Marzo Político

Este lunes comienza formalmente el año político, que culminará con las elecciones presidenciales y parlamentarias de fin de año. Aunque debiera ser un año de evaluación y propuestas de cambio, de acuerdo a lo que muestran las tendencias sociales de los últimos meses, no se percibe una gran preocupación sobre ello. Más bien, lo único que resulta meridianamente claro es que la agenda de la política contingente va en una dirección bastante divergente de las demandas ciudadanas, y los desajustes institucionales del último tiempo no parecen inquietar mayormente a los actores.

El escenario político aparece abiertamente fraccionado. Y las acciones de los bloques o coaliciones presentan más bien una actividad individualista, de todos contra todos, con poca solidaridad, y sin mucha visión de cambio. Más aún, la mayoría de los líderes a ambos lados del espectro plantean ser cautelosos y no excederse en esta materia.

El esfuerzo del gobierno se centra en sacar lustre a su último año de mandato. Pero no como un activo electoral para su sector, sino más bien como un reproche de que tomen distancia de sus realizaciones. En muchos sectores del oficialismo incluso hay dudas sobre el despliegue publicitario acerca de la responsabilidad y eficiencia en la reconstrucción frente a la incompetencia del antecesor y los desastres de la naturaleza como el 27/F.

[cita]El escenario político aparece abiertamente fraccionado. Y las acciones de los bloques o coaliciones presentan más bien una actividad individualista, de todos contra todos, con poca solidaridad, y sin mucha visión de cambio. Más aún, la mayoría de los líderes a ambos lados del espectro plantean ser cautelosos y no excederse en esta materia.[/cita]

Ese sonsonete crítico se percibe como un ataque directo a Michelle Bachelet, y tiene un doble problema. Primero, no se hace cargo que el mayor efecto del desastre fue la soledad y extravío en que quedó el gobierno del país, lo que es un problema de Estado. Ello es producto más de necias políticas de mercado aplicadas a temas de emergencia y seguridad, que de incompetencia personal. Lo segundo, es que la estrategia involucra judicialización criminal, que pone la eventualidad de una formalización de la ex mandataria, y ello sería un escenario de impredecibles consecuencias dada su proyección electoral.

Lo actuado por el gobierno tal vez sirve para su imagen política nacional, pero rinde muy poco para la campaña presidencial y menos para la parlamentaria. En este último caso debería ir acompañada de muchas obras y mucho gasto presupuestario, y la percepción es que en este tema el gobierno está al límite. No solo porque el gen fiscal es negativo en la derecha, sino por la mala ejecución presupuestaria y pérdidas de dinero en muchos ámbitos, que inevitablemente saldrán al debate en los próximos meses.

Tal como se mueve el escenario, para los actores políticos de todas las tendencias el mayor problema parecen ser las elecciones parlamentarias. El sistema binominal —como era de prever— sigue en plena vigencia y la competencia, como siempre, será dentro de la propia coalición. Ajustar los números y los cupos es casi un imposible.

El mayor problema no está en el oficialismo sino en la oposición: el llamado Parlamento para Bachelet.

En el oficialismo se dice que las primarias entre Andrés Allamand y Laurence Golborne debieran ser sanas. Sin embargo, no solo los ácidos debates actuales pueden trascender en heridas no curadas a la lista parlamentaria, sino el hecho que el mayor interés que se percibe en uno de sus partidos, la UDI, es el poder parlamentario, con lo cual su apoyo a Allamand podría ser muy costoso, si resulta triunfante en las primarias.

Pero el Parlamento para Bachelet es, en el otro lado, el tema que le quita el sueño a la Concertación, principalmente al partido Socialista. La estrechez de vacantes parlamentarias que afecta a todos los partidos, es especialmente sensible en esta coalición y en el PS. El número de partidos aumenta la cantidad de aspirantes y las dificultades de cuadrar una lista unitaria. En segundo lugar, los líderes PS a toda costa desearían evitar una segunda vuelta electoral y seguramente el orden parlamentario lo puede impedir.

Ello ha llevado al PS a plantear una oblicua invitación a ME-O para participar de las Primarias Presidenciales de la Concertación, lo que no habría sido bien recibido por la DC. El PRO respondió de manera positiva pero habló de primarias generales, incluídas para parlamentarios.

Ello tiene muy pocas posibilidades de concretarse y la presencia de ME-O en la papeleta presidencial de la primera vuelta y la inevitable búsqueda de fuerza parlamentaria, pueden dar al traste con el sueño socialista del Parlamento para Bachelet, el doblaje en varios distritos y circunscripciones, y un triunfo en primera vuelta.

Todas estas preocupaciones tienen poco que ver con lo expresado por la ciudadanía en los últimos meses, incluidas las elecciones parlamentarias.

En materia institucional es evidente que los desajustes y la falta de sincronía entre poderes del Estado obligarán, en el corto plazo, a pensar reformas profundas del sistema de designación de los magistrados. En la inauguración del Año Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dejó en evidencia que no existen criterios comunes para interpretar la función de los jueces y que al Poder Jurisdiccional le preocupa sobremanera tanto lo actuado por el Ejecutivo, como las visiones y criterios que prevalecen en el Congreso.

Lo que ocurre con el Poder Jurisdiccional también ha alcanzado al Ministerio Público.

A ello se puede agregar una multiplicidad de otros hechos, como la crisis de la educación superior,  los problemas en torno a los temas ambientales, el malestar en las regiones, la crisis del tema mapuche, la conducción de las relaciones vecinales y… la persistencia del sistema binominal que favorece la especulación por sobre la representación. No son pocos los que sospechan que los acuerdos del Congreso sobre la elección de consejeros regionales esconden una negociación dudosa destinada a aliviar la conformación de plantillas parlamentarias.

Quizás si lo más complejo de la actual agenda, sea la instalación —como tema permanente— de los conflictos de interés que rozan las principales instituciones fiscalizadoras y reguladoras del país, o derechamente los escándalos que obligan a la intervención del ministerio Público y a la defensa del patrimonio o la integridad estatal mediante acciones judiciales. Prácticamente el país ha perdido capacidad de asombro en el tema, lo que muestra un nivel muy relajado de tolerancia.

En ese contexto, la mudez programática de las candidaturas, el estilo cauteloso o de cálculo, las especulaciones, e incluso las maniobras en torno a las candidaturas, dejan la sensación de que podríamos enfrentar un escenario complejo, con una elite ensimismada en sus juegos electorales, una sociedad insatisfecha y un país que marcha a la deriva en sus problemas.

Las recientes elecciones municipales trajeron a palestra el fenómeno de la abstención: el 60 % del padrón. Nada permite pensar que ello no podría continuar o agravarse, pese a la sentencia de que “las elecciones presidenciales son diferentes”. Con el agravante que las modificaciones introducidas al Servicio Electoral y al sistema de inscripciones agregaron lentitud e incertidumbres en los cómputos, y vicios de acarreo en localidades intermedias y pequeñas, que hasta ahora no se habían presentado, y que pueden exacerbarse en el futuro.