Hace ya algunos meses hemos estado recibiendo por gotera información sobre el desfalco a las platas provenientes de la Ley Reservada del Cobre por parte del Ejército. El programa televisivo ‘Informe Especial’ de hace unas semanas contribuyó a socializar esta información, permitiendo dimensionar la magnitud del problema y dejando una serie de incógnitas. Más allá de la necesaria discusión por una nueva fórmula de financiamiento del gasto militar y su fiscalización por parte del Parlamento, cabe preguntarse: ¿qué hacer con la Ley Reservada del Cobre después del Milicogate?, ¿qué destino darle al remanente de las compras de armamento que -en palabras del ex tesorero del Ejército ahora en prisión militar– se gastan hoy en día en “casinos, propiedades, caballos y fiestas»? Mi respuesta es: ¡política industrial, ya!
Hay tres grandes razones para justificar la utilización de estos recursos en la elaboración de una política industrial moderna que permita de una vez por todas mover la frontera tecnológica del país.
La primera tiene que ver con el derrumbe del mito acerca de la ineptitud del Estado. Afortunadamente, luego de más de 40 años de hegemonía neoliberal, hoy en día académicos de renombre internacional han reivindicado el rol del Estado y de la política industrial en el desarrollo, la innovación y el avance tecnológicos, desarmando así el verdadero tabú que ha existido entre nuestras autoridades económicas.
La segunda es una razón de economía política: aunque sumamente urgente, no siendo un área sensible social ni políticamente es difícil que pueda encontrarse una mejor manera de empujar un proceso de reformas sustantivo en política industrial.
La tercera es una razón práctica y se vincula con la experiencia internacional. Países como Estados Unidos, Alemania y China han conectado la política industrial con el desarrollo tecnológico en el área de las energías renovables no convencionales, un tema de gran actualidad y prospectiva en nuestro país luego de la promulgación de la ley de fomento a estas energías y la firma del acuerdo climático en París. Veamos estas razones en detalle.
[cita tipo=»destaque»]La experiencia internacional muestra precisamente que la política industrial, la innovación y el desarrollo tecnológicos tienen una estrecha relación con el gasto en defensa. De ahí fue de donde salieron internet, el GPS, y el mismo SIRI, todos ellos financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través del famoso proyecto DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). No parece en absoluto descabellado, por tanto, utilizar los remanentes de la Ley Reservada del Cobre, hoy en manos de la Defensa Nacional, para bajo ese mismo paraguas lanzar la nueva política industrial y de desarrollo tecnológico en Chile.[/cita]
Hoy en día parece un lugar común lamentarse por la dependencia de nuestro país del cobre y repetir casi majaderamente la necesidad de dar un salto tecnológico hacia la exportación de productos con mayor valor agregado. Durante décadas, sin embargo, se ha repetido al mismo tiempo como un mantra que el Estado no debe inmiscuirse en este proceso; precisamente lo contrario de lo que demuestra la experiencia de la gran mayoría de países que lograron dar el salto.
Por suerte, un número importante de investigadores de la talla del Premio Nobel Joseph Stiglitz, o los profesores de Harvard, Dani Rodrik, y de Cambridge Ha-Joon Chang, entre otros, se han dedicado a desvestir la ideología del «laissez-faire», mostrando que la política industrial y la acción decidida del Estado son fundamentales. Mariana Mazzucato, la economista estrella del área en la actualidad, muestra en su libro best-seller El estado emprendedor, mitos del sector público frente al privado que muchas de las tecnologías que usamos a diario, como la pantalla táctil y el sistema de reconocimiento de voz SIRI de los smartphones –comúnmente atribuidos a la visión de grandes «emprendedores»– fueron en realidad desarrolladas gracias a la inversión estatal. Mazzucato es enfática en subrayar que no se trata solo de experiencias en que el Estado ha puesto a disposición canales de financiamiento para que «empresas innovadoras» como Apple lleven a cabo sus proyectos y visiones; se trata de situaciones en que ha sido el mismo Estado el que ha decidido qué, cómo y cuánto invertir, sosteniendo programas de desarrollo de tecnología e incubadoras de negocios por décadas antes que estos “emprendedores” se atrevan a apostar por ellas.
La experiencia demuestra que existe una alta probabilidad de que los recursos públicos disponibles que no se utilizan sean apropiados indebidamente. El Milicogate es solo un ejemplo entre muchos. Recuérdese también el fraude a Corfo ocurrido durante el gobierno de Ricardo Lagos, hecho posible precisamente porque una institución de fomento como Corfo, en vez de hacer fomento, guardaba los remanentes no utilizados.
Aún cuando hoy en día solo los más dogmáticos se atreverían a hablar en contra de una política industrial de verdad para el país, en Chile los recursos necesarios compiten con otras urgencias de mayor impacto social, como educación, salud y pensiones, todas en la agenda pública actual y que han sido reclamadas con justicia como destino necesario de las platas del cobre. Sin embargo, las dificultades que han enfrentado varias de estas reformas durante el actual gobierno, luego de años de movilización social y con una opinión pública abrumadoramente favorable, es un claro ejemplo de los obstáculos de economía política que enfrenta la política industrial.
Se trata, en efecto, de un área que requiere de grandes sumas de recursos, cuyos frutos solo pueden conocerse en plazos no menores a 15-20 años, por lo tanto, difícilmente concentran la atención de políticos interesados en obtener réditos en un plazo considerablemente menor. Precisamente, es el hecho de que los recursos remanentes de la Ley Reservada del Cobre se encuentren ya disponibles y no sea necesario buscar fuentes de financiamiento potencialmente conflictivas y de difícil acceso, lo que hace atractivo utilizar esta oportunidad para financiar la política industrial en el país.
La experiencia internacional muestra precisamente que la política industrial, la innovación y el desarrollo tecnológicos tienen una estrecha relación con el gasto en defensa. De ahí fue de donde salieron internet, el GPS, y el mismo SIRI, todos ellos financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través del famoso proyecto DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). No parece en absoluto descabellado, por tanto, utilizar los remanentes de la Ley Reservada del Cobre, hoy en manos de la Defensa Nacional, para bajo ese mismo paraguas lanzar la nueva política industrial y de desarrollo tecnológico en Chile.
En los últimos años, la política industrial y aquella destinada a defensa en específico, se han vinculado fuertemente con el desarrollo de lo que se conoce como energías renovables no convencionales (energía eólica, solar, geotérmica, entre otras). En Estados Unidos, por ejemplo, dado el alto consumo energético de las actividades militares, el Departamento de Defensa de ese país ha comprometido gastar US$10 billones anuales hasta 2030 en el desarrollo de nuevas energías (Mazzucato, The entrepreneurial state, p. 132, n. 13).
La gran mayoría de los países desarrollados, y aquellos en vías de desarrollo que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico, han lanzado importantes programas de política industrial dirigidos al desarrollo de tecnologías limpias. China, por ejemplo, se comprometió a generar 100GW de energía eólica a 2015 y 10.000GW a 2050. Para hacer frente a este desafío, ha dispuesto de un programa de inversiones estatales en el desarrollo de energías limpias de unos US$1,5 trillones, es decir, alrededor del 5% de su PIB. Por cierto, esto no ocurre solo en países de planificación centralizada. Sin ir más lejos, durante la primera administración Obama el Departamento de Energía de Estados Unidos comprometió US$13 billones para el desarrollo de energías limpias, además de otros US$777 millones para centros de investigación de punta en materias energéticas durante 5 años (Mazzucato, The entrepreneurial state, p. 133).
El diseño es similar en ambos países y el papel del Estado es crucial: por un lado, imponiendo la demanda (aumentar la proporción de energías no renovables en la matriz energética); por otro, generando la oferta (aumentando el gasto en investigación y desarrollo destinado a dichas energías). La idea es que los molinos de viento o células fotovoltaicas –o partes de ellos– que se integrarán a la red de generación eléctrica en el futuro sean producidos en el país y no comprados en el extranjero, comenzando así un ciclo virtuoso de producción y desarrollo tecnológico sustentables.
En Chile, la ley 20/25 sobre energías renovables no convencionales estableció que al 2025 un 20% de la energía que se consume en el país debe provenir de dichas fuentes. Más aún, el Gobierno comprometió hace unos días en París subir dicha meta al 30%. Por suerte el país posee las capacidades productivas para hacer frente a este desafío. Por ejemplo, la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), empresa estatal, es un reconocido fabricante de aeroestructuras (conjunto de empenaje, nariz) y partes mecanizadas para aviones militares y comerciales, por ejemplo, para la brasileña EMBRAER, tercer productor mundial de aviones comerciales. La calidad de la producción de ENAER es tal, que la empresa ha obtenido por 5 años consecutivos el trofeo al «Mejor fabricante de estructuras y partes internas de aeronaves» que otorga la Empresa Brasileña de Aeronáutica. Esta podría ser la plataforma sobre la cual montar, por ejemplo, una red de producción e investigación sobre partes de molinos eólicos en conjunto con Conicyt y las mejores universidades chilenas. Por qué no soñar con fabricar nuestros propios molinos o desarrollar nuevos materiales y tecnologías que aumenten la eficiencia de los actuales de aquí a 15 años más.
Se estima que el remanente de la Ley Reservada del Cobre alcanza hoy a cerca de los US$5.500 millones, aportando anualmente cerca de 550 millones extra. Estos son los recursos disponibles hoy para lanzar una nueva política industrial en el país. Es tiempo de dar el salto.
