Las prácticas de reserva de la Cancillería deberían ser revisadas para que, resguardando el interés nacional cuando realmente éste se encuentre en peligro, se respete, al mismo tiempo, el derecho fundamental de acceder a la información pública. Con ello se da certeza a la ciudadanía y se evita poner en tela de juicio el actuar transparente del Estado y sus organismos, lo que conlleva una pérdida de confianza en las instituciones públicas y un consiguiente debilitamiento de nuestra democracia.
El Estado de Chile se ha esforzado en mantener un alto estándar de transparencia desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, en 2009. La sociedad civil y el Consejo para la Transparencia han sido fundamentales para pasar de una cultura del secreto a una de la publicidad y de la transparencia.
Sin embargo, el acceso a la información pública se restringe, entre otras razones, cuando está en juego el interés nacional o la seguridad nacional, como dispone la propia ley. Si bien estas excepciones tienen especial relevancia para los órganos encargados de la defensa y las relaciones internacionales del país, ello no significa que estén excluidos de la aplicación de la ley.
La Cancillería ha interpretado la excepción de interés nacional sin que existan reglas claras sobre la aplicación del principio de transparencia en la institución. Así, cuando en 2012 se solicitó información sobre los honorarios pagados a los abogados defensores de Chile ante La Haya, el Ministerio de Relaciones Exteriores denegó la información y dictó, con posterioridad a la solicitud, un decreto declarándola secreta.
[cita]Las prácticas de reserva de la Cancillería deberían ser revisadas para que, resguardando el interés nacional cuando realmente éste se encuentre en peligro, se respete, al mismo tiempo, el derecho fundamental de acceder a la información pública. Con ello se da certeza a la ciudadanía y se evita poner en tela de juicio el actuar transparente del Estado y sus organismos, lo que conlleva una pérdida de confianza en las instituciones públicas y un consiguiente debilitamiento de nuestra democracia.[/cita]
Hoy, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley del Lobby y sin perjuicio de haber transcurrido más de diez años de discusión parlamentaria, el Ministerio interpreta la excepción de interés nacional de manera extensiva y propone la modificación de la ley con el objeto de hacerla inaplicable a los embajadores. Estos, por el sólo hecho de ejercer dicho cargo, estarían exentos de la obligación de consignar las audiencias y reuniones en los registros de agenda pública, ya que se afectarían las relaciones internacionales que dicha cartera conduce. Una apreciación que resulta inadecuada, más aún considerando que tanto el Consejo para la Transparencia como los tribunales, han ido delimitando el alcance de las excepciones aplicables a estos casos.
A la luz de estos antecedentes cabe preguntarse: ¿cuál es el estándar de transparencia aplicable en la institución?
Estimamos que las prácticas de reserva de la Cancillería deberían ser revisadas para que, resguardando el interés nacional cuando realmente éste se encuentre en peligro, se respete, al mismo tiempo, el derecho fundamental de acceder a la información pública. Con ello se da certeza a la ciudadanía y se evita poner en tela de juicio el actuar transparente del Estado y sus organismos, lo que conlleva una pérdida de confianza en las instituciones públicas y un consiguiente debilitamiento de nuestra democracia. En la reflexión sobre las prácticas uniformes en transparencia y acceso a la información pública que debiesen ser aplicadas, sería saludable que el Ministerio de Relaciones Exteriores generara un diálogo con representantes de la sociedad civil, de la comunidad internacional y de los demás actores involucrados, recabando así las diversas opiniones y difundiendo con ello una nueva política de transparencia en la institución. Desde el Consorcio por la Transparencia, que conformamos Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Bono, Fundación Ciudad Viva y Fundación Pro Acceso, nos ponemos a disposición de la Cancillería para colaborar en esta tarea.
