Señor Director:
Los últimos estudios científicos publicados respecto a la crisis ambiental vivida en Chiloé (uno encargado por el Gobierno y el otro de Greenpeace), reconocen la existencia de niveles anormalmente altos de amonio (el cual es uno de los principales nutrientes de las algas marinas y además contiene nitrógeno, factor determinante en el crecimiento de estas) en las aguas, hecho que pudo haber tenido incidencia en los inusitados niveles de duración y extensión que experimentó la marea roja este año. Por tanto, desde un punto de vista científico, no es razonable descartar que el vertimiento de salmones muertos haya influido en incrementar la intensidad de este fenómeno. Pero más que un tema estrictamente científico, este es un tema intrínsecamente político. No es posible que Sernapesca haya autorizado un vertimiento con los niveles de toxicidad y volumen ya conocidos. Pero más inaceptable es que dicho órgano público no goce de los recursos económicos y humanos mínimos para realizar una labor profesional y acorde a la capital importancia que constituye su función. Aquí, evidentemente, estamos sufriendo las consecuencias de una negligencia estatal inexcusable al momento de fiscalizar, investigar y actuar con profesionalismo y firmeza ante una industria, que si bien ha traído beneficios económicos a nuestra zona, no se caracteriza por respetar al medio ambiente (el botar más de 4.000 toneladas de salmones muertos al mar por razones de “eficiencia” económica es fiel muestra de ello).
Esta conducta, lamentablemente, evidencia una ignorancia y desprecio absoluto por la misma naturaleza que generosa y gratuitamente le regala sus frutos. Es imperioso que tomen conciencia de que su comportamiento es extremadamente pernicioso y dañino con los recursos naturales que nos pertenecen a todos. Por ello es que necesitamos de un cambio urgente antes de que sea demasiado tarde, porque todo parece indicar que, desgraciadamente, estamos frente a la clásica filosofía rentista de estirar el elástico hasta que se corte. Lo que pase después no interesa, debido a que ya se obtuvo el máximo provecho posible. Por esta razón es que necesitamos políticas medioambientales serias, que efectivamente protejan nuestro entorno y que gocen del presupuesto necesario para implementarse.
Con ese propósito, es que sería esperanzador escuchar iniciativas de los parlamentarios de la zona, los cuales han brillado por su ausencia en el debate público. Seguir con las prácticas actuales implicaría un acto de menosprecio inadmisible a todos los que habitamos este hermoso lugar. El futuro de nuestro Archipiélago y su gente nos exige un mínimo de seriedad y compromiso.
Samuel Mandiola Lagos
Ingeniero Civil Eléctrico, Universidad de Chile y Magíster en Energías Renovables y Recursos Naturales, Universidad de Groningen
Tomás Mandiola Lagos
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile, tesista Magíster en Derecho Público UACH
