«El debate hoy debiera apuntar, más que a imponer penas de cárcel, al rol del Estado en la economía: mantener el statu quo y las precarias campañas de los consumidores indignados o aplicar derechamente el modelo social de competencia desleal de la OCDE».
Dolor y engaño han sido las expresiones que más se critican del discurso desplegado por Eliodoro Matte —Presidente de CMPC y multimillonario Forbes— en su defensa respecto a los efectos del cartel del papel tissue que tanto rechazo despierta en la ciudadanía.
Justificaciones que apelan a una emotividad elemental y que desdeñan la crítica al abuso del derecho y la práctica sistemática de los ilícitos en contra de las libertades económicas por parte del gran empresariado, en particular, los delitos de la competencia desleal.
Una visión del mercado que dista de los estándares vigentes en la UE y la OCDE, donde la autorregulación y las políticas correctivas de la economía son una vía hacia la justicia social y el derecho al desarrollo. Algunos países aplican el modelo social de competencia desleal, donde la justicia administrativa y penal investigan delitos que protegen los intereses de los consumidores y no solo de los competidores, incluso restringen precios en aquellos servicios vinculados al ejercicio de derechos como la seguridad alimentaria, la educación o la salud.
Los detalles de la delación compensada, mecanismo especialísimo de la justicia de libre competencia consistente en la autodenuncia de la participación de un delito, develaron que las ganancias por el acuerdo de precios entre competidores alcanzaron a unos US$ 400 millones. Es decir, durante una década ningún organismo económico fiscalizó un evidente ilícito, afectando tanto a competidores, proveedores y consumidores. Una negligencia de responsabilidad pública del todo criticable en un país de la OCDE cuyas primeras normas de adaptación a dicho foro internacional se dieron en esta área. A ello se suma la apariencia de impunidad que persiste en la sanción, pues sólo se aplicó una multa, ya que no existen en el derecho vigente penas de presidio para estos casos, y la defensa del Fiscal Nacional Económico en la prensa sobre la decencia de la confesión de los ejecutivos de Matte y sus socios.
El debate hoy debiera apuntar, más que a imponer penas de cárcel, al rol del Estado en la economía: mantener el statu quo y las precarias campañas de los consumidores indignados o aplicar derechamente el modelo social de competencia desleal de la OCDE.
