Como parece ser una tradición de fin de año, los resultados de la PSU han generado numerosos análisis y debates sobre los problemas del sistema educacional de nuestro país, en definitiva qué se esconden bajo los datos estadísticos. Parece también ser tradición, a estas alturas, que la crítica se concentre en los aspectos que acusan las brechas socioeconómicas entre estudiantes, y que a su vez, revelan las desiguales oportunidades que padecen a lo largo de su trayectoria formativa.
No obstante, el foco atiende a los desafíos que surgen en lo inmediato, como el acceso a las carreras universitarias o el derecho y cobertura de la gratuidad, elevando escasamente la mirada a su problemática global. Y es ésta la que debería abordarse si lo que se espera es resolver tales desafíos en el largo plazo.
Parece haber una contradicción que subyace a conceptos tan fundamentales del sistema como lo que entendemos por Educación y Universidad. Si bien desde los discursos se promueve la idea de una educación inclusiva y de una universidad diversa y de acceso universal, las prácticas de selección y medición académicas mantienen, en cambio, una señal que indica que la universidad no es para todos o que, al menos, ni ésta ni la educación son para todos por igual.
La PSU reconoce como méritos prioritarios la adquisición de conocimientos y habilidades científicas y academicistas, herramientas valiosas para el aprendizaje en áreas profesionales tradicionales, pero no exclusiva ni necesariamente fundamentales para todo programa de formación superior. Las universidades se orientan, por su parte, a captar y admitir a los estudiantes con mejores puntajes, sin plantearse espacios de real diversidad. Después de todo, gran parte de las becas, aportes fiscales y el mismo acceso a la gratuidad exigen un porcentaje de alumnos con 450 puntos PSU o más. Puntaje que el 44% de los egresados de la educación municipal no alcanzó este año, por lo que tenderán a postular a universidades pluralistas, cuya condición, paradójicamente, se suele cuestionar.
La contradicción radica en lo que declaramos promover -la oportunidad universal de acceso a la educación superior- y los límites que le imponemos. Como país, el debate no está cerrado: ¿Es la universidad una instancia de excelencia o se trata de un nivel educacional que es derecho de todos?
Si la opción que promovemos es la segunda, no basta con solucionar la instancia de admisión a la universidad, con iniciativas como la gratuidad. Tampoco podemos plantear sólo políticas reactivas, que fragmentan el problema al disociar los niveles del proceso educacional, cuando éste es uno solo. En fin, el foco no puede centrarse en el acceso a la educación superior, pues las brechas no se generan entonces, sino que culminan allí, habiéndose originado en la primera infancia, el nivel preescolar y los primeros años de enseñanza básica. Y el problema, en tales niveles, ya no es de acceso, sino de calidad. Atendiendo a ella, podemos aspirar a un mejorar globalmente el sistema educacional, culminando a nivel superior con universidades que, garantizando su excelencia académica, se abran al mismo tiempo a la posibilidad de un acceso y de una formación verdaderamente universales.
María Gabriela Huidobro, Decana Facultad de Educación, Universidad Andrés Bello
