Muy conocida, sabida y citada es la actual crisis de la política chilena. Conocida también es la respuesta que ha surgido con bastante acuerdo desde variados sectores, incluido el mismo Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción: Se requiere reinstaurar la educación cívica en la formación escolar. Precisamente, y tras modificarse en Comisión Mixta, esta semana se aprobó en la Cámara el Proyecto de Ley que crea el Plan de Formación Ciudadana que había sido presentado por el Gobierno, con lo que sólo resta su aprobación en el Senado.
Si nos restringimos a la educación cívica, la ley debería enfocarse en términos básicos en generar ciudadanos que conozcan sus autoridades políticas, participen de los procesos electorales y entiendan el funcionamiento general del Estado y sus instituciones. Sin embargo, si hablamos de formación ciudadana, tal como lo plantea el proyecto de ley, esto debe ampliarse y abarcar el desarrollo de experiencias y habilidades democráticas, fomentando un sentimiento más amplio de actitudes que colaboren con la convivencia en sociedad y contribuir a generar conciencia de los problemas públicos a todo nivel. Se trata, claramente, de una meta mucho más ambiciosa.
Sin duda el avance de este proyecto de ley podría significar un gran paso en la formación escolar de los futuros ciudadanos del país. En él se destaca que todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, públicos o privados, deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media un plan explícito de formación ciudadana, que integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia.
[cita tipo=»destaque»] En primera instancia creemos que los planes de formación ciudadana que señala el proyecto de ley deben enfocarse no sólo en que los establecimientos impartan clases con contenidos cívicos; más bien, los establecimientos educacionales deberían ser en sí mismos espacios de convivencia cívica[/cita]
En términos generales, los objetivos del proyecto parecen estar bien orientados, y plantean metas más altas que sólo generar conocimientos políticos básicos. A la vez, estos objetivos pueden ser complementados con otros según los intereses específicos de cada proyecto educacional, lo que da cierto margen de libertad para los establecimientos.
Sin duda el proyecto nos parece un paso significativo. Más aún, es positivo el hecho de que parece haber un acuerdo generalizado –no sólo en la clase política– respecto de la importancia de retomar las prácticas de formación ciudadana, aun cuando existan diferencias sobre el rol del Estado en las mismas.
A pesar de lo anterior, es importante poner paños fríos. La formación ciudadana ayuda, colabora y favorece al sistema político, pero llega a instalarse en un escenario francamente decadente. La formación ciudadana no es la cura a todos los males del sistema político y eso hay que tenerlo claro: Este proyecto de ley no es suficiente y, es más, la formación ciudadana no es suficiente.
Las carencias pueden observarse en al menos tres áreas:
En primera instancia creemos que los planes de formación ciudadana que señala el proyecto de ley deben enfocarse no sólo en que los establecimientos impartan clases con contenidos cívicos; más bien, los establecimientos educacionales deberían ser en sí mismos espacios de convivencia cívica. Hablamos de lugares que posean dinámicas democráticas y procesos que favorezcan la cohesión de la comunidad escolar. Esto conlleva un estudiantado que participe de las decisiones que les competen, una comunidad escolar consciente de la realidad en la que están insertos y responsable de sus desafíos futuros.
En segundo lugar, tanto el proyecto en cuestión como otras iniciativas tienden a centrarse en la población escolarizada, realizando una inversión a futuro en función de las generaciones de ciudadanos que vendrán más adelante. Sin embargo, existen pocos esfuerzos de formación dirigidos a los actuales ciudadanos. El pronóstico de que muy pocos votarán en las próximas elecciones municipales de octubre es evidente, y sin embargo poco y nada se hace al respecto.
Finalmente debemos señalar que la pelota no puede quedar solo del lado de los ciudadanos y su formación. Un mejor sistema político también requiere mejores instituciones, y aunque ese desafío es más complejo, no se puede renunciar a tener más transparencia, procesos más participativos, un mejor acceso a la información e instituciones más democráticas a todo nivel. Con todo esto, el Gobierno aún tiene tarea para la casa.
