciaba un crecimiento de 50% de las ganancias de las Isapres, gracias al aumento de los valores de los planes y la reducción de coberturas (la proyección anual indica que las utilidades pueden llegar a 60 mil millones en 2011, tres veces más que la utilidad del 2009). Con anterioridad, el Tribunal Constitucional (TC) basándose en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política que establece que “la seguridad social garantiza el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes” exigió el fin de las discriminaciones en el sistema.
El proyecto de ley constituye más bien un ardid para evitar los reclamos de los usuarios. En efecto, el PGS es una reducción de las prestaciones garantizadas para que los usuarios -que puedan hacerlo- compren planes complementarios que podrán ser elaborados por las Isapres sin restricción alguna. El propio proyecto les llama a aquellas “prestaciones básicas y uniformes”.
¿Cuáles serán estas prestaciones? Las del Plan AUGE, incluyendo el examen preventivo, más las catastróficas (muchas de las cuales ya están en el AUGE pero no se sabe cuales otras incluirán) y las urgencias. Es decir, este plan básico es equivalente a lo que hoy ofrece Fonasa con cobertura más bien universal y garantizada; en las demás enfermedades los afiliados quedan totalmente desprotegidos o cubiertos por planes complementarios que caerían fuera del concepto constitucional de seguridad social.
¿Cuál será el precio de este Plan Básico? En el transcurso de las deliberaciones de la comisión (ver Diario Financiero del 26 de diciembre 2011) trascendió que el valor mensual del PGS podía alcanzar a 17.000 pesos por persona y que los costos del SIL eran unos 2.500 pesos adicionales. Es decir, una familia tipo de cuatro miembros con un solo trabajador -para cubrir el mínimo de prestaciones y quedar absolutamente descubierto para todo lo demás- debe aportar mensualmente $70.500, es decir, el ingreso mínimo para estar en Isapres es de un millón de pesos. En Chile, según la encuesta Casen, el 90% de los hogares percibe ingresos inferiores a esta cifra. En conclusión, el proyecto de ley consagra un sistema excluyente y anti solidario ya que, justamente, los ingresos superiores podrán usar los excedentes en su particular provecho sin aportar nada a los de menores ingresos.
Las excesivas ganancias de las Isapres se manifiestan todavía más nítidamente si se compara la distancia entre los seguros generales y las isapres con el criterio habitual: el de rentabilidad sobre capital y reservas. Bajo ese prisma, las Isapres rentaron 36,6% en el período. Es decir, por cada $100 que los propietarios comprometen en el negocio, las firmas “devuelven” $36,6. En el caso de los seguros generales, por cada $100 invertidos los socios propietarios reciben $13.
Tal fue el impacto en la opinión pública de estos resultados que el propio Superintendente de Salud, Luis Romero, destacó que «el proyecto de ley que el Gobierno ingresó al Congreso la semana pasada, crea un IPC de la Salud que permitirá controlar los precios y un patrón de referencia para las alzas que las Isapres aplican anualmente a los planes de los afiliados…”.
Si bien en el proyecto “se encomienda al INE calcular indicadores de la variación de los precios de las prestaciones de salud, de la variación experimentada en la frecuencia de uso de las mismas y de la variación del gasto en subsidios por incapacidad laboral” pero, además, se ha previsto ”la creación de un panel de expertos que tendrá por función establecer índices referenciales de variaciones de precios”. En buenas cuentas, una comisión de tres personas (dos privados de universidades y uno en representación del Ministerio de Salud) decidirá cuánto y cuándo se aumentarán los precios del PGS lo cual le resta total transparencia al sistema y lo fragmenta aun más.
Las personas que, estando en Isapres, queden marginadas de los planes complementarios quedarán en una situación extremadamente crítica de desprotección. Este proyecto no solo es excluyente para los hogares de menores recursos sino para la mayoría de la clase media que se verá forzada a pagar sumas cuantiosas para ser atendidos en enfermedades ‘extraseguros”.
Para aparentar una cierta legitimidad en los cobros de los planes el proyecto del gobierno concede un mecanismo que fue bienvenido en las Isapres. Esto es el Consejo Consultivo del Plan Garantizado de Salud que “efectuará las evaluaciones de tecnologías sanitarias con un criterio de costo efectividad y de priorización sanitaria…”. Lo más grave es que estas atribuciones son propias de la autoridad sanitaria (el Ministerio de Salud) y que las ha desarrollado lo que hoy es la Subsecretaría de Salud Pública que, de este modo, además de perder las principales atribuciones se convierte en una suerte de secretaría o Departamento de Estudios del Consejo. Pero además, ¿por quien está constituído este Consejo? Por un representante de las Isapres, uno de los prestadores privados, uno del Ministerio de Salud y uno de la Dipres. En suma, de no mediar reparos en las salas del Congreso se asistirá a una sutil privatización de la autoridad sanitaria y de las prioridades en salud, así como a incrementos notorios en los costos de la salud para la población.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
