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Más Mujeres al Poder Judicial

por 24 junio, 2012

La escasa presencia de mujeres en las instancias superiores de la administración de justicia da cuenta de que el Estado de Chile ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos relativas a la participación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de poder.
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Este año deben jubilar cuatro Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y tres Ministros de la Corte Suprema. De acuerdo a nuestra legislación, tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo intervienen en la designación de los Ministros o Ministras que deben suplir las vacantes: el primero debe confeccionar una terna o una quina de candidatos/as y el segundo, a través del Presidente de la República, debe escoger uno de los candidatos ofrecidos por el Poder Judicial. En el caso de los Ministros para la Corte Suprema, desde la dictación de la Ley 19.541, también debe intervenir el Senado para aprobar la elección del Ejecutivo.

De acuerdo a información recientemente entregada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial a Corporación Humanas, mediante el Oficio N° 17 DOI 4144, de 15 de mayo de 2012, los tribunales de primera instancia (del trabajo, de familia, juzgados de garantía, civiles, etc.) están integrados por un 60,56% de mujeres juezas versus a un 39,4% de hombres jueces. Sin embargo, en los tribunales superiores de justicia, es decir, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, el porcentaje de mujeres Ministras alcanza sólo el 34,9%  y el de Ministros asciende al 65,1% de los escaños.

La escasa presencia de mujeres en las instancias superiores de la administración de justicia da cuenta de que el Estado de Chile ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos relativas a la participación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de poder.

Las cifras se invierten escandalosamente, y las grandes perjudicadas son las mujeres, quienes si bien son mayoría en los tribunales de primera instancia, se convierten en minoría en los tribunales superiores de justicia. Una vez más podemos constatar la dificultad que enfrentamos las mujeres para poder acceder a cargos de poder y decisión.

La escasa presencia de mujeres en las instancias superiores de la administración de justicia da cuenta de que el Estado de Chile ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos relativas a la participación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de poder.

La legitimidad democrática de un Estado y de los Poderes que lo integran se manifiesta en una participación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos espacios jerárquicos que componen su estructura, lo cual es particularmente importante en el sistema de justicia que sustenta la base institucional y de confianza de una democracia sólida.

Es de esperar que tanto el Poder Judicial al confeccionar las ternas y quinas, como el Ejecutivo al elegir a los candidatos y candidatas, tomen en consideración la baja representación de mujeres en las altas Cortes y se comprometan con lograr una equilibrada representación de hombres y mujeres.

En un contexto de mayor demanda de participación ciudadana, los sistemas de administración de justicia tienen la responsabilidad de rendir cuentas en temas tan diversos como la calidad de las designaciones de los/as Magistrados/as, los mecanismos de ascenso, la independencia judicial y el compromiso con el acceso igualitario de hombres y mujeres a espacios de decisión y poder.

La paridad en todos los ámbitos de toma de decisiones mejora la calidad de nuestra democracia y corrige el déficit de ciudadanía de las mujeres. Como señala la filosofa Amelia Valcárcel, si varones y mujeres no son diferentes en títulos y méritos, tampoco deben serlo en oportunidades y logros.

Es labor del Estado, a través de sus distintos Poderes, desempeñar un rol central en la generación de cambios en las relaciones de dominación y subordinación de género, impulsando relaciones de igualdad y equivalencia a partir de programas, planes, políticas, legislación, jurisprudencia y una red discursiva que fomente una nueva forma de distribución del poder al interior de las instituciones.

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