Pues bien, este ingenioso modelo de negocio se originó en el gobierno de Bachelet y fue apoyado, ¡era que no!, íntegramente por la administración actual con el falaz argumento de que se están acabando los terrenos para construir viviendas, lo que colisiona con la realidad existente, de acuerdo a catastros confeccionados por especialistas independientes, no comparsas de los especuladores del suelo.
El día domingo 17/11/2013, fecha en que se realizó la elección presidencial, de parlamentarios y de consejeros regionales (cores) se conoció por alegres publicaciones de prensa que la Contraloría General de la República (CGR) había tomado razón del cambio territorial conocido como PRMS100 el que, conforme a una antigua y desactualizada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) resuelta favorablemente por la ex Corema y con una trucha votación en el Consejo Regional (CORE) Metropolitano, cuyos 26 miembros fueron designados por los partidos políticos del duopolio, modificó el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas en ciertas comunas periféricas para transformarlas en urbanas, es decir, aptas para los negocios de la influyente industria inmobiliaria.
Después supimos que efectivamente existe una “toma de razón con alcances” (sic) con el número 74392 firmada el viernes 15 de noviembre de 2013, dos días antes de la referida elección, por el contralor Ramiro Mendoza, documento oficial que le da curso a la Resolución Nº 153, de 2013, firmada por José Antonio Peribonio en su condición de disciplinado intendente y presidente del aludido CORE. Allí se describen las inéditas Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) en 60 hectáreas y las Zonas Urbanizables de Reconversión Condicionada (ZURC), ambas figuras discrecionales inventadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), las que naturalmente no existen en el texto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), dictada ésta bajo el imperio de la omnímoda dictadura militar.
El contralor en su “toma de razón con alcances” sagazmente alude a las Resoluciones Nº 89, de 2011, y Nº 70, de 2013, ambas del gobierno regional metropolitano, firmadas por aquellos funcionarios públicos que ejercían el cargo de intendentes en esas ocasiones. Recordemos que la Resolución Nº 89, de 2011, recogió la polémica y favorable votación del CORE designado, por lo cual Fernando Echeverría, mandamás de entonces, fue felicitado públicamente por Sebastián Piñera en atención a su ardua labor desplegada para convencer a los cores que se resistían a votar de acuerdo a la precisa instrucción de Palacio. Luego, como observamos, la Resolución Nº 153, de 2013, no está respaldada por votación alguna del CORE designado y no sabemos qué dirán ahora los nuevos cores elegidos por la voluntad de un porcentaje menor a los habilitados para sufragar. Hasta el momento y posiblemente porque la mayoría de los elegidos desconocen la materia, existe una mudez absoluta y quisiéramos que más adelante expresaran sus juicios de cara a la opinión pública.
[cita]Pues bien, este ingenioso modelo de negocio se originó en el gobierno de Bachelet y fue apoyado, ¡era qué no!, íntegramente por la administración actual con el falaz argumento de que se están acabando los terrenos para construir viviendas, lo que colisiona con la realidad existente, de acuerdo a catastros confeccionados por especialistas independientes, no comparsas de los especuladores del suelo. [/cita]
De acuerdo a cálculos conservadores, los afortunados actores privados que años atrás adquirieron terrenos agrícolas a precio de huevo, con el cambio normativo decidido por los que mandan políticamente, obtendrían en conjunto unas plusvalías patrimoniales ascendentes a los 3 mil millones de dólares libres de impuestos, es decir, estamos hablando de interesantes cifras, con exenciones tributarias, semejantes a las que obtienen en los paraísos fiscales los inversionistas internacionales de alto vuelo que tienen la categoría de clientes frecuentes de esas placenteras islas caribeñas.
Pues bien, este ingenioso modelo de negocio se originó en el gobierno de Bachelet y fue apoyado, ¡era qué no!, íntegramente por la administración actual con el falaz argumento de que se están acabando los terrenos para construir viviendas, lo que colisiona con la realidad existente, de acuerdo a catastros confeccionados por especialistas independientes, no comparsas de los especuladores del suelo.
Demostrativo del doble estándar que aplican nuestras autoridades, destacamos que este PRMS100 echa por la borda el contenido de la conocida “Política Nacional de Desarrollo Urbano”, PNDU, instrumento indicativo recientemente firmado por el presidente Piñera en el cual se enumeran las futuras buenas prácticas en el ámbito del desarrollo sustentable y participativo que queremos para nuestras ciudades. Veintiocho (28) profesionales que se desenvuelven en el establishment durante más de un año estuvieron trabajando ad honorem en esta PNDU y sus nombres serán recordados por las futuras generaciones como los que se la jugaron por hacer bien las cosas, pero hasta ahora ninguno de ellos ha alzado la voz para criticar esta antojadiza expansión urbana confeccionada a la ligera por funcionarios que más parecen estudiantes en práctica. Quienes sí han salido en defensa de sus territorios jurisdiccionales son los alcaldes de las comunas en donde se contemplan los cambios.
Sostenemos que la CGR le dio en el gusto al gobierno al tomar razón de esta inicua política pública, pero como no existe una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), conforme al mandato de la ley respectiva, como se desconocen los nombres de las personas jurídicas y naturales interesadas en la modificación, información que siempre se mantuvo en secreto, vulnerándose así el artículo 8º de la Constitución Política de la República, y como se pasó por alto la recomendación del Ministerio de Agricultura sobre la inconveniencia de sustraer importantes territorios de suelos clases I y II, los mejores del país en aptitud agrícola y otras consideraciones que las omitimos para no cansar a los lectores, se dejó abierto el camino para que todos aquellos que saben de estas cosas y creen en el Estado de Derecho recurran a los tribunales de justicia, solicitando se deje sin efecto la toma de razón con alcances de la CGR : por esta razón se concibe el título de la columna.
Sabemos que el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Chile está en contra de este burlesco PRMS100, como también sabemos que todas las organizaciones de la sociedad civil informada proceden en igual forma y suponemos que aquellos que abogan por el regionalismo no pueden aceptar esta nueva práctica centralista. A todos los anteriores y en especial a aquellos que están por una planificación urbana de verdad, tal como está indicado en la PNDU, con espacios participativos para legitimar las decisiones, les informamos que se pueden hacer parte del recurso rol Nº 14811-2011, radicado en el 8º Juzgado Civil de Santiago, para que esta instancia declare la nulidad del acto administrativo que hemos objetado.
