Señor Director:
Concuerdo con lo señalado por don Rodrigo Ortiz ex subdirector de gestión de riesgos de la ONEMI; no obstante, considero que la falta de voluntad política y de empatía social de los actores ha sido un factor determinante. Al respecto, existe una planificación aceptable con relación a las eventuales medidas tendientes a prever con oportunidad la ejecución de medidas de mitigación frente a eventuales catástrofes como el incendio en cuestión u otras de similar connotación pública, lo que evidentemente no se condice con los recursos disponibles para una operación que se precie de tal.
En ese orden de ideas, resulta imprescindible que el Estado recurra al empleo de la totalidad de los medios disponibles para salvaguardar a la población. Es en ese contexto, en el cual las fuerzas armadas, parecen ser las llamadas a constituir un pilar fundamental en emergencias como la comentada, se requiere bastante más que una planificación carente de la posibilidad de ser ejecutada. La ausencia de recursos, no solo constituye una respuesta tardía, sino lo que es más grave aún, es una acción temeraria e irresponsable cuando no hay equipamiento ni entrenamiento que asegure con un nivel aceptable de probabilidad cumplir las tareas asignadas.
En consecuencia, parece imperativo asignar a las fuerzas armadas roles específicos frente a acontecimientos como incendios de gran magnitud, terremotos, tsunamis u otras catástrofes, en las cuales sea posible emplear la capacidad de acción de dichos medios tal como lo hacen las Unidades Militares de Emergencia en España, cuyos integrantes dependen en su totalidad de las instituciones de la defensa nacional; lo propuesto no desnaturaliza en absoluto el rol de las organizaciones armadas, ya que son sus mismos textos doctrinarios, que bajo diferentes denominaciones, reconocen entre sus roles fundamentales su contribución a la sociedad.
Lo anterior, implica necesariamente la asignación de recursos materiales en concordancia con las responsabilidades que deberán asumir, para lo cual estarán obligados a diseñar y ejecutar los programas de entrenamiento que permita desarrollar la capacidad demandada, paralelamente a las funciones que hoy cumplen; ello, será evidencia de la polivalencia que exige la sociedad actual a estas organizaciones y particularmente en nuestra realidad nacional.
Carlos René Galdames Gaytán
Director de G&S Consultores Asociados
