La discusión sobre infancia en Chile, expresada hasta ahora en medios de prensa escritos o de índole audiovisual se ha reducido a un diálogo entre especialistas de formación jurídica o de índole clínica, principalmente en ciencias como la psicología y psiquiatría, adquiriendo con ello, una dimensión fundamentalmente técnica del problema. Así pues, como efecto de lo anterior, el fenómeno de la infancia ha versado su comprensión, tanto en términos de una categoría jurídica (vulneración de derechos), o en términos clínicos (una infancia como paciente). En suma, una reducción analítica que deja entrever, la perfecta funcionalidad entre mecanismos disciplinarios por un lado, e intervenciones científicas y terapéuticas de otro. Sin embargo, no es tarea de nuestra reflexión, analizar aquí las consecuencias de la imbricación de las ciencias humanas y el poder jurídico, sino que más precisamente, reflexionar sobre el peligro de lo que hemos denominado “la peligrosidad de las políticas de infancia SENAME”.
La proliferación del incipiente debate no ha logrado prosperar, debido a que éste se ha visto eclipsado por la lógica de partidos políticos, entre los cuales, se advierte a la Democracia Cristiana, con una alta culpabilidad política, ya que ha cooptado a su antojo, la principal institucionalidad vigente del país, a saber, el Servicio Nacional de Menores dentro de la administración del Ministerio de Justicia. Ello, ha producido diversas interpelaciones y recriminaciones gubernamentales, entre las que cabe señalar, las impugnaciones de la UDI a la DC, las denuncias del ex parlamentario DC Rene Zaffirio, el mediático llanto de la diputada comunista Camila Vallejo, entre otros anecdóticos episodios del problema. En resumen, -podríamos decir-, hasta aquí, que cuando el problema de la infancia en Chile, ha tendido a la politización, éste ha adquirido un tímido avance mediático frente a la opinión pública, a través de instancias de anuncios ministeriales, en el que principalmente se asoman cuestiones presupuestarias, las cuales, revelan el estado de precarización de las políticas públicas de infancia.
El Informe Anual de Derechos Humanos 2009 de la Universidad Diego Portales, informa que desde el año 2008 se produjo en Chile, un estancamiento de la política de desinternación impulsada por SENAME, en la que tras de incipientes esfuerzos de reducción de internados se pretendió sustituir masivamente estos últimos, debido a que “afectan negativamente el desarrollo de los niños, por centros de baja cobertura y diseño familiar tal como lo recomiendan los expertos y exigen los estándares internacionales de protección a la infancia”.(Informe Derechos Humanos UDP, 2009)
En virtud del dato otorgado por dicha casa de estudios, la institucionalización de niños (as) y jóvenes en el actual contexto jurídico debe ser siempre la última medida de coerción legal. Si bien, se trata de una experiencia traumática de desarraigo, así como de constante crítica respecto de su uso y aplicación, ésta debe necesariamente desmitificarse, debido al carácter benigno que pretende instalar como estrategia proteccional estatal, pues debe ejercerse como una acción ética, mentada a la consecución de una relación medio-fines y por consiguiente, nunca como un fin en sí misma. Así pues, la internación y encierro infantil, pese a que otorgan un contexto de satisfacción mínima de necesidades materiales, es evidente que impone una realidad multiproblemática escasamente estudiada en nuestro país, en la que la subjetividad de los niños y niñas depende en gran medida de la capacidad de gestión y experticia del profesional a cargo.
[cita tipo=»destaque»]La vida infantil en sí, es gobernada y administrada por un poder racional incesante que produce la muerte. Ejemplo de ello, son las altísimas cifras de niños SENAME condenados y confinados punitivamente por la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, cuya trayectoria delictual es altamente influyente en las estadísticas de Gendarmería de Chile, configurando un sujeto delincuente, altamente dañado biopsicosocialmente al mismo tiempo que profesionalizado en su expertise criminal.[/cita]
La ausencia de una legislación específica en materia proteccional de derechos de la niñez, así como de salud mental, instalan la necesidad de un debate, -ya no tan sólo jurídico de ethos garantista-, sino que estrictamente biopolítico, esto es, qué tipo de niños, niñas y jóvenes se pretende desarrollar, proteger y defender de la sociedad, o más precisamente, qué tipo de niños(as) se pretende hacer vivir o dejar morir. En nuestra opinión, el Estado de Chile, a través de la implementación del dispositivo SENAME, ha incurrido en profundos procesos de administración gubernamental de la infancia. Tal perspectiva filosófica, ha sido advertida por el antropólogo Didier Fassin, quien ha señalado que: “No es tanto el poder sobre la vida lo que está en juego, sino el poder de la vida en sí. Si Foucault designó a la primera como biopoder, la segunda puede ser llamada biolegitimidad, es decir, el reconocimiento de aquello que Walter Benjamin denomina “el simple hecho de vivir” (Lemm 2010; 32).
A modo de ejemplo, según datos oficiales otorgados por el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, las lesiones autoinflingidas en los casos de suicidio juvenil, son la segunda causa de muerte prevenible. Ello, a pesar que se ha objetivado en la literatura científica, la necesidad de implementación de programas preventivos en el ámbito escolar.
Nuestra hipótesis en este sentido es enteramente biopolítica, pues la dimensión de la muerte en las políticas de infancia, se encuentra inexorablemente ligada al estado de abandono que los niños padecen mientras son desprotegidos y desprovistos de la biolegitimidad dominante. En tal sentido entonces, es posible señalar críticamente que la producción masiva de la muerte de más de mil niños del SENAME, no representa un fenómeno ni azaroso ni mucho menos inadvertido para la burocracia y tecnocracia, sino que es parte de una racionalidad de gobierno de lo que al Estado le interesa producir como vida, dejando morir, prolongando la vida o llevándola hacia la muerte cuando lo considera necesario. La muerte como tal, es posible de fabricarse de múltiples formas y para ello, no es necesaria la impersonalidad del exterminio, pues el poder de la gubernamentalidad se ejerce de otros modos. Por ello, en nuestra opinión, no es que los esfuerzos gubernamentales sean precarios e insuficientes, pues de facto lo son. De manera que, la vida infantil en sí, es gobernada y administrada por un poder racional incesante que produce la muerte. Ejemplo de ello, son las altísimas cifras de niños SENAME condenados y confinados punitivamente por la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, cuya trayectoria delictual es altamente influyente en las estadísticas de Gendarmería de Chile, configurando un sujeto delincuente, altamente dañado biopsicosocialmente al mismo tiempo que profesionalizado en su expertise criminal.
En efecto, es relevante explicitar que en nuestro país, en lo que respecta al estado del arte de las políticas de infancia de carácter psicosocial, y en particular, de los proyectos administrados por el Servicio Nacional de Menores y de sus organismos colaboradores acreditados, que en primer término, la implementación de sus proyectos no cuentan con modelos de gestión que evalúen empírica y externalizadamente el impacto de sus intervenciones programáticas en forma real, pues la gran mayoría de éstas, se realiza a través de procesos de autoevaluación de los mismos equipos interventivos. En segundo lugar, es pertinente señalar, que dichas políticas, carecen de estudios investigativos basados en evidencia científica, positiva y/o empírica.
A lo sumo, se han considerado en algunos casos, experiencias comparadas de política pública de países avanzados en los que las diferencias culturales, de gestión, de per cápita, y en resumen, del tipo de capitalismo, nos advierten de diferencias abismales de índole estructural, las cuales, terminan por desconcentar a los interventores de trato directo, instalándoles una profunda decepción y autocomplacencia, que en algunos casos, deja entrever una importante cuota de nihilismo.
Lo anterior, es particularmente significativo, no por el hecho de que exista de nuestra parte, la intención de situar en las ciencias sociales, una hegemonización de paradigmas positivos y de prácticas estandarizadas, pues sería francamente absurdo, sino que a nuestro juicio, -y en estricta consideración de las graves problemáticas acontecidas en los últimos años-, se torna irresponsable y hasta insoportable, la definición de proyectos de alta complejidad infantil, a partir de intuiciones artísticas, percepciones, sentimientos, malas prácticas y planes de intervención en los que no existe una racionalidad claramente política de los procesos de intervención de la psique y el cuerpo de los niños(as). Con ello, nos interesa señalar un llamado de atención y de responsabilidad para que en las venideras discusiones sobre infancia, el uso de la razón sea portadora de una actitud crítica de la ciencia y de los gobiernos.
