En agosto de 2014, el gobierno publicó “El Mapa de la Reforma Educacional 2014”, documento que explicaba cómo se transformaría “el actual modelo de educación —entendido hoy como un bien de consumo— en un derecho social”. Allí se anunciaba “un nuevo sistema de financiamiento a nivel de la escuela, que considerará los costos fijos y la vulnerabilidad de los estudiantes”, comprometiendo su envío para el segundo semestre del 2014.
Es julio de 2016 y el debate está secuestrado por la reforma a la Educación Superior. Las esperanzas de contar con un nuevo modelo de financiamiento escolar se diluyen. Sin embargo, la disputa entre el Ejecutivo y algunos parlamentarios oficialistas resucitó la discusión sobre la urgencia de modificar el financiamiento de la educación escolar. Enhorabuena.
Ahora, ¿por qué es importante modificar la estructura de financiamiento?
El modelo de subvención vía asistencia o “voucher” entrega recursos a los colegios según el número de estudiantes que día a día están en clases. El sistema fue instaurado en los 80, bajo la premisa de que al dar recursos según la asistencia de niños y niñas se elevaría la calidad de la educación. Se creía que las familias elegirían los mejores colegios, empujando a los establecimientos a competir, y que la lógica sería “si no soy el mejor, perderé matrícula y si pierdo demasiada matrícula no conseguiré recursos para funcionar, lo que me obligará a cerrar”. Un incentivo a la competencia y a la eficiencia del mercado.
Pero la realidad está lejos de esa premisa. El sistema de subvenciones entrega recursos variables en una estructura de costos fijos. Si un alumno o alumna no asiste o abandona el colegio, los recursos de la escuela disminuyen, aunque financiar esa sala de clases cueste lo mismo, perjudicando a quienes permanecen en el establecimiento.
Es injusto entregar un monto idéntico por estudiante, independientemente del tamaño del colegio, pues el gasto promedio por estudiante en los colegios pequeños es más alto que en los colegios grandes. Así, al entregar una subvención “pareja”, el Estado otorga menos recursos a niños y niñas de establecimientos con menor matrícula.
Lejos de mejorar los resultados, este modelo ha profundizado las brechas del sistema. Ha dificultado la gestión de los colegios y ha reducido el desarrollo de proyectos de largo plazo. Los equipos directivos destinan sus esfuerzos a la sobrevivencia del colegio en lugar de impulsar ideas innovadoras que promuevan el aprendizaje de niños y niñas. Es decir, el modelo ha impactado negativamente en la calidad de nuestra educación.
[cita tipo=»destaque»]Es esquizofrénico, hemos aprobado recursos para paliar la deuda que arrastra la educación pública, sin preocuparnos de modificar la estructura de financiamiento que la origina. Si no transformamos este modelo, los millones de la reforma en marcha pueden perderse en un saco roto.[/cita]
Entonces, ¿no resulta lógico transformar una estructura con tantas consecuencias nefastas? Aunque la respuesta es obvia, llevamos años esperándola.
Quizá se requiere tiempo para desarrollar un proyecto complejo, sin embargo, cada día que el actual modelo de financiamiento se mantiene, también peligran otros componentes de la reforma.
Un estudio de Educación 2020 simuló el escenario financiero de los nuevos Servicios Locales de Educación (que administrarán la educación pública cuando se apruebe la desmunicipalización) y concluyó que, si bien los recursos comprometidos por la Carrera Docente y la Ley de Inclusión eliminan el déficit del sistema público, la mantención del modelo vía voucher reproducirá la inequidad financiera entre territorios. Al analizar los ingresos, gastos y matrícula de cada Servicio, se observa que las brechas en los recursos disponibles por cada estudiante podrían ser hasta de 23 veces.
Es esquizofrénico, hemos aprobado recursos para paliar la deuda que arrastra la educación pública, sin preocuparnos de modificar la estructura de financiamiento que la origina. Si no transformamos este modelo, los millones de la reforma en marcha pueden perderse en un saco roto.
Para reformar la educación chilena —entendiéndola como derecho y no como bien de consumo— es imperativo eliminar todos los pilares que sostienen el modelo de mercado educativo. Que quede claro: no hay reforma completa sin un cambio en el financiamiento de la educación escolar.
