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Fuera la careta

por 15 noviembre, 2013

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Esta elección es diferente a todas las de la historia reciente de Chile, a las que le ha tocado vivir a la mayoría de la población actual, para ser más preciso a las desarrolladas en los últimos 24 años.

Ello es consecuencia directa de los movimientos sociales que han marcado a nuestro país en los últimos años. Son ellos los que han puesto en el centro la necesidad de cambios profundos en nuestra sociedad. La sociedad ha comenzado a recuperar su rol político, es decir definir el sentido del poder.

Esto desespera a la derecha. No le gusta, nunca la ha gustado que la sociedad, que los seres humanos comunes y corrientes, participen en política, intervengan en las decisiones de poder. Sobre esto, se sabe, uno de sus mentores  ideológicos, Jaime Guzmán, era muy claro.

Hoy, ante la evidencia del riesgo que su modelo económico, político y social –impuesto a sangre y fuego por la dictadura y administrado por los distintos gobiernos elegidos en los últimos años a través de la mal llamada “democracia de los acuerdos”, que lo único que intentaba era impedir el desarrollo democrático y que significaba en los hechos el veto de la derecha a cualquier transformación democrática real– comience a ser transformado, la derecha se saca la careta “democrática” y se comienza a mostrar como realmente es.

Mientras se intenta demonizar la manifestación social por la acción equivocada de pequeños grupos, otros  grandes “encapuchados” –los de Cascadas, Cencosud, Chispas, grandes farmacias, La Polar… pa’ qué seguir–, que han hecho mucho más daño a las personas, incluidos los pequeños empresarios, no reciben sanción y sólo se les saca la capucha cuando deben renunciar a sus candidaturas presidenciales o cuando se sabe que, según Forbes, han incrementado su riqueza estando en La Moneda.

Y, entonces, comienza la intervención flagrante del gobierno en la elección con el Presidente como generalísimo de la candidata de la derecha y el Ministro del Interior como jefe de campaña, como acostumbraba a hacerlo la oligarquía en los comienzos de nuestra vida republicana. Se inauguran monumentos no terminados con afanes propagandísticos y de intervención en los que se gastan miles de millones, pero se es incapaz de resolver conflictos sociales que afectan a millones de chilenos, como son los paros del Registro Civil  o el de los funcionarios municipales. Todo esto, por no dedicarse a gobernar, sino por tratar de cuidar el poder a cualquier costo.

Se busca jugar con la fe de millones de chilenos sobre supuestas amenazas a la libertad religiosa, cuando el estado laico va a cumplir un siglo en Chile y han sido las fuerzas democráticas las que han abierto esa libertad a lo largo de nuestra historia, mientras la misma derecha integrista que representa la candidata Matthei limitaba los derechos de los no católicos.

Considerando que el anticomunismo, que se usó como distracción durante casi un siglo, surte menos efectos hoy, se inventan los “encapuchados” (que, como se sabe, algunos de ellos son carabineros o policías encubiertos) para las campañas del terror. Seamos claros, no me gustan los “encapuchados”, cuando se lucha socialmente se da la cara y se corren los riesgos, así lo hicimos muchos chilenos antes, durante y después de la dictadura. Pero, más allá de esto, el “argumento” de los encapuchados es una “chiva” para incrementar la represión al movimiento social, como ayer lo hicieron con las masacres obreras y otras formas análogas de coerción.

Así, mientras se intenta demonizar la manifestación social por la acción equivocada de pequeños grupos, otros  grandes “encapuchados” –los de Cascadas, Cencosud, Chispas, grandes farmacias, La Polar… pa’ qué seguir–, que han hecho mucho más daño a las personas, incluidos los pequeños empresarios, no reciben sanción y sólo se les saca la capucha cuando deben renunciar a sus candidaturas presidenciales o cuando se sabe que, según Forbes, han incrementado su riqueza estando en La Moneda.

Por otro lado, quieren amenazar y controlar a los jueces y forzarlos para que fallen acordes al gobierno. La nostalgia de la dictadura les pasa una vez más la cuenta, y lo que quieren son jueces que no hagan justicia sino que, como ocurrió en esos años negros, los jueces dictaminen de acuerdo a las órdenes o indicaciones del dictador, su ministro del Interior o el jefe de sus aparatos represivos y se hicieran cómplices de las violaciones a los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad.

Por cierto, el Observatorio Judicial no resolverá el problema de la delincuencia que, como se sabe, ha aumentado en tiempos de Piñera, ni la ley de “encapuchados” resolverá el problema de los actos violentos de pequeños grupos en las masivas movilizaciones sociales. Es echarle la culpa al chancho o al empedrado, entre otras cosas porque las resoluciones judiciales son públicas y, sobre todo, porque el problema es otro, es social, es la profunda desigualdad e injusticia, es, en definitiva, la violencia del sistema impuesto que lo genera. No es más policías o más represión, es una sociedad más justa lo que puede avanzar en resolverlo.

(No deja de ser extraño que se critique a la justicia por una supuesta no protección de las víctimas y, al mismo tiempo –por cierto, dicho de forma elegante, “les preocupa la judicialización de los proyectos”–, se critique a las víctimas por acudir a la justicia cuando sus derechos y, en definitiva, los derechos de todos son vulnerados con las termoeléctricas, las empresas contaminantes, las isapres, etc. Pareciera que no son sólo el chancho y el empedrado los referentes derechistas, parece también gustarles la del burro. Por cierto, de forma elegante, “les preocupa la judicialización de los proyectos”. )

Y todo esto, ¿por qué?

Porque se abre un tiempo de cambios posibles, urgentes y necesarios, que son compartidos, en uno u otro sentido,  prácticamente por  todos los candidatos presidenciales, salvo la candidata derechista.

Porque se les puede acabar su Constitución ilegítima y tramposa, que les permite dirigir el país siendo una minoría y les permite convertir todos los derechos sociales en negocios para enriquecer a unos pocos. Los chilenos, Sra. Matthei, ya no se compran pomadas y saben que la Constitución determina su vida hasta en lo más elemental y por eso la inmensa mayoría quiere una nueva Ley Fundamental.

Porque se les va a comenzar a acabar el negocio con los derechos sociales básicos de las personas. El negocio de la educación que tiene endeudada a la mitad de los chilenos por años, el de la salud que no les garantiza una atención adecuada, el de la previsión que termina entregando pensiones miserables.

Porque se va a hacer una reforma tributaria que permita generar más recursos públicos para avanzar en la solución de esos problemas y en mejorar la distribución del ingreso y la riqueza que es de las peores del mundo.

Porque se cambiará la legislación laboral y los sindicatos tendrán mejores condiciones para defender los derechos de los trabajadores. Efectivamente, como dice la candidata derechista intentando manipular, “todos tenemos que trabajar para vivir”, aunque algunos más que otros, pero el problema no es ese. El problema son las condiciones de ese trabajo, los derechos de los trabajadores, la calidad de su organización, el nivel de los salarios, todo lo cual está seriamente limitado por la legislación laboral vigente, hija del Piñera hermano, que es una de las bases fundamentales de la escandalosa desigualdad social de nuestro país, y que es la base de la riqueza agresiva de un pequeño grupo que se apropia del valor producido para el que debemos trabajar cada día, a veces en más de un trabajo, para mal vivir.

No es la delincuencia ni la seguridad ciudadana –que es un problema generado por el propio sistema y que se utiliza para esconder otros problemas reales que afectan a los chilenos– lo que le preocupa a la derecha; no es que a los chilenos no les interese la Constitución, es que quieren mantener la misma; no son los “encapuchados, sino la manifestación social, no es… no es…

No es que se detendrá el “desarrollo” en un país a punto de entrar a ese club, sino que se comenzará a poner fin al crecimiento en beneficio de un pequeñísimo grupo a costa de la desigualdad. El desarrollo es mucho más que crecimiento, es la garantía estatal de los derechos sociales, es una justa distribución de la riqueza y el ingreso, es la salvaguarda del medio ambiente, es la participación social y política de la ciudadanía, es el respeto y el reconocimiento de derechos de pueblos. Y, por cierto, eso la derecha no lo quiere.

Hacia ese desarrollo queremos ir. Por eso queremos cambiar este país injusto. Lo hemos dicho en las calles y caminos, en la capital y en las regiones. Y para ello, a la fuerza del movimiento social sumaremos la fuerza del voto, que fue una conquista democrática que significó muchas  luchas conquistarlo, para comenzar a construir un Chile de todos y no sólo de unos pocos.

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