Mineduc quitó el reconocimiento oficial a 38 colegios particulares subvencionados. Mucho se ha escrito y vociferado respecto de la calidad de la educación en Chile y hasta hace poco, como forma de defender y consolidar el sistema, la responsabilidad de los infructuosos esfuerzos por estandarizar nuestros resultados escolares con los de países de la OCDE (por dar un ejemplo) se enfocaron en los docentes y su labor en el aula.
Así, frases como “se acabó el recreo” tendieron a mancillar la profesión que durante los años 90’s (y antes) gozó una positiva valoración social por sobre todas las demás actividades profesionales y que ya en este período llegó a tal nivel de desprestigio que pirotécnicas políticas como la “beca vocación de profesor” tratan de levantar la intencionadamente alicaída reputación docente… por cierto, con parches siempre funcionales al modelo.
El punto es que durante 2006 y gracias a la primera revolución pingüina, salió a la palestra un actor inadvertido socialmente (por cierto investigado en la academia), quien feliz en las sombras ha sido en muchos casos taladro de la calidad educativa y quien justamente es menos conocido por las comunidades escolares: el sostenedor privado de colegios particulares subvencionados.
Respecto de estos personajes, solo la LGE en algo trató de normar su actuar y su perfil ante la petición de la comisión de expertos llamada por la presidenta Bachelet, comisión que además sugirió terminar con el lucro en la enseñanza escolar. Curiosamente, satanizado el lucro en universidades no ha podido ser desapegado del sistema escolar en donde los sostenedores son capaces de prácticas indecibles a fin de seguir obteniendo ganancias. Recuerden siempre, si una institución tiene fin de lucro, ESE SERÁ SU OBJETIVO PRINCIPAL y no la calidad de la educación. Por ende toda la logística de las administraciones apuntará con las herramientas que sea a la obtención de dividendos [Atria Fernando: 10 Lugares comunes falsos de la educación chilena Nº5: “No tiene nada de malo que los establecimientos educacionales lucren”. Fuente.]
¿Todos los sostenedores de colegios particulares subvencionados caben dentro de este comentario? Tajantemente señalo que no. Pero también de manera tajante afirmo que los colegios con malas y detestables prácticas son más numerosos que los 38 a los que Mineduc quitó el reconocimiento oficial este 2012.
Pero, ¿cuáles son las frecuentes malas prácticas de los sostenedores de colegios particulares subvencionados?
1. Administrativas:
a. La más común de todas, la adulteración de asistencia. Si bien es cierto que supeditar el pago de la subvención a la asistencia de estudiantes es un incentivo perverso, también es claro que es la norma que existe y ante esta exigencia los sostenedores hacen prácticas increíbles para falsear la asistencia de niños y niñas en los distintos colegios. Ciper Chile realizó un catastro de las prácticas y de los colegios sancionados (que no asegura que sean los únicos con dichas triquiñuelas) en que inclusive se dejan presentes a quienes ya abandonaron la escuela.
Todo por la subvención. Los colegios más probos que tienen doble jornada, a tripas corazón consignan la asistencia real en la mañana, pero en la jornada de la tarde la adulteración es norma. Todo basado en el supuesto (avalado por la experiencia) de que las inspecciones se realizan solo a partir de horario a.m. En este temas, recomiendo la lectura en este enlace.
La solución de fondo a este problema es cambiar el sistema de subvención, pero esta práctica demuestra que ante cualquier traba, los sostenedores serán capaces de adulterar la realidad con fin de obtener ganancia.
b. Se oculta información financiera de la escuela y se realizan cuentas alegres a apoderados a fin de demostrar estabilidad económica que no es tal. Eso implica que quienes depositan su confianza en una escuela con proyección no pueden percibir que la realidad es diametralmente distinta y que la escuela en la que están matriculando a sus hijos, o no tiene mayores posibilidades de evolucionar material y pedagógicamente en el tiempo, o están destinadas a un fracaso financiero que arrastrará la educación de sus hijos con ellos.
c. Los vicios económicos al momento de matricular. Este punto es importante, ya que este proceso debería ser limpio, solo con la petición de algunos antecedentes y jamás con condicionamientos económicos de por medio. Muchos colegios exigen cuotas de centro de apoderados, pago de fotocopias o materiales que están expresamente prohibidos. ¿Quién fiscaliza? Nuevamente nadie.
La matrícula en enseñanza básica por ley es gratuita para apoderados que optan por colegios particulares subvencionados. ¿Cuántas inspecciones han detectado el cobro de 11 cuotas por el servicio educativo de 10 meses? ¿No es matrícula encubierta?
d.El nepotismo. Convertir la empresa particular en lugar de colocación de puestos familiares y de amigos se ha hecho costumbre. Se inventan cargos, se justifican gastos a través de boletas entregadas a esos contratados, etc. ¿Qué mejor que desperdiciar los recursos de las subvenciones en mejorar las condiciones económicas del entorno, en detrimento de otro tipo de adelantos que si pueden ser ruteados hacia una mejor educación de los estudiantes? Para los sostenedores nada.
2. De infraestructura:
a. Higiene y deficiencias de espacio: Hasta ahora la inspección de infraestructura es deficiente. Curiosamente la creencia de que las escuelas particulares subvencionadas tienen una mejor prestación de servicios en esta materiales a lo menos, cuestionable. Es cuestión de echar un vistazo, especialmente en zonas con sectores económicamente vulnerables, a la distancia gigantesca que existe entre la calidad de los edificios, insumos, infraestructura para el desarrollo de actividad en aula, científica, física o artística entre colegios municipales y particulares subvencionados. En muchos casos estos últimos claramente quedan al debe.
Hay colegios que funcionan SIN BIBLIOTECA. De acuerdo, estamos en el mundo del nativo digital, pero el pensamiento y la práctica analógica sigue siendo importante. ¿Los apoderados pueden darse cuenta de estas falencias? El discurso falaz, el cartel fuera de la escuela, el folleto, claramente deslumbran.
Otro dato lo puede arrojar la cantidad de colegios que no puede adoptar el régimen de Jornada Escolar Completa justamente por deficiencias estructurales imposibles de mejorar en el mediano plazo.
Nuevamente, ¿quién fiscaliza?
3. Pedagógicas y/o curriculares.
a. PEI: Ya se han subido a la página de Mineduc distintos proyectos educativos de colegios particulares subvencionados. ¿Alguien ha revisado su coherencia, profundidad, objetivos, etc.? Hay proyectos educativos que francamente son vergonzosos empezando por su redacción y terminando por el fondo de la propuesta (cuando ésta es perceptible). Este punto es grave, ya que finalmente el grueso del trabajo curricular de un colegio está en la promesa contenida en su proyecto educativo. Si este adolece de deficiencias de forma y fondo, ¿quién fiscaliza? Los PEI están a la mano, ¿Mineduc no tiene personal calificado para revisar y cuestionar propuestas de pésima calidad?
b. No hay real transparencia en los procesos de selección de estudiantes. Este punto es administrativo-pedagógico. No hay información clara de porqué queda o no un estudiante en una escuela. ¿Aleatoriamente o por orden de llegada? No es así, en muchos casos, a pesar de estar legalmente prohibida hasta sexto año básico por la LGE, la selección por mérito sigue siendo norma. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién pregunta a apoderados como fue la incorporación o no de sus hijos a las escuelas? Si no hay apoderados que plasmen sus dudas en las instancias que corresponden no hay información.
c. Apoderados: El alejamiento con apoderados es grave. Aparte de aspirinas como los actos cívicos, reuniones de curso o seudos consejos escolares (muchas veces manejados hábilmente por sostenedores) los apoderados desconocen la realidad del colegio al que asisten sus hijos. El ocultamiento de información en muchos casos es serio e ilegal. ¿Quién fiscaliza la entrega de resultados SIMCE a apoderados? ¿Cuánto material informativo se encuentra escondido en las escuelas sin que llegue a manos de los apoderados y no ha sido detectado por las fiscalizaciones realizadas? ¿Qué responsabilidad cabe a los sostenedores? ¿Acaso la información de resultados en pruebas estandarizadas no es un aspecto curricular a tratar en la escuela?
Todo lo anterior, sin perjuicio de que hay nulo trabajo en escuela de padres u orientación real respecto de dificultades con el trabajo escolar de los estudiantes.
En principio la defendida “libertad de educación” entrega toda esta responsabilidad al apoderado. Pero ¿podemos evadir la responsabilidad social y comunicacional en este punto? Difícil, hoy por hoy, no es rol del apoderado compenetrarse de las virtudes y falencias de las comunidades educativas. Se ha vendido hasta la saciedad el discurso de los mejores resultados de colegios particulares subvencionados por sobre escuelas municipales. Si se aplican líneas de ajuste esa afirmación es inexacta. Educación 2020 ha demostrado el error a través de estudios serios. Bajo el pétreo axioma que se ha introducido cual troyano en la interfaz mental de los apoderados, la búsqueda de estos por involucrarse en la revisión de las baterías curriculares, legalidad de las prácticas o calidad de la infraestructura de los colegios se hace imposible a gran escala.
d. Profesores: Se hacen fiscalizaciones respecto de los profesores con título y los que están legalmente habilitados que tienen los colegios. Punto a favor de las revisiones técnicas. Pero, ¿se hace un catastro del número de profesores o profesionales egresados de programas y/o universidades de calidad? ¿Cuántos provienen de universidades acreditadas por más de 5 años? Si algo positivo nos ha dejado el escándalo de las acreditaciones universitarias es la importancia del número de años de acreditación. ¿Es razonable que un porcentaje predominante de docentes de una escuela provengan de programas y universidades con acreditaciones inferiores a 3 años? ¡Ni siquiera lo que dura la carrera! Claramente la respuesta es no.
En este punto cabe señalar la precarización del trabajo docente, rotativa vertiginosa de los staff, prácticas antisindicales, falta de evaluaciones objetivas de desempeño, escaso apoyo al perfeccionamiento, etc. Dentro de la lógica de mercado, este tampoco funciona.
¿Final?
Si bien, algunas de estas prácticas las podemos achacar a los directivos docentes de las escuelas, es muy difícil que se puedan llevar a cabo sin la venia o acicate de los sostenedores.
Estas anomalías no son las únicas y también los sostenedores no son los únicos responsables, hay otros grupos que forman parte del problema del sistema educacional chileno, pero ellos constituyen un grupo con poder, muchas veces oculto que presenta las peores prácticas que obviamente tienden a frenar el correcto proceso educativo. Aunque no todos los sostenedores de colegios particulares subvencionados caen dentro de este comentario como señalé más arriba (nada es tan absoluto), la solución estructural pasa por sacar la educación del mercado, o sea, terminar con el lucro desde la educación escolar. Todas las instituciones fiscalizadoras y la nueva institucionalidad que debe garantizar la calidad de la educación verán infructuosas sus acciones si continua el flagelo que implica la búsqueda de conseguir ganancias a través del ofrecimiento del servicio educativo.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
