Lo que nos acaban de mostrar los tres días de descontrol en la Argentina, pero hace rato que viene sucediendo algo similar en Brasil y en México, es la creciente importancia de actores y procesos que se desenvuelven en la interfase entre lo legal y lo ilegal, en los territorios fronterizos entre lo formal y lo informal, entre la luz y la opacidad, entre el dinero rápido de las redes delictivas y la mera supervivencia del honesto esfuerzo cotidiano.
El pasado 10 de Diciembre de 2013 se cumplieron 30 años del retorno a la democracia en Argentina y se “celebraron” de una forma muy particular: por un lado, un festejo multitudinario organizado en Plaza de Mayo en Buenos Aires, corazón de la vida republicana y del activismo popular del país; por otro, todavía se sufrían en varias provincias los efectos de una diseminación de huelgas policiales que con el acuartelamiento de policías provinciales dejó zonas liberadas para brutales saqueos a supermercados. Durante tres días buena parte del país fue rehén de fuerzas de seguridad mal pagadas y mal equipadas, pero que nunca habían dejado de ser funcionales a los gobiernos provinciales. Por primera vez y al menos durante tres días, éstas se han autonomizado de esos poderes locales e, incluso, los han hecho tambalear.
En este sentido, se equivoca Alain Rouquié cuando, en su último libro “A la sombra de las dictaduras” (Buenos Aires, FCE, 2011), considera que las democracias latinoamericanas son aún herederas –cuando no prisioneras– del poder militar. Actualmente deberíamos decir, más bien, que las democracias latinoamericanas comienzan a ser cada vez más prisioneras de las fuerzas policiales.
No es que el poder militar haya desaparecido completamente –y, evidentemente el peso del mismo será diferente en cada país en particular–, sino que las Fuerzas Armadas parecen haberse reformado e integrado a la vida democrática y al control por parte del poder político en forma mucho más rápida y eficaz de lo previsto en los primeros años de la transición democrática. Mucho más resistentes a los cambios terminaron siendo las fuerzas policiales y, dentro de éstas, sobre todo las locales o provinciales, y menos las federales (algo similar a la situación argentina puede verse en Brasil y en México).
[cita]Lo que nos acaban de mostrar los tres días de descontrol en la Argentina, pero hace rato que viene sucediendo algo similar en Brasil y en México, es la creciente importancia de actores y procesos que se desenvuelven en la interfase entre lo legal y lo ilegal, en los territorios fronterizos entre lo formal y lo informal, entre la luz y la opacidad, entre el dinero rápido de las redes delictivas y la mera supervivencia del honesto esfuerzo cotidiano.[/cita]
En las dos últimas décadas en nuestro subcontinente, buena parte de las reformas presupuestarias y de organigrama, el descabezamiento de miembros activos durante las dictaduras, la revisión curricular con contenidos republicanos, la reforma o supresión de códigos de convivencia y contravención heredados de los regímenes militares, se dio fundamentalmente a nivel federal y tuvo como destinatarios primordiales a las fuerzas armadas y a las policías federales o nacionales. Las fuerzas de seguridad locales (y, en muchos casos, las guardias carcelarias también) han quedado en el limbo o en una zona gris, descuidadas –intencionalmente o no– de este esfuerzo por alinear a las fuerzas de seguridad a la vida republicana. Y esto nos lleva a un siguiente punto novedoso: el “Estado gendarme o penal” (para retomar la lúcida expresión de Loïc Wacquant para caracterizar el pasaje de un Estado social que pretendía atender y superar la miseria a otro que la criminaliza) comienza a mostrar sus grietas por sus bordes.
Lo que nos acaban de mostrar los tres días de descontrol en la Argentina, pero hace rato que viene sucediendo algo similar en Brasil y en México, es la creciente importancia de actores y procesos que se desenvuelven en la interfase entre lo legal y lo ilegal, en los territorios fronterizos entre lo formal y lo informal, entre la luz y la opacidad, entre el dinero rápido de las redes delictivas y la mera supervivencia del honesto esfuerzo cotidiano. A su vez, en esta oportunidad –y en consonancia con lo que ocurre en los países mencionados– el miedo y el descontrol no se apoderaron de los centros de las capitales y del poder político, sino de lo que podríamos denominar como “semiperiferia”: los espacios de contacto entre lo urbano y lo suburbano, entre consumismo y satisfacción de necesidades, entre la segregación y la vida plebeya que se resiste a disciplinarse. Justamente los territorios donde las fuerzas de seguridad locales despliegan sus redes, sus esfuerzos y contradicciones y reclutan a la mayor parte de sus efectivos, pero donde también generan los recursos para solventar lo que el “centro” no les termina de otorgar.
Asistimos entonces a la emergencia de un nuevo actor sedicioso y con capacidad extorsiva: las fuerzas policiales locales. Recordemos el paro policial que puso en jaque al gobierno de Correa en Ecuador a fines de septiembre de 2010 y las huelgas policiales en el estado de Bahía/Brasil que duraron 12 días y dejaron un lamentable saldo de 130 muertos. Ahora más que nunca hay que defender y celebrar la democracia reconquistada, pero no sólo en los centros y en las plazas visibles del ágora republicana, sino también, y sobre todo, extenderla y fortalecerla en sus bordes.
