En los discursos de los políticos del binominal de los últimos tiempos, todos dicen prácticamente lo mismo porque, de una parte, se mantienen las propuestas en un conveniente nivel de generalidad que permite la ambigüedad y, segundo, porque las posibilidades de control por parte de la ciudadanía son insignificantes.
Durante los años 2006 y 2011, el país presenció la irrupción de movimientos estudiantiles de enorme envergadura, los cuales reclamaban el fin de la “educación de mercado” y la conquista de un sistema de educación pública, gratuita y de calidad. Durante los tiempos del régimen militar, como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, me correspondió participar en la Confech y nuestra demanda principal era, en lo fundamental, la misma que ha sido enarbolada en los últimos años: todo un símbolo de uno de los déficits del proceso democrático.
Un tiempo antes, en enero de 2002, Arturo Fontaine señalaba en un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), que “el nervio de la injusticia de la sociedad que vivimos” está en la desigualdad de oportunidades cuya base se encuentra en la educación.
Los gobiernos de los Presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende asignaron a la educación elevados recursos financieros del patrimonio público, contribuyeron en forma contundente a la expansión del sistema educativo y desarrollaron políticas de igualdad de oportunidades. Luego, el régimen militar impuso un nuevo modelo educativo, que asigna a la educación privada la responsabilidad principal de la expansión y el mejoramiento del sistema, determinando que el Estado se circunscriba a un mero rol subsidiario, limitado a las funciones en que la acción privada no es posible o suficiente.
[cita]En los discursos de los políticos del binominal de los últimos tiempos, todos dicen prácticamente lo mismo porque, de una parte, se mantienen las propuestas en un conveniente nivel de generalidad que permite la ambigüedad y, segundo, porque las posibilidades de control por parte de la ciudadanía son insignificantes.[/cita]
El derecho a la educación está consagrado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que en su número 1 establece que “toda persona tiene derecho a la educación”, agregando que “la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”, agregando que “la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada” y que “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.
Asimismo, el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este último indica que los Estados Partes “reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio” de este derecho, “la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente”; “la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”; “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.
De acuerdo a la Observación General 13 sobre la Aplicación del PIDESC (1999), para el ejercicio de este derecho es preciso que el Estado garantice la accesibilidad. En efecto, el Estado tiene que garantizar el acceso universal a la escuela, señalando que desde el punto de vista económico ello significa que se asegure su gratuidad.
En julio del año pasado, el oficialismo logró en la Cámara de Diputados que se rechazara un informe de una Comisión Investigadora respecto al lucro en la educación superior. Sin embargo, el país pronto conoció la magnitud de este fenómeno, uno de cuyos casos más visible fue la Universidad del Mar. Al respecto, recientemente hemos manifestado en dos ocasiones al ministro de Educación, Harald Beyer, que al margen de las irregularidades que investigan los tribunales, el Estado certificó a la Universidad del Mar en el sistema de acreditación y, en consecuencia, tiene una responsabilidad ineludible con sus estudiantes y sus familias en el sentido de garantizar el término de sus procesos académicos.
Lo más importante es que el Estado tiene una responsabilidad ineludible de emprender cambios estructurales y de fondo en el sistema nacional de educación, como componente esencial de una política nacional de aseguramiento de los derechos sociales, que implica necesariamente la reconstrucción y fortalecimiento del sistema público. Ello hará posible que Chile supere sus altos niveles de inequidad y segregación social.
Es necesario que el país avance al establecimiento de educación pública, en todos los niveles, gratuita y de calidad, que no discrimine según el origen social de los estudiantes, lo que pasa por el fin efectivo al lucro en los establecimientos de educación que reciben recursos económicos del Estado y el fin al financiamiento compartido. De igual forma, en la educación preescolar es fundamental alcanzar cobertura universal.
Los estudiantes de Maipú han tenido una muy destacada participación en las luchas por la educación pública que se han desarrollado durante los últimos años. En este contexto, nos hemos planteado hacer todo lo posible, desde la Alcaldía y el Gobierno Local de Maipú, en diálogo y cooperación con las comunidades escolares a través del Consejo Comunal de Educación, para contribuir al desafío de recuperar la educación chilena para la ciudadanía y restablecer su carácter de derecho social, garantizado por el Estado y ejercido en forma soberana por las comunidades.
El filósofo griego Platón sostenía que “el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en buen ciudadano”. El Libertador Simón Bolívar manifestó en una ocasión que “el objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes”. El Presidente Pedro Aguirre Cerda señaló que “gobernar es educar”. Nosotros afirmamos, entonces, que uno de los modos más nobles en los que se puede ejercer el Gobierno, es garantizando la educación de calidad como un derecho fundamental para todas y todos, y una educación para la ciudadanía y el buen vivir.
