De la creencia de que la inversión pública debe maximizar la utilidad total, debemos avanzar hacia la creencia de que la inversión pública permite extender a más personas bienes y servicios que queremos garantizar.
* Los proyectos de inversión pública ofrecen beneficios y costos en diferentes dimensiones y destinatarios. La lógica costo beneficio promete valorizar económicamente cada uno de estos impactos y sumar unos y otros para compararlos. Diferentes técnicas se usan para valorizar un paisaje, una enfermedad, el tiempo perdido o ganado, etc. Hasta allí lo metodológico. La cara ideológica de este enfoque es que debemos invertir en proyectos donde los beneficios valorizados sean mayores que los costos, y rechazar en caso contrario.
Hay al menos tres grandes objeciones a la lógica costo beneficio. La primera es metodológica: detrás de una falsa sensación de precisión, se esconde la borrosidad de cálculos basados en supuestos sobre supuestos. ¿Por qué renegar de esta inevitable borrosidad?
La segunda objeción tiene que ver con la compensación: ¿podemos poner todas las cosas en una misma dimensión de intercambio? ¿La vida, la dignidad, simplemente se cuantifican y se comparan con la mayor producción de un bien o con el tiempo ahorrado en una carretera?
La tercera objeción apunta a las conclusiones que se derivan de estas evaluaciones. Personas cuya producción “vale menos”, o localidades pequeñas y/o aisladas, podrían recibir menos inversión pública pues los beneficios serían menores y, a menudo, los costos mayores. Y por otra parte, un proyecto que tenga un beneficio alto respecto de su costo, sería aceptado incluso si los costos los soportan los más pobres y los beneficios los reciben los más ricos.
En Chile la evaluación de proyectos de inversión pública ha estado ligada desde los años 80 a la lógica costo – beneficio. Desde los 90, se ha migrado hacia un sistema híbrido: mientras algunos ámbitos como el transporte y el deporte quedan determinados por el valor presente neto, en otros ámbitos como la educación o la salud se asume que deben elegirse las opciones más económicas, pero asegurando siempre una adecuada cobertura. En este modelo híbrido, sin embargo, la lógica costo – beneficio sigue siendo el esquema base, sobre el que se implementan correcciones y excepciones.
Creo que debemos avanzar un paso más. De este modelo híbrido debemos pasar a un enfoque de derechos. De la creencia de que la inversión pública debe maximizar la utilidad total, debemos avanzar hacia la creencia de que la inversión pública permite extender a más personas bienes y servicios que queremos garantizar. Estos objetivos, y no la utilidad total, deben ser utilizados para evaluar la pertinencia de las inversiones.
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* Publicado en El Quinto Poder
