El año 2008, veintiséis Ministros de Educación y treinta Ministros de Salud de Latinoamérica y el Caribe se reunieron en Cuidad de México en el Marco de la XVII Conferencia Internacional sobre VIH/Sida. En esa oportunidad, los asistentes firmaron uno de los compromisos más ambiciosos en el área de la educación en sexualidad; la declaración ministerial “Prevenir con Educación”. El documento fijó dos objetivos para ser alcanzados en 2015: el primero, reducir en un 75% el número de escuelas que no han institucionalizado la educación sexual integral: el segundo, reducir en un 50% el número de adolescentes y jóvenes que carecen de cobertura de salud para atender sus necesidades de salud sexual y reproductiva. Aunque parecían metas difíciles de cumplir, Chile adhirió a aquel compromiso latinoamericano, obligándose a llevar adelante transformaciones sustantivas en su política.
Este año, a siete años del evento, y cumpliéndose el período acordado, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, junto con la organización Democracia y Sexualidad, realizaron una evaluación del cumplimiento de estos objetivos para los países de América Latina. En total se estudió lo realizado en 17 países de la región. Los resultados ponen a Chile como el país con el menor desarrollo, consiguiendo sólo un 39% de avance general y un pobre 27% en la meta específica de educación sexual, ubicándose -junto con Venezuela- como los únicos países en categoría de “deficiente”. En concreto, Chile no cumple con ninguno de los criterios que fueron evaluados.
Uno podría criticar las metas fijadas en el compromiso por un exceso de optimismo así como el método de evaluación por forzar una comparación entre realidades muy dispares, sin embargo, el informe en cuestión pone alerta sobre un estado de letargo en la política de educación sexual chilena, y más específicamente sobre la pobreza de lo realizado durante las administraciones del ex presidente Piñera y la actual de Bachelet.
En la época en que los países desarrollados comenzaron a incorporar la sexualidad en sus currículums, Chile estuvo a la altura, implementando a finales de los 60’ el programa de “Vida Familiar y Educación Sexual”, el cual fuera interrumpido en dictadura. Con el retorno a la democracia se realizaron dos apuestas destacables, entre 1996 y el 2001 las Jornadas de Conversación en Sexualidad y Afectividad (JOCAS), que fueron suspendidas producto de la presión realizada por la derecha política y la Iglesia Católica con la venia de medios de comunicación con agenda conservadora. Posteriormente, entre 2005 y 2010 la implementación del Plan Nacional de Educación en Sexualidad y Afectividad, el cuál se focalizó en la capacitación de docentes en ejercicio y que fuera suspendido por el ex ministro de educación Joaquín Lavín. Aunque en su ejecución distaron de la situación ideal, éstas iniciativas son las únicas en que el Estado ha realizado definiciones mínimas sobre aquello que los estudiantes deben aprender sobre sexualidad y los formas en que las escuelas pueden aportar a ello.
[cita tipo=»destaque»] Aunque no conocemos con precisión el estado de la situación de la educación sexual en los establecimientos, lo más probable es que se encuentre en línea con lo que plantea el informe de avance del compromiso suscrito: desempeño deficiente.[/cita]
En adelante, la torpeza de las autoridades y la falta de voluntad política han sido las protagonistas. Joaquín Lavín, respondiendo a una ley de salud que obliga a las escuelas a incorporar contenidos sobre sexualidad en sus prácticas, impulsa la informalmente llamada política del portafolio, que consistió en recomendar siete programas de educación sexual de dispar orientación y calidad, para que las escuelas contrataran. Con esto, el Estado se hizo prescindente de fijar nociones básicas sobre el tratamiento de la sexualidad, cuestión que se hizo notoria cuando uno de los programas insistió en declarar que la homosexualidad era una enfermedad, al mismo tiempo que el parlamento aprobaba la ley Zamudio. Pero además, fiel a la lógica que el Ministro imprimió a su administración, la educación sexual pasaba a ser regulada por un mercado, el de las Asesoras Técnicas Educacionales (ATEs), las cuales eran las nuevas responsables de la formación en sexualidad en el país. Aunque no hay datos conclusivos, se sospecha que el impacto de esta política es nulo. Lavín había desarticulado con éxito lo poco que teníamos avanzado en la materia, no quedaba más que esperar un nuevo período.
¿Qué alternativa nos ofrece el actual gobierno? Poco o nada. Se conserva una exigencia a las escuelas (en particular a las que tienen educación media) para que desarrollen programas propios sobre sexualidad, pero el MINEDUC se mantiene distante. En concreto su aporte consiste en publicar un listado de más de 40 documentos en la sección de Materiales de Apoyo de su sitio web, la mayoría de los cuales no fueron elaborados por esta institución y que comprenden estudios científicos sobre sexualidad, campañas del Estado, manuales del arzobispado, entre otros. Hipotéticamente las escuelas deberían tomar esta información y desarrollar sus propios programas, articulándolo con los currículos de ciencias de la naturaleza y orientación, definiendo objetivos coherentes con su proyecto educativo, diseñando un método, y estableciendo una propuesta de trabajo para los estudiantes desde pre básica hasta cuarto medio. Quienes trabajamos en sexualidad sabemos que se trata de una tarea muy demandante, incluso para los especialistas.
Así, las escuelas se encuentran atrapadas ante una demanda que no pueden resolver con sus propios recursos, con nulo apoyo de la autoridad, y poca motivación interna (recordemos que la sexualidad no se mide en el SIMCE). Aunque no conocemos con precisión el estado de la situación de la educación sexual en los establecimientos, lo más probable es que se encuentre en línea con lo que plantea el informe de avance del compromiso suscrito: desempeño deficiente.
Pero no todo es oscuro, en el campo de la educación sexual no es necesario inventar la rueda, existen experiencias exitosas que se pueden adecuar al contexto chileno. El caso de Argentina es particularmente interesante para nosotros, puesto que tiene una trayectoria equivalente en esta materia, aunque con 10 años de adelanto. De hecho, al igual que en nuestro país, los argentinos contaron con una ley de salud que hacía obligatorio el tratamiento de la sexualidad en las escuelas, sin embargo, en la práctica no tuvo impacto en las aulas. Tuvieron que generar una ley dirigida específicamente a educación, que pusiera a las escuelas y docentes en escena, para que se desarrollara una política centralizada. ¿Tendremos que esperar a que el congreso elabore norma equivalente?
Independiente del escenario político, en el presente el MINEDUC tiene oportunidades para aprovechar. Como se señaló anteriormente, fruto de los procesos de transformación general que se están produciendo en educación, existen mecanismos que permitirían llevar adelante una política de educación sexual de calidad. Dadas las condiciones, y si no queremos seguir en el último lugar del campeonato, los ciudadanos tenemos que exigir una acción decidida de la autoridad.
