Hasta 1990 existían excelentes revistas de oposición a la dictadura, tales como Análisis, APSI, Fortín Mapocho, Cauce, Solidaridad, etc., las que se fueron haciendo a fuerza de compromiso, espíritu libertario y democrático y no pocas veces con riesgo a la vida o la libertad personal. Era un esfuerzo de una sociedad civil activa, bullente y deseosa de construir espacios no tutelados por el autoritarismo. Ninguna pensaba en transformarse en “revista estatal”, ni tampoco tener como controlador a un grupo económico de los adictos a la dictadura.
Pues bien, en esa época, hombres y mujeres de la sociedad civil pensaron y constituyeron espacios de pluralismo, participación y pensamiento libertario, que ayudaron a conformar o desarrollar a grupos de profesionales que contribuirían al desarrollo democrático y productivo del país. Eran las universidades “privadas” como Arcis, Academia de Humanismo Cristiano, la Central, Silva Henríquez, que se fueron haciendo contra la corriente lucrativa y que tampoco tenían como horizonte estatizarse sino ser valoradas por la democracia.
Pero nadie puede vivir de las glorias pasadas. No es suficiente mérito el haber contribuido al ensanchamiento de las libertades y al fin de la dictadura para sostener un proyecto educativo; no es la discusión. El tema es otro: la distinción principal de las universidades chilenas no puede seguir siendo si son CRUCh o “no CRUCh” para contar con el apoyo del Estado en su proyecto educativo, sino más bien si son instituciones sin fines de lucro, acreditadas y con real espíritu universitario, sean estatales, “privadas” o de agentes de la sociedad civil.
Es en el sentido anterior que la gratuidad anunciada por la Presidenta, solo para estudiantes más vulnerables de las universidades CRUCh, opera no como un derecho a las personas sino como un privilegio a ciertas instituciones estatales como privadas. El ministro de Educación ha dicho que, por falta de financiamiento –en tanto, la reforma tributaria tiene su propia transición para recaudar a plenitud–, han decidido comenzar por la gratuidad en las Ues estatales, más las privadas del CRUCh, pues “creen en la provisión mixta”. Este paso puede ser un tropiezo y eso que el objetivo debe ser la gratuidad universal para desmercantilizar la educación.
El asunto es que esa decisión desconoce la contribución que hacen y han hecho a la formación profesional e investigativa y de extensión muchas universidades sin fines de lucro y acreditadas, cuyos proyectos educativos consistentes, aportan a la diversidad y pluralidad que el país necesita. Estas universidades reclaman un espacio y un reconocimiento a su trayectoria y carácter inclusivo, y no pueden ser atrapadas en la disyuntiva arcaica de “Estado o mercado”, “estatal o privada”. Más aún más cuando se perjudica a los estudiantes de estas universidades, quienes, de haberse matriculado en una del CRUCh, obtendrían gratuidad.
Lo anterior produce un fenómeno no deseable: se perjudica a las universidades privadas sin fines de lucro como la Central, que tiene una cuota importante de estudiantes de los tres quintiles más vulnerables (un 60,1% del total de la admisión 2015) que provienen de colegios particulares sólo en un 8,6% (en tanto en la Universidad de Chile el 35% o en la Universidad de Valparaíso 15%). El puntaje de ingreso de los estudiantes de la U. Central promedia los 533,4 en la PSU y NEM 5,44, ambos por debajo del CRUCh, pero con tasas de retención en primer año de 79,3%.
Es decir, hay un esfuerzo importante con buenos resultados educativos, que se corrobora por la alta acreditación de carreras que tiene y que no exhibe ninguna de las universidades del CRUCh. La Central tiene el 74,3% de estudiantes en carreras acreditadas con un promedio de 4,58 años, en cambio el CRUCH tiene un promedio de años de acreditación institucional de 4,8 años y solo el 54% de sus estudiantes en carreras acreditadas.
No se trata de comparar peras con manzanas, es por ello que se requieren criterios objetivos para reconocer los derechos de las personas (estudiantes de educación superior) y de convergencia con la política pública (instituciones sin fines de lucro, acreditadas y con participación de sus estamentos). El buen uso de los recursos fiscales debe ser controlado, debe haber rendición de cuentas y operar según resultados.
Una sociedad sin privilegios y sin discriminación debiera reflejarse en las decisiones respecto de los estudiantes de la educación superior. El anuncio general de la Presidenta debe ser precisado para que aquellas universidades que convergen con los objetivos de la política pública tengan igualdad de oportunidades para sus estudiantes. La promesa de que la gratuidad se extenderá a otras universidades “no CRUCh” hacia el 2017, puede liquidar durante el proceso de admisión 2016 a todas aquellas que no tienen grupo empresarial o religioso como inversores y que forman parte de las iniciativas de una sociedad civil cada vez más maltratada por la democracia “realmente existente”.
