El proyecto de ley presentado por el gobierno anterior, y que el actual ha decidido continuar tramitando, confunde el seguro con el sistema de seguridad y salud en el trabajo y sigue suponiendo que las mutuales son las garantes de las acciones de prevención.
Conmemoramos otro año más del accidente de la mina San José, en el cual Chile y el mundo se conmovieron con 33 mineros atrapados vivos a 720 metros de profundidad. Ya se archivó más de una decena de investigaciones y sumarios al respecto; muchos de los rescatados viajaron por el mundo y otros se sumieron en la cesantía y la depresión; se rodaron varias películas, pero hasta hoy, 4 años después del rescate, el país no ha hecho ningún cambio al marco regulatorio que garantice que no volverá a ocurrir un evento como este. Cabe recordar que, previamente al accidente, la empresa había sido inspeccionada por las 4 entidades con competencias: la Inspección del Trabajo y la Autoridad Sanitaria (AS) de Copiapó, SERNAGEOMIN de Atacama y la Asociación Chilena de Seguridad, (ACHS) Atacama como organismo administrador de la Ley 16.744.
Todos constataron infracciones y que la mina no estaba estable, pero, aunque las dos primeras tienen facultades para clausurar la faena, ninguna tomó medidas que evitaran que se produjera el derrumbe. El informe de la Cámara de Diputados concluyó que los principales responsables son los empleadores que privilegiaron la producción sobre la vida de los trabajadores; que la mutualidad privilegió la relación comercial con la empresa, pese a haber constatado las irregularidades; y que la falta de coordinación entre las autoridades laboral, sanitaria y minera permitió la reanudación de faenas pocos días antes del derrumbe.
[cita]El proyecto de ley presentado por el gobierno anterior, y que el actual ha decidido continuar tramitando, confunde el seguro con el sistema de seguridad y salud en el trabajo y sigue suponiendo que las mutuales son las garantes de las acciones de prevención.[/cita]
Entre las conclusiones más duras del análisis está la que señala que el país no dispone de una ley de prevención que establezca exigencias y mecanismos que garanticen la seguridad y la salud de sus trabajadores y sancione a quienes la incumplen. Se reparó también en que, entre las omisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo, Chile no había ratificado los Convenios de la OIT: 155, 187 y 176 sobre Seguridad en las Minas. En el contexto del gobierno del ex Presidente Piñera, lo que primó después del accidente fue el uso comunicacional del rescate, quedando sin respuesta los graves problemas que pesan sobre la condición de salud y trabajo de los trabajadores y trabajadoras.
Aparte de algunas medidas como el incremento de fiscalizadores y una Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Superintendencia de Seguridad Social, Chile no cuenta con una política nacional ni un sistema en conformidad a los principios de la seguridad social, que se exprese en un programa de mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El proyecto de ley presentado por el gobierno anterior, y que el actual ha decidido continuar tramitando, confunde el seguro con el sistema de seguridad y salud en el trabajo y sigue suponiendo que las mutuales son las garantes de las acciones de prevención. Además, no resuelve los problemas ni en materia de gestión de la prevención en las faenas ni de la institucionalidad para regular y fiscalizar su cumplimiento. Tampoco lo hace en lo relativo a un seguro social que proteja a quienes trabajan, ya que mantiene un marco regulatorio poco sistemático y con incoherencias, así como una institucionalidad que no reconoce la participación de los trabajadores(as) en la regulación, la gestión y la fiscalización.
Lo que es todavía más grave, es que esta iniciativa mantiene la pluralidad de entidades fiscalizadoras que permitió que este y muchos otros accidentes ocurran por falta de coordinación y fiscalización oportuna. Más aún, el país todavía no ha adoptado las medidas rectificadoras necesarias según el Convenio 187. Consideramos que la legislación actual debe cambiarse y que esos cambios son urgentes. En este sentido, el Ministerio del Trabajo ha convocado a todos los actores relevantes para que, mediante un proceso participativo, se proponga una nueva política de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros respaldamos plenamente este proceso. Sin embargo, su desarrollo nos parece contradictorio con el respaldo en el Parlamento, por parte de la actual administración, al proyecto de ley presentado por el ex Presidente Piñera, pues no soluciona los problemas ni en materia de institucionalidad ni de gestión de la seguridad y salud en las faenas, como tampoco en lo relativo al seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Las deficiencias que el accidente dejó en evidencia no se subsanan con las indicaciones que se han hecho al proyecto original presentado por el gobierno anterior. Este no es la respuesta que el país necesita. Lo que requerimos es avanzar rápida y decididamente en la política de seguridad y salud en el trabajo y en la presentación de un marco regulatorio coherente con ella, de modo de lograr las transformaciones que aseguren que los trabajadores y trabajadoras estén protegidos y que otro accidente como el de la mina San José no se vuelva a repetir.
