El Poder Ejecutivo se había comprometido a enviar un proyecto de ley que abordara la protección de los derechos de las personas migrantes antes del 31 de marzo. En el día de ayer, se anunció a través de la prensa que dicho proyecto no se encuentra dentro de las “prioridades” presidenciales y que su presentación sería postergada hasta nuevo aviso. Lamentable.
Hace más de 40 años rige en Chile un decreto ley que regular el ingreso, egreso y permanencia de las personas extranjeras en el país. Este decreto carece de un enfoque de derechos, y se encuentra completamente ajeno a las necesidades nacionales o al contexto regional. Todos los países de la región han modificado su ley de migraciones (con la excepción de Brasil, que se encuentra discutiendo un proyecto de ley en el Congreso), menos Chile.
Hace varios años que Naciones Unidas le señala al Estado en cada uno de sus informes que es necesario reformular la política migratoria, y para ello, un paso esencial es la reforma de la legislación. El gobierno realizó consultas durante más de un año con los distintos actores involucrados y trabajó en la elaboración de un anteproyecto de ley de migraciones, que aún espera en algún escritorio el momento oportuno para ser presentado.
[cita tipo=»destaque»]La falta de una ley de migraciones no impide el ingreso de las personas al país, prueba de ello es el aumento significativo de la migración durante los últimos años. La ausencia de una ley solamente perjudica a quienes, en el ejercicio de un derecho: el derecho humano a migrar, desean ingresar al país por distintos motivos.[/cita]
La falta de una ley de migraciones no impide el ingreso de las personas al país, prueba de ello es el aumento significativo de la migración durante los últimos años. La ausencia de una ley solamente perjudica a quienes, en el ejercicio de un derecho: el derecho humano a migrar, desean ingresar al país por distintos motivos.
Hoy en día cerca de medio millón de personas residen en el país con diferentes tipos de visas, o en forma irregular. Todas ellas se encuentran expuestas a vulneraciones permanentes en su acceso a diferentes derechos fundamentales, como la salud, la educación, el debido proceso y la nacionalidad. A diario tomamos conocimiento de personas que han sido víctimas de discriminación, de mujeres migrantes que han sufrido violencia sexual o de niños que no han sido siquiera registrados luego de su nacimiento porque sus padres se encuentran en situación migratoria irregular. Cualquiera de esas situaciones (entre muchas otras que ocurren a diario) vulnera la dignidad de las personas, y atenta contra sus derechos fundamentales.
¿Hasta cuándo podemos seguir esperando? ¿Qué es necesario que suceda para que la migración se transforme en prioridad política? O acaso estamos esperando que ocurra una tragedia para impulsar el proyecto de ley? Espero que este no sea el caso.
