Opinión
A partir de este modelo se puede sustraer una cantidad nunca vista en otros gobiernos de capital monetario de los trabajadores, legalmente y sin ningún contrapeso correccional y, de este modo, dinamizar el mercado con activos tangibles que no provienen ni de la especulación ni de inversores, sino directamente del bolsillo del trabajador. Esto, claro está, solo se puede lograr bajo regímenes de fuerza, donde la coerción impera más allá de la normalidad jurídica.
Según Luhmann, precursor de la Teoría de Sistemas, un sistema bien concebido es capaz de trascender las diferencias parciales y adaptarse a los cambios, políticos o sociales, sin perder su rasgo institucionalizado y, por tanto, es perfectible sin perder su esencia.
El debate producido a partir de las posibles modificaciones al sistema de AFP en Chile viene a demostrar que este, a partir de lo mencionado, no resiste crisis ni modificaciones, por el simple hecho de que no fue concebido como un sistema capaz de aportar al desarrollo y el bien común de la sociedad, sino que fue creado bajo un estado de excepción democrática (dictadura), y que no tenía por finalidad avanzar en el desarrollo de una modernización del sistema de pensiones que dejaba atrás, ya que fue concebido bajo otra naturaleza.
En efecto, a principio de los años 80 Chile vivía una profunda crisis económica, que, como indica Tomás Moulián en su ensayo Chile actual, anatomía de un mito, vino a sepultar el pequeño “milagrito económico” de finales de los 70, con un altísimo desempleo, una inflación por sobre los dos dígitos, y un producto recesivo que no veía luces de remontar. Bajo ese contexto, el Gobierno de entonces, asesorado por la “Escuela Monetarista de Chicago» (conocida en nuestro país bajo el apodo de los Chicago Boys), sugirió aplicar la así llamada “política económica de Shock” que, por una parte, buscaba revertir la recesión y mejorar la confianza de los inversores y, por otra, disminuir el riesgo país para conseguir préstamos que permitieran sortear la crisis.
[cita tipo=»destaque»]El experimento claramente dio sus frutos y resultó, y el sistema funciona hasta el día de hoy. Empero, como decíamos en un comienzo: ¿se puede llamar “sistema” a un entuerto creado bajo estados de excepción democrática, y destinado a tomar por la fuerza el dinero del trabajador bajo supuestos fines de modernización previsional?[/cita]
Es claro que el entonces ministro José Piñera enfrentó la creación del modelo actual de pensiones no solo como una forma de modernizar el sistema de reparto, confeccionando un modelo jamás aplicado en ninguna parte del mundo, bajo el amparo y justificación de aquella situación económica y el asesoramiento externo de los monetaristas. En otras palabras, el modelo de AFP no fue concebido como un sistema acotado a una modernización de un modelo agotado, sino, más bien, como una parte importante, si no pilar fundamental, de la “Política de Shock” destinada a sacar al país de la crisis.
Y esto es así si pensamos que, a partir de este modelo, se puede sustraer una cantidad nunca vista en otros gobiernos de capital monetario de los trabajadores, legalmente y sin ningún contrapeso correccional y, de este modo, dinamizar el mercado con activos tangibles que no provienen ni de la especulación ni de inversores, sino directamente del bolsillo del trabajador. Esto, claro está, solo se puede lograr bajo regímenes de fuerza, donde la coerción impera más allá de la normalidad jurídica.
El experimento claramente dio sus frutos y resultó, y el sistema funciona hasta el día de hoy. Empero, como decíamos en un comienzo: ¿se puede llamar “sistema” a un entuerto creado bajo estados de excepción democrática, y destinado a tomar por la fuerza el dinero del trabajador bajo supuestos fines de modernización previsional?
Se da uno por un lado, se quitan dos por otro. Tal parece que es la matriz de este sistema, que recibe ese nombre solo como título “honorario”.
