Asumido el gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría, éste se propuso como objetivo “situar al centro de sus políticas públicas a la infancia, creando un sistema de protección integral que beneficiará en la vida de cerca de 4 millones de personas menores de 18 años”. La idea era buena en sus inicios, más si consideramos que con posterioridad revivió toda la crisis del SENAME y la inexcusable negligencia del Estado de Chile frente a la protección de la infancia vulnerada, habiendo muertes, abusos, maltrato, discriminación y abandono en los más vulnerables.
Todo lo anterior, tuvo como consecuencia necesaria que la opinión pública y la sociedad pusieran el foco -como nunca antes- en los niños. Para cumplir con todo ello, el gobierno ideó una agenda legislativa basada en 11 proyectos de ley prioritarios para resguardar y proteger institucionalmente a los niños. Lamentablemente, a menos de 10 meses para que termine el mandato de la Presidenta Bachelet, la prioridad tan clara comunicacionalmente, en los hechos, ha sido completamente deficiente, sólo han sacado una ley. Y ha sido deficiente con las restantes 10 iniciativas legales en un triple sentido: de un modo ausente; ineficiente; e incompleto.
Ausente porque el ejecutivo comprometió un proyecto de ley que modificaría la ley N° 19968 sobre Tribunales de Familia; otro que modificaría la ley N° 20032 que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de subvención; y uno que implementaría dispositivos locales de protección. A más de tres años del gobierno, nada de ello siquiera se ha ingresado para su tramitación.
Ineficiente porque existen proyectos como la reforma integral al sistema de adopción presentada por el ex Presidente Sebastián Piñera el año 2013, el cual inexplicablemente ha sido dilatado por el actual gobierno encontrándose en la misma comisión y en el mismo trámite constitucional que hace 4 años. Asimismo, en cuanto a la supresión del SENAME y la creación de un servicio de protección y otro de reinserción social que fueron ingresados recientemente y respecto de los cuáles no ha existido movimiento alguno, la Presidenta Bachelet demoró más de 3 años en el ingreso de ambos proyectos, omitiendo por completo que ya existía una iniciativa legal sustancialmente similar del ex Presidente Sebastián Piñera del 2012 que fue tramitada hasta enero del año 2014 y que llegado el actual gobierno se dejó de lado absolutamente.
[cita tipo=»destaque»]Así las cosas, luego de la cuarta cuenta pública de la Presidenta Bachelet, la prioridad legislativa en la infancia ha sido -sin lugar a dudas- tremendamente deficiente, su efectividad ha sido inferior al 9% a pocos meses de culminar el mandato, esto, sin contar con los cuestionamientos de fondo a algunas de estas iniciativas. En palabras simples, sólo buenas intenciones para los niños pero nada de acciones concretas.[/cita]
Incompleto porque hay iniciativas que ya se encuentran en su segundo trámite constitucional, pero que aún no contienen lo que comprometieron. Así por ejemplo el proyecto que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, en el mensaje, señalaba que para asegurar los derechos que consagra la iniciativa, “se establecería una acción especializada y de tramitación rápida, que permitirá exigir a los órganos del Estado, la prestación de los servicios que deben otorgar legalmente, cuando el acceso a ellos haya sido negado o limitado afectando los derechos del niño”. Sin embargo, no existe nada a la fecha. Asimismo, el propio proyecto pretende establecer una protección administrativa y judicial, sin embargo fue la propia Corte Suprema la que solicitó “suspender la tramitación en aquellos aspectos de este proyecto de ley especialmente indeterminados, hasta que no se cuente con la totalidad de las propuestas legales que darán forma completa al sistema que se pretende incorporar en nuestro ordenamiento jurídico”.
Por otro lado, en plena tramitación se encuentran la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la Subsecretaría y la iniciativa que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo para niños víctimas o testigos de delitos. Sólo la iniciativa que sanciona penalmente el maltrato infantil ya es ley vigente.
Así las cosas, luego de la cuarta cuenta pública de la Presidenta Bachelet, la prioridad legislativa en la infancia ha sido -sin lugar a dudas- tremendamente deficiente, su efectividad ha sido inferior al 9% a pocos meses de culminar el mandato, esto, sin contar con los cuestionamientos de fondo a algunas de estas iniciativas. En palabras simples, sólo buenas intenciones para los niños pero nada de acciones concretas.
