Señor Director:
En la edición del día 22 de marzo pasado, el diario de su digna dirección se ha referido al sistema notarial y registral, de una manera que bien merece ser aclarada y rectificada, por la confusión y desconocimiento sobre nuestra actividad, siendo lo más delicada, el que se hayan presentado hechos de una manera tal, que resultan inductivos a conclusiones erradas.
Ya el sólo hecho de hablar de “el negocio” constituye un grueso error conceptual que culmina con el hecho que, a partir de situaciones puntuales y que afectan incluso a personas que ya no pertenecen al sistema por diferentes motivos, se afecta la honra y dignidad de la inmensa mayoría de notarios y conservadores que a lo largo de Chile y en los lugares más apartados y extremos, ejercen la función notarial y registral de una manera correcta, eficiente e íntegra.
El sistema notarial y registral realiza cerca de 18.000.000 de atenciones al año y su judicialización es mínima, menos del 0,001%, lo que demuestra la solidez profesional de quienes sirven el cargo y la seguridad que genera. Algunos medios poco se preocupan de esto y menos asumen que la fe pública y el ejercicio de la función notarial y registral, constituyen uno de los pilares fundamentales del orden público y económico del país.
Al respecto, independiente de las campañas en su contra, el sistema notarial y registral, en su función de justicia preventiva, que importa grandes beneficios económicos en lo colectivo y en lo individual y aporta significativamente a la paz jurídica; la prestación de orientación al importante segmento de la población que carece de medios para contar con asesoría profesional apropiada, ni califica para ser atendida por la asistencia judicial gratuita; la seguridad y certeza jurídica que otorga a los actos y contratos, ha tenido un actuar sólido y eso le ha significado contar con la confianza de la gente, que sin temor alguno dejan bajo nuestra custodia valores y documentos, convencidos de un actuar correcto e íntegro.
El nombramiento de notarios y conservadores está expresamente regulado en el Código Orgánico de Tribunales; participan dos poderes del Estado. Para llenar un cargo se llama a concurso público y pueden participar todos los abogados que quieran y reúnan los requisitos establecidos en la ley, presentado sus antecedentes. Si algún postulante estima injustificado el no ser considerado en la terna respectiva, tiene el derecho a reclamarla ante la Excma. Corte Suprema.
En este aspecto, la periodista a cargo de este reportaje, debió revisar y analizar los antecedentes profesionales de quienes resultan aludidos en el tema que denomina “nepotismo”. Sobre el particular, reafirmamos nuestra convicción en el sentido que cualquier persona, independiente de su condición social, política, religiosa, de afinidad o de parentesco, que no resulte constitutivo de inhabilidad legal, puede postular y tiene todo el derecho a ser considerado, en la medida que sus antecedentes profesionales y personales así lo ameriten. Lamentamos que su diario discrimine abiertamente en este sentido y cause un grave daño a las personas, en su honra y dignidad profesional.
En menos del 5% del total de notarios y conservadores, se da el caso de padre e hijo ejerciendo estas funciones, situación que ocurre, y en mayor medida, en otras instituciones entre las que no escapan los medios de prensa y sobre lo cual no se debería, sin una adecuada revisión de los antecedentes, dudar sean producto de méritos personales más que de parentesco o apellido.
Lamentamos una publicación tan sesgada y prejuiciada en la que, evidentemente, primó más la idea de impactar, que de informar.
Atentamente,
Directorio Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile
