Hoy también es evidente, y el mismo gobierno así lo entiende, que no existirá nueva constitución sin participación ciudadana; sin embargo, no hay en todo el Estado una experiencia eficaz para un proceso participativo de carácter deliberativo y vinculante como el que se requiere para restablecer la soberanía popular.
Es evidente que la realización de una asamblea constituyente ha ido perdiendo terreno dentro del gobierno en un escenario con múltiples frentes abiertos como el de hoy. Por su parte, los sectores conservadores han logrado instalar en la agenda el alegato del frenazo económico como una variable para morigerar, retrasar y obstaculizar las reformas comprometidas.
Todo lo anterior es parte del diagnóstico, pero nada de ello debiese hacernos olvidar que nuestra institucionalidad democrática no resiste más parches, cambios parciales y ajustes menores si queremos alcanzar el desarrollo, simplemente esta institucionalidad no para más. Elecciones que a duras penas logran convocar al 40% de los chilenos lo comprueban.
Nuestro país tiene pendiente abordar importantes reformas en la educación, la descentralización, el trabajo, la salud, las pensiones, el ordenamiento urbano, en energía, en recursos hídricos, cuidado medioambiental y nuestro modelo de desarrollo económico, solo por nombrar algunos frentes. Y no hay uno solo de esos ámbitos en los que no sean evidentes los obstáculos constitucionales. Nuestra institucionalidad requiere una nueva arquitectura, y Chile es un país maduro para realizar ese debate sin temores ni fantasmas.
[cita]Hoy también es evidente, y el mismo gobierno así lo entiende, que no existirá nueva Constitución sin participación ciudadana; sin embargo, no hay en todo el Estado una experiencia eficaz para un proceso participativo de carácter deliberativo y vinculante como el que se requiere para restablecer la soberanía popular.[/cita]
Somos conscientes de que subsisten entre nosotros poderosas fuerzas retardatorias. Es cierto que la Presidenta nunca prometió una asamblea constituyente. Y es cierto también que el programa de gobierno enfrenta un escenario difícil. Pero también es cierto que la bancada parlamentaria transversal por una asamblea constituyente tiene 34 diputados y 10 senadores. Es cierto que el 10 % de los votos marcados y la movilización de miles de chilenos a lo largo de Chile no es el 50% más uno. Pero también es cierto que no es poco, de hecho es suficiente para impulsar un proceso constituyente.
Entendemos el rol de un gobierno que mide sus pasos en función de lo realizable, así como nosotros medimos los propios en función de lo que consideramos indispensable. Hoy existe un amplio arco político, que incluye a sectores de la derecha, que entienden que la institucionalidad del país debe ser construida participativamente.
Hoy también es evidente, y el mismo gobierno así lo entiende, que no existirá nueva Constitución sin participación ciudadana; sin embargo, no hay en todo el Estado una experiencia eficaz para un proceso participativo de carácter deliberativo y vinculante como el que se requiere para restablecer la soberanía popular. Es cierto que un proceso desde las comunas para la elaboración de un texto constitucional puede representar una oportunidad para avanzar en un proceso constituyente, pero también será una frustración más si no es el resultado de un pacto país de carácter institucional que asegure que la deliberación popular primará en el resultado final del texto constitucional
Enfrentados a este dilema nuestra “Iniciativa Ciudadana por una asamblea constituyente MarcaAC”, en conjunto con muchos otros actores, hemos insistido en la posibilidad de una consulta ciudadana que escrute a nuestros compatriotas sobre su disponibilidad a elaborar una nueva Constitución y si esta debe ser realizada a través de una asamblea constituyente u otros mecanismos. Hay una numerosa bancada de diputados y senadores que están diseñando un proyecto para que la ciudadanía sea consultada y sea ella la que decida el mecanismo propicio.
Es razonable pensar que una democracia representativa mal evaluada debe incorporar espacios de participación y deliberación ciudadanas vinculantes para mejorar su calidad. No estamos solicitando que se imponga la asamblea constituyente. Pedimos que se respete a la ciudadanía y sea ella la que defina el camino a seguir en un plebiscito.
Para avanzar hacia una real nueva institucionalidad diseñada en forma participativa, hoy la ciudadanía está disponible y dispuesta. Sólo falta la decisión de La Moneda, del Congreso y de los partidos políticos.
Esta es una institucionalidad agotada. Frente a ello los ciudadanos esperamos definiciones claras de parte de los liderazgos políticos y sociales a los cuales hemos confiado la conducción del país.
