Más allá de la polémica que la licitación ha provocado en el ámbito político —un nuevo traspaso de riqueza chilena a privados—, y jurídico —hay quienes sostienen que la operación es ilegal, pues no sería propiamente un CEO, sino una Concesión, lo que está prohibido por una ley que declaró al litio mineral estratégico— hay pocas voces que se hayan levantado apuntando hacia sus derivadas claves.
El Ministerio de Minería ha anunciado que SQM fue la adjudicataria del primer Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) licitado en el país. La firma nacional, ligada a Julio Ponce, ofreció una cantidad de $ 19.301 millones (unos US$ 40,9 millones) por los derechos a explotar una cantidad total de 100 mil toneladas de litio, lo que significa unas 532 mil toneladas de carbonato de litio, por un período máximo de 20 años, a partir de la fecha de firma del contrato.
Chile posee alrededor del 43 % del mercado mundial de este elemento y el 25 % de sus reservas internacionales. Hasta el 2004, el precio de la tonelada de carbonato de litio no superaba los US$ 2.500. Hoy, su valor es de unos US$ 6 mil. Es decir, en cuentas simples, el CEOL, si es exitoso en su administración y colocación del producto a los precios actuales, generará en los próximos 20 años ingresos por unos US$ 3.192 millones, es decir, unos US$ 159 millones anuales, razón por la que los cálculos de SQM para definir el precio de su postura —US$ 40,9 millones— se ajustan a un buen negocio, pues no obstante haber duplicado la oferta de su competencia, recuperará rápidamente la inversión y dependiendo de los resultados, repartirá sus utilidades 50 % y 50 % con el Estado chileno.
[cita]Se trata de una oportunidad, pues el país cuenta con los especialistas, ingenieros y académicos que pueden aportar conocimientos para el desarrollo de derivados de este mineral, impulsando un salto cualitativo desde la actual fase de exportaciones a granel, hacia su envío con mayor valor agregado a los mercados mundiales.[/cita]
Más allá de la polémica que la licitación ha provocado en el ámbito político —un nuevo traspaso de riqueza chilena a privados—, y jurídico —hay quienes sostienen que la operación es ilegal, pues no sería propiamente un CEO, sino una Concesión, lo que está prohibido por una ley que declaró al litio mineral estratégico— hay pocas voces que se hayan levantado apuntando hacia sus derivadas claves.
En efecto, una batería para automóviles de litio-ion tiene un precio de mercado de US$ 20 mil, adminículo de alta tecnología que requiere de unos 15 kilos de carbonato de litio para fabricarlo, es decir, menos de US$ 15 del elemento. Similar proporción se observa en pilas para celulares y computadores. Esta relación pone el tema en su verdadero centro, es decir, lo que está en juego en esta operación no es propiamente el litio, cuya abundancia es reconocida (Australia exporta el 25 % del carbonato producido en el mundo, China el 13 % y Argentina, el 12 %, a granel), sino su valor de largo plazo, que no es otro que sus usos técnicos, producto de ciencia aplicada y un desarrollo tecnológico acorde.
Entre las argumentaciones para calificar la operación de ilegal se ha dicho que para que este sea un verdadero Contrato Especial de Operación (CEO), similar a los que se materializaron durante el gobierno de la Presidenta Bachelet para el petróleo en Magallanes, se requeriría, como contraparte del privado, la existencia de una Empresa Nacional del Litio, tal como en el caso del crudo está la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Si así fuera, se trata de una oportunidad, pues el país cuenta con los especialistas, ingenieros y académicos que pueden aportar conocimientos para el desarrollo de derivados de este mineral, impulsando un salto cualitativo desde la actual fase de exportaciones a granel, hacia su envío con mayor valor agregado a los mercados mundiales.
Enfrascarnos en una discusión sobre el destino del 1 % del litio explotable y exportable a granel —que es el guarismo que representa el polémico CEOL— parece irrelevante frente a su potencial tecnológico y si es que, Gobierno, oposición, Congreso, universidades, centros de investigación, empresas y demás incumbentes en la materia no avanzan en la creación de orgánicas que, basadas en ciencia y tecnología propia e importada, investiguen y desarrollen las oportunidades que emergen de este mineral, cuyo valor de largo plazo no es, como vemos, el elemento mismo, sino el conocimiento que expertos de naciones en plena revolución digital le han añadido y que explica en lo sustancial su presente atractivo.
