Señor Director:
El desalojo efectuado por fuerzas policiales, este lunes 7 de septiembre, en la Dirección Nacional de la CONADI involucró también a un adolescente y a ocho niños. El intendente de la Araucanía, Andrés Jouannet, sostuvo en una entrevista que “no dejaremos que este tipo de medidas se den porque tiene que imperar el Estado de Derecho”, refiriéndose a la ocupación de la sede por parte de comuneros mapuche.
Creemos que es muy preocupante que una autoridad aluda a este criterio por sobre resguardar el interés superior del niño. Más grave aún es si la víctima es un niño mapuche, ya que es sujeto de especial protección por el sistema normativo de Derechos Humanos.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, suscrita por Chile hace 25 años, establece en su artículo 38 que “El Estado tiene la obligación de respetar el derecho internacional humanitario y el principio de que ningún niño menor de quince años debe participar directamente en las hostilidades ni debe ser reclutado por las fuerzas armadas, y que todo niño afectado por un conflicto armado debe poder disfrutar de protección y atenciones”.
Sin embargo, el Estado de Chile no cuenta con normas expresas que prohíban toda forma de violencia ejercida en contra de los niños, niñas y adolescentes. Lo cual resulta urgente por la tendencia del Estado a criminalizar la protesta y las reivindicaciones sociales.
Si consideramos que hace más de una década que hay control policial de los territorios reivindicados por el pueblo mapuche, se puede afirmar que los actuales jóvenes han crecido en un clima de hostilidad hacia sus reivindicaciones. Y así también lo están viviendo sus niños y niñas hoy.
Hace unos años atrás UNICEF formó a Carabineros en materia de derechos del niño, con el objeto de moderar su trato hacia ellos y evitar vulneraciones a sus derechos. El balance de este programa no fue muy alentador considerando las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Temuco y la Suprema de Santiago, que en 2011 expresaron su preocupación por la forma en que funcionarios policiales trataban a los niños y adolescentes mapuche y llamaron a la institución a respetarlos durante los procedimientos.
Es por esto que se hace urgente que el Estado de Chile asegure una debida protección a niños y adolescentes, especialmente a aquellos que por circunstancias históricas y políticas son víctimas de hostilidad por parte del propio Estado que debiera, por el contrario, protegerlos ante toda circunstancia.
Francis Valverde
Directora Ejecutiva Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU)
