Las personas migran por diferentes razones: para mejorar su calidad de vida, por entregarles un mejor futuro a sus hijos, para escapar de un conflicto, del crimen organizado, de violaciones a los derechos humanos o de la situación de pobreza estructural que prima en sus países de origen. Muchas mujeres, invisibilizadas, lo hacen para escapar de la violencia que las afecta en forma particular. Llegan al país con o sin dinero, con mayor o menor nivel educativo, pero con esperanzas.
La situación en las fronteras del norte del país es grave. Todas las semanas, la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales atiende a hombres y mujeres de distintas nacionalidades que ingresaron al país en forma irregular por paso no habilitado. La mayoría de ellos coincide en su relato: los funcionarios que controlan las fronteras les impidieron el ingreso regular. En algunos casos, el rechazo se produce sin mediar una razón que lo justifique; en otros, les señalan que no cumplen con los requisitos para ingresar al país como turistas y, a veces, simplemente los retiran de las filas con comentarios abiertamente discriminatorios.
Muchas de estas personas deciden ingresar de todas maneras a Chile por las vías del tren que une a las ciudades de Arica y Tacna, o por el altiplano que separa a Chile de Bolivia. Ambos cruces son extremadamente peligrosos. En el caso del altiplano, por sus condiciones climáticas y geográficas (temperaturas por debajo de los cero grados y cerca de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar), y en el caso de la frontera entre Arica y Tacna, por ser una zona en donde aún se encuentran minas antipersonales que no han podido ser retiradas.
Paralelamente, los rechazos en la frontera solamente alimentan el negocio de los traficantes de personas, que interceptan a quienes no son admitidos al territorio y les ofrecen –a cambio del dinero que llevan consigo– facilitarles el ingreso al país por pasos no habilitados.
Al igual que en todas partes del mundo, las personas migran por diferentes razones: para mejorar su calidad de vida, por entregarles un mejor futuro a sus hijos, para escapar de un conflicto, del crimen organizado, de violaciones a los derechos humanos o de la situación de pobreza estructural que prima en sus países de origen. Muchas mujeres, invisibilizadas, lo hacen para escapar de la violencia que las afecta en forma particular. Llegan al país con o sin dinero, con mayor o menor nivel educativo, pero con esperanzas.
Después de todo, migrar es un derecho humano.
[cita]Las personas migran por diferentes razones: para mejorar su calidad de vida, por entregarles un mejor futuro a sus hijos, para escapar de un conflicto, del crimen organizado, de violaciones a los derechos humanos o de la situación de pobreza estructural que prima en sus países de origen. Muchas mujeres, invisibilizadas, lo hacen para escapar de la violencia que las afecta en forma particular. Llegan al país con o sin dinero, con mayor o menor nivel educativo, pero con esperanzas.[/cita]
De acuerdo a información solicitada por la Clínica de Migrantes y Refugiados UDP a la Policía de Investigaciones, de un total de 15.705 rechazos en frontera que se realizaron durante el año 2013, 6.742 (42.9%) fueron a personas de nacionalidad colombiana. Es decir, prácticamente la mitad del total de las personas que no fueron admitidas al territorio durante el año 2013 son de nacionalidad colombiana. En el paso Colchane (Bolivia-Chile) el porcentaje de rechazos a personas de esa nacionalidad asciende hasta llegar al 75% (669 sobre un total de 890).
De acuerdo a distintos informes, y a los relatos recogidos por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las ciudades o pueblos cercanos a la frontera, muchas de estas peronas de nacioanalidad colombiana cuyo ingreso no es admitido, relatan haber abandonado sus ciudades de residencia a causa de la violencia ocasionada por los grupos armados irregulares y las bandas de crimen organizado que se disputan el control del territorio. Las mismas organizaciones reflejan en sus informes que estas personas fueron objeto de un trato vejatorio y discriminatorio en la frontera. Muchas de ellas son afrodescendientes y provienen de la zona del Pacífico colombiano, en donde se encuentran las ciudades con mayores índices de vulneraciones a los derechos humanos.
Si bien el Estado en su rol soberano puede definir quién ingresa o no al territorio nacional, esta decisión encuentra su límite en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional de los refugiados y en el ordenamiento jurídico nacional. Las decisiones que rechazan un ingreso al territorio no pueden ser arbitrarias o discriminatorias y deben respetar el principio de no devolución para aquellas personas que buscan protección internacional.
A la luz de esta situación, es necesario en lo inmediato repensar el control de las fronteras, transparentar su funcionamiento y facilitar su control y monitoreo. La democratización de las fronteras, supone revisar las restricciones a la entrada al país, así como la falta de información en los pasos habilitados, los mecanimos de identificación de las personas que requieran protección internacional o protección especial –como pueden ser los niños, niñas y adolescentes no acompañados– o a las mujeres que han sido víctimas de violencia en sus países de origen. Asimismo, supone ejercer un mayor control sobre los funcionarios que allí se desempeñan, facilitar instancias de reclamos y dotar de garantías procedimentales a los procesos de rechazo en frontera.
