La sociedad exige más transparencia y ya no acepta que la ley no actúe sobre todos por igual; no es posible tirar la basura bajo la alfombra ni perdonazos que dejen todo igual; los costos de esconder lo evidente pueden ser muy altos; las empresas no están financiando la política solamente, sino que están cometiendo otros delitos para los cuales necesitan complicidad con políticos próximos…
Luego del extraño título que el ex senador Escalona puso a su libro –Duro de matar– han aparecido seguidores de esa línea a lo Rambo. El ex senador UDI Jovino Novoa, abogado ducho, se negó a colaborar con los fiscales tal como en su momento Fidel Castro no aceptó que la “justicia burguesa” lo juzgara por su frustrado asalto al Cuartel Moncada. Siguió esta línea Patricio Contesse, ex gerente general de Soquimich, desvinculado, más bien, porque los socios canadienses exigían una actitud diferente de la minera y había que culpar a alguien de cientos de boletas que la propia compañía declara dudosas. Al igual que en Penta hay muy pocas posibilidades de que Contesse pase a ser un nuevo Bravo que, solo y ante sí, “despilfarraba” millones de dólares sin que supieran sus jefes. Nada fácil.
Soquimich juega a cuatro bandas y eso es muy difícil de sostener pero, quién sabe, porque su táctica pragmática de ayudar a todo el mundo –probablemente con la esperanza que todo el mundo le ayude– algún sentido pudiese tener… pero está por verse. Las bandas son la de Ponce Lerou y sus íntimos; la de la empresa con canadienses incluidos; la de los políticos que pretendió ayudar y la de dar una apariencia legal a tanto enredo. Tampoco, nada fácil, por cierto.
[cita] La sociedad exige más transparencia y ya no acepta que la ley no actúe sobre todos por igual; no es posible tirar la basura bajo la alfombra ni perdonazos que dejen todo igual; los costos de esconder lo evidente pueden ser muy altos; las empresas no están financiando la política solamente, sino que están cometiendo otros delitos para los cuales necesitan complicidad con políticos próximos…[/cita]
Este miércoles se rumoreaba que más de 40 diputados y que unos 15 senadores podrían estar involucrados en prácticas que, por reiteradas, pasaron a ser “normales” y, por normales, generalizadas. Nada permite evitar que sean irregulares o fraudulentas, según el caso. Qué mejor para una empresa que, en lugar de pagar impuestos para que el Estado administre tales fondos, supuestamente para el bien común y general, ella –como ente corporativo– decida quién es el receptor del bien común y universal: llámese parlamentario, concejal, universidad, centro de estudios, museo, entre otros. Ergo, cualquier descuento de impuestos por donaciones no es más que una elusión fiscal en que se privatiza el “bien común”.
Las comisiones del Parlamento debaten sobre el financiamiento de la política, pero también de la educación y también de la reforma laboral. Es decir, de temas que tienen en común la separación de lo público de lo privado; o la negación a que el mercado decida las cosas más importantes de los chilenos y que el dinero comande tales decisiones. ¡Es el momento de poner coto a la privatización del bien común!
La sociedad exige más transparencia y ya no acepta que la ley no actúe sobre todos por igual; no es posible tirar la basura bajo la alfombra ni perdonazos que dejen todo igual; los costos de esconder lo evidente pueden ser muy altos; las empresas no están financiando la política solamente, sino que están cometiendo otros delitos para los cuales necesitan complicidad con políticos próximos. Soquimich escondió información para vender bonos en bolsa en EE.UU. y esto puede significar hasta 20 años de cárcel en ese país; si tan grande número de parlamentarios ha adoptado prácticas irregulares o fraudulentas, es que la sociedad no ha sido capaz de precisar tales acciones como punitivas y eso implica que las leyes respectivas (la Constitución en último término) no es capaz de dar cuenta de las demandas de la sociedad en el 2015.
El país necesita reformas radicales para readecuar una legalidad caduca y obsoleta, así como profundas restricciones y controles a las leyes electorales (con demasiada frecuencia la derecha acepta leyes pero no financiar el control de las mismas). Ya no puede la Nueva Mayoría eludir la necesidad de este debate constitucional que, de no ser democrático y amplio, nos recordará las leyes tipo LOCE en la educación de hace algunos años.
