Mucho se ha dicho en estos días sobre la institucionalidad ambiental, respecto de la precariedad de su estructura y su incapacidad de responder a las necesidades de un país en proceso de desarrollo, discusión que se da con mayor fuerza en períodos de complejidades económicas.
En ese sentido hay que recapitular sobre los inicios del proceso que originó nuestra institucionalidad ambiental, recordando que hasta el regreso de la democracia estos asuntos fueron considerados de una importancia política menor, secundaria para el desarrollo nacional. Casi como uno de los tantos homenajes rendidos a la figura del Presidente Patricio Aylwin, debemos recordar como parte de su inmenso legado, la aprobación de la Ley N° 19300, de Bases Generales del Medio Ambiente, pilar de la legislación en esta materia.
La importancia política menor dada a los asuntos ambientales hasta 1990 se expresaba en una institucionalidad ambiental severamente fragmentada, con débiles instancias administrativas de coordinación, y una regulación ambiental formada por un conjunto disperso de normativas sectoriales. Además existían severos problemas ambientales atendidos deficientemente, siendo el más notorio la problemática de la calidad del aire.
Para enfrentar definitivamente la realidad institucional, el 14 de septiembre de 1992, el entonces Presidente Patricio Aylwin presenta al Congreso el proyecto de ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en su mensaje afirma lo siguiente: “La protección ambiental no puede plantearse como un dilema frente al desarrollo, sino como uno de sus elementos. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, estamos pensando en crecimiento económico con equidad social y con preservación y cuidado de los recursos naturales. Pareciera que los países en subdesarrollo enfrentan el dilema de crecer y a la vez preservar la naturaleza. Sin embargo, esta disyuntiva es más aparente que real, pues con los mecanismos adecuados, es posible fomentar el desarrollo económico y, a la vez, proteger el medio ambiente”.
Al consagrar legalmente la institucionalidad ambiental, por medio de un servicio público esencialmente coordinador –Conama– se sentó el camino para un manejo integrado de los temas ambientales, el que progresivamente se consolidaría a través de una serie de estructuras institucionales que apuntan a vincular el desarrollo económico y productivo del país con la sustentabilidad y el cuidado medioambiental.
Sin embargo, en una primera etapa, la administración del Presidente Patricio Aylwin se concentró intensamente en la contaminación atmosférica, esencialmente transversal, que afecta a todos sin distinciones. Se atendió urgentemente este tema en centros urbanos industriales, aumentándose el monitoreo de la calidad del aire en estos lugares, y ordenándose la dictación de planes de descontaminación atmosférica. Al mismo tiempo, se dictaron las primeras normas de emisión aplicables a vehículos nuevos; se reforzaron las normas de emisión para fuentes fijas en la Región Metropolitana, así como el control de las mismas, fortaleciéndose el Sesma y realzándose su importancia, a través del Proceff, un programa presupuestario multianual destinado a reducir las emisiones de material particulado de fuentes fijas, incorporándose luego el control de residuos industriales sólidos y de contaminación acústica.
[cita tipo=»destaque»]Al consagrar legalmente la institucionalidad ambiental, por medio de un servicio público esencialmente coordinador –Conama– se sentó el camino para un manejo integrado de los temas ambientales, el que progresivamente se consolidaría a través de una serie de estructuras institucionales que apuntan a vincular el desarrollo económico y productivo del país con la sustentabilidad y el cuidado medioambiental.[/cita]
Gracias al marco legal creado por la Ley N° 19.300, se elevó considerablemente la importancia política del tema ambiental, y permitió a nuestro país avanzar en la gestión de sus problemas ambientales, con las limitaciones propias del modelo aprobado. Los resultados obtenidos bajo esa institucionalidad fueron buenos, y no obstante la notable y sostenida mejoría en los indicadores ambientales, tras una década de funcionamiento, el modelo aprobado dio signos de insuficiencia, presionado por mayores exigencias ciudadanas en el cuidado y conservación del medio ambiente.
Ante esta situación, comenzó su proceso de ajuste legislativo, reconociendo siempre que los cimientos originales quedaron establecidos a inicios de los 90, a través de una valiente iniciativa política y legislativa, de una decisión política nacional de largo plazo, con una discusión legislativa compleja, pero que finalmente es aprobada e implementada. Este recorrido fue similar al que transitaron las Leyes N° 20.417 y N° 20.600, que hoy vemos concretadas a través del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales, institucionalidad que igualmente se encuentra en proceso de crecimiento y consolidación, en un escenario de permanentes desafíos medioambientales.
