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Vacunas y políticas públicas: ¿existe realmente controversia?

por 13 octubre, 2016

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Las decisiones de las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Talca, que han paralizado la vacunación contra el virus del papiloma humano en un grupo de menores, entregan una nueva oportunidad para la aparición pública de voces antivacunas.

Lo que ha estado ocurriendo es que en situaciones de políticas públicas relacionadas con inmunizaciones, como el caso del timerosal en 2014, hay elementos que tienden a repetirse y, algunos de ellos, son realmente preocupantes.

Un elemento que constituye un dato es que para las nuevas generaciones las enfermedades prevenibles por vacunas ya no parecen una amenaza real, debido al progreso derivado del desarrollo de la medicina. El enorme daño que provocaban algunas enfermedades, como la polio, por ejemplo, ha quedado en el olvido justamente gracias al impacto y beneficio de las vacunas.

El amplio acceso a medios masivos de comunicación digital que no tienen filtros de calidad ha facilitado la difusión de información errónea o francamente falsa. La consecuencia de esto es que el número de personas que asumen conductas antivacunas ha ido aumentando.

Por otra parte, el desarrollo tecnológico también ha facilitado que el nuevo conocimiento se pueda comunicar de mejor manera al interior de la comunidad científica y que, por lo mismo, la evidencia sobre la cual hoy se va construyendo nuevo conocimiento en las ciencias médicas ya no sea la propia experiencia del profesional médico individual o de su equipo, sino que la evidencia que se produce en todo el mundo. De este modo, sobre la base del rigor científico, se va seleccionando la evidencia más sólida y es sobre esta que se van orientando las mejores prácticas sanitarias.

Cuando se trata de vacunas, son varias las etapas que se deben cumplir para demostrar que ellas son eficaces y que, a su vez, no representan riesgo para la salud de las personas. No es extraño, entonces, que las diversas sociedades científicas relacionadas con el tema de la vacuna contra el virus papiloma tengan una posición unánime de respaldo, pues la verdad es que no existe ninguna controversia científica al respecto.

La vacuna ha sido ampliamente estudiada, demostrándose su eficacia contra los tipos de virus papiloma que producen cáncer del cuello uterino; desde hace 10 años que la vacuna cuenta con la aprobación de la exigente agencia regulaloria norteamericana para alimentos y medicamentos (FDA por sus siglas en inglés); ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud; y en Chile, desde hace varios años que ha estado disponible en el sector privado para quienes pueden comprarla. Salvo dolor y enrojecimiento en la zona de inoculación, no se han detectado efectos adversos serios.

Desde una perspectiva de salud pública, no puede dejar de recordarse que las vacunas, al ser incorporadas como bienes públicos en los programas nacionales financiados por el Estado, son una de las herramientas más poderosas para reducir inequidades en salud, pues ponen al alcance de todas las personas que las necesitan intervenciones beneficiosas para la salud independientemente de su nivel de ingreso.

La brecha descrita entre la población y la comunidad científica requiere, sin dudas, mayores y mejores esfuerzos de comunicación. Entre quienes han opinado sobre la vacuna contra el papiloma ha habido algunos profesionales de la salud que lo han hecho sin estar al día respecto del tema, lo que no puede sino considerarse irresponsable. Para la opinión pública, cualquier persona vestida de bata blanca, aunque sea un dirigente gremial, tiene el mismo peso de opinión que el representante de una sociedad científica. Este tipo de opiniones genera confusión e incluso daño al entregar información errada. Lo menos que ocurre es que los medios de comunicación muestran esto como controversia cuando en realidad no es tal.

El problema más complejo, sin embargo, es institucional. Que representantes del Poder Judicial y del Parlamento no confíen en lo que, en forma unánime, la comunidad científica del país les informa, debilita la institucionalidad básica sobre la cual se construye la cohesión social.

El problema más complejo, sin embargo, es institucional. Que representantes del Poder Judicial y del Parlamento no confíen en lo que, en forma unánime, la comunidad científica del país les informa, debilita la institucionalidad básica sobre la cual se construye la cohesión social. Un reciente brote de sarampión en Rumania, con más de 600 casos y 2 muertes, es un triste recordatorio de la responsabilidad solidaria que necesitamos para mantener altas coberturas de inmunización que sean efectivas para proteger al conjunto de nuestra sociedad.

A nivel internacional, Chile es respetado por la credibilidad de sus instituciones de salud. Este es un activo que se ha construido sobre la base de un esfuerzo de toda la sociedad a lo largo de muchas décadas, pero que podemos perder rápidamente si no lo cuidamos y seguimos cultivando conductas que no son socialmente responsables.

En la comunidad científica, además de seguir contribuyendo a la generación de nuevo conocimiento, tendremos que esmerarnos en mejorar la comunicación con la población. Si los parlamentarios y representantes del Poder Judicial empiezan a confiar en las recomendaciones de sus científicos, seguramente la tarea se verá facilitada y nuestro país podrá seguir beneficiándose de logros sanitarios que nos enorgullecen y avanzando en mayores niveles de equidad.

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