Una de las innovaciones más llamativas de la reforma electoral fue la inclusión de la cuota en la inscripción de las listas de candidatos a fin de promover el aumento de mujeres en el Congreso y avanzar, así, en equidad de género. El chileno exhibe un magro porcentaje de legisladoras: apenas 16%. ¿Por qué en ese poder del Estado, podrían preguntarse algunos? Sucede que la presencia de mujeres en las asambleas legislativas se considera como el más claro de la igualdad política de género de un país. Para potenciarla, además, fue acompañada de incentivos para que los partidos contemplaran a las mujeres en la conformación de sus plantillas parlamentarias en todos los distritos y circunscripciones del país. Por eso, además de obligarlos a introducir-a lo menos-un 40% de mujeres en las listas nacionales de candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado (si no se cumplía esta disposición, la lista del partido no podría competir), fueron incluidas una serie de medidas económicas: un pago adicional por voto obtenido por cada candidata (0,01 UF más las 0,03 UF del que se hace entrega por concepto de devolución del gasto electoral), así como el pago de 500 UF para el partido, por mujer electa. Dichos montos deberán ser destinados a la promoción futura de liderazgos femeninos. Vale aclarar que las cuotas son de carácter temporal, es decir, sólo hasta las elecciones de 2029. A la base, descansa el supuesto de que cuatro procesos electorales serán suficientes para producir los cambios culturales que permitirán, posteriormente, prescindir de ellas.
Otro de los cuerpos legales modificados fue la Ley de Partidos Políticos la que, además de incorporar normas de paridad en los cuerpos intermedios, otorgó un 10% de recursos públicos destinados a financiar-de manera permanente-las actividades de los partidos políticos con el fin único y exclusivo de formar y promover mujeres al interior de dichas instituciones.
Luego de la inscripción de las listas electorales en el Servel, es posible constatar que la meta de la cuota fue cumplida casi por la totalidad de los partidos que compiten en el escenario de la elección de 2017, cuadriplicando el porcentaje histórico de candidatas. Dado lo inédito del proceso de cuotas en Chile, resulta de importancia no pasar por alto algunos fenómenos, observados tras bambalinas. Salvo alguna que otra honrosa excepción, la mayoría dan cuenta del (ab)uso que los partidos hacen del mecanismo, bien por no haberlo tomado con suficiente seriedad, bien para acomodarlo a sus interees estratégicos:
– Un medio ambiente hostil
Los partidos son instituciones que funcionan con una cultura propia. Pese a la existencia de marcos formales emanados de la Ley de Partidos Políticos así como sus propios estatutos, funcionan a su interior un conjunto de prácticas de carácter informal, institucionalizadas en el tiempo, que adoptan configuraciones excluyentes.
Durante este proceso, pese a existir una ley de primarias abiertas, muchos partidos optaron por realizar lo de siempre: intensos procesos de negociación política. Dichos espacios se han configurado, por larga data, como privativos para unos pocos considerados «expertos», que se manejan con códigos específicos para sentarse a negociar con “la venia» dirigente de turno. La especialización de dicha tarea, la que algunos vienen ejerciendo desde inicios de la transición, excluye a las mujeres, quienes tienen escasa o nula injerencia durante la confección de las listas parlamentarias. Algunos estudios han demostrado que, cuando de transmitir dicha «habilidad negociadora» se trata, los elegidos para su aprendizaje son siempre hombres.
– La abdicación por parte de los órganos de decisión política internos
La Ley de Partidos Políticos reconoce la instancia del cuerpo colegiado intermedio nacional y regional como espacio legitimador de las grandes decisiones políticas. No obstante a ello, si bien se realizaron Juntas Nacionales, Comités Centrales y Consejos Nacionales, éstos acabaron por entregar a las mesas directivas y a las comisiones políticas la facultad para decidir sobre las listas parlamentarias de acuerdo al tenor de la negociación política. Tal como fue descrito en el párrafo anterior, los grupos negociadores fueron los encargados de construirlas, sin mayor escrutinio, validándose luego en instancias que actuaron como “legitimadoras”.
– Las redes familiares vs. la meritocracia
[cita tipo=»destaque»]Debiera contemplarse que el Servel tenga recursos para ejercer una fiscalización implacable de las actividades formativas orientadas a la promoción de liderazgos femeninos, máxime porque se sustentan en financiamiento público. En segundo lugar, una vez realizado el análisis de elegibilidad post elecciones, será necesario evaluar la posibilidad de avanzar en listas cerradas, bloqueadas y con mandato de posicionamiento. Dicha vía es la que la experiencia comparada muestra como la más efectiva para reforzar la elegibilidad de las candidaturas femeninas.[/cita]
El informe Desiguales, dado a conocer en fecha reciente por el PNUD afirma que, frente a la constante reproducción de las elites, la meritocracia termina siendo un mito. Por tanto, no resulta casual que también el terreno de la selección de candidaturas permita constatarlo, a pesar de que algunos expertos anticipan que el nuevo sistema electoral permitirá una renovación inédita del Congreso. La prensa ha venido anticipando cómo se repiten apellidos en los nuevos desafiantes, resultando llamativo (aunque no sorpresivo) que importantes caudillos instalen a hijas, sobrinas, parejas y parientes, de modo improvisado (o no), en las listas parlamentarias. De esta forma, se fue bloqueando la entrada a otras mujeres aspirantes, pero sin el “linaje” que aporta en política el apellido. La elite no trepida en reproducirse y utiliza, para estos efectos, también medidas como las de acción afirmativa lo que lleva a preguntarse de qué se habla cuando se habla de renovación política.
– Ausencia de espacios de entrenamiento de candidatas
“No comenzaremos el entrenamiento político hasta que se decidan las listas”. Esa fue la respuesta constante que se dio para evitar articular un programa permanente de entrenamiento político. A pesar de que la norma fue promulgada con suficiente antelación, lo que se vio en los partidos fue dejar todo para última hora, recurriendo a una improvisada búsqueda de mujeres para “completar las listas”. A ello hay que sumar el que, para «evitar roces» al interior de los partidos, se optó por hacer capacitaciones de “medio pelo” y escuelas bajo el rótulo formal de «formación política”. Se priorizó cumplir con el ritual de la actividad, pero sin mayor foco en la calidad de la misma y menos en la entrega de habilidades y competencias para la contienda electoral. Esta situación deja en evidencia las debilidades de las propias militantes y, aún más, las de las áreas de la mujer al interior de los partidos dado que no lograron organizarse y presionar por un entrenamiento serio, consistente y efectivo.
– La violencia de género como mecanismo de exclusión política
Durante el proceso de conformación de las listas electorales, afloró la referencia a la «violencia contra la mujer en política». Concretamente, en el caso de Natalia Castillo acusando a Alberto Mayol en la disputa por el distrito 10. Se ha reprochado la acusación como excesiva. Aunque podamos conceder que su utilización por parte del Frente Amplio puede haber rayado la banalización, no debe oscurecer un hecho concreto: la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión tan cruciales como los de negociación de las listas, concentrados en manos de unos pocos que suelen ser hombres, a lo que se suman descalificaciones hacia aquellas que tienen aspiraciones de carrera política y que llevan años trabajando en sus distritos. El rango va desde tratarlas como «trepadoras» y «ambiciosas» hasta desmerecerlas por ser «poco competitivas electoralmente» o «carecer de mérito para ser candidatas». Un porcentaje de mujeres incluidas en las listas fueron utilizadas como moneda de cambio para negociar. El fenómeno de la violencia política en razón del género es definido como «prácticas de violencia psicológica y física sobre las mujeres candidatas y/o electas», ejercidas principalmente por líderes masculinos de los partidos políticos. Mucho de lo visto durante el proceso de selección califica, sin exageración, como parte de dicho fenómeno.
– El diseño de la lista o cómo boicotear la efectividad de la cuota
La decisión de mantener la lista abierta para escoger a los representantes del Congreso hará que la cuota de género resulte menos efectiva de lo que se espera. Además de excluir a las candidatas competitivas, hay que sumar el hecho de que algunas mujeres incumbentes decidieron ir “acompañadas” de otras mujeres excesivamente débiles para “asegurar”, de esta forma, su escaño en la próxima elección. Aunque se quiso superar la lógica del binominal, ésta logra sobrevivir en la nueva ingeniería electoral. Cada coalición o pacto conforma una lista, la cual se divide en pequeñas sublistas conformadas por los partidos políticos que integran el pacto. La competencia se acrecienta, pues cada candidato/a debe ganar dentro de la sublista y, a su vez, ésta debe ganarle a las otras, para obtener el escaño. Si se llevaron ternas y duplas débiles, es altamente probable que él o la incumbente de turno que decidió “asegurarse” pierda el escaño por conformar una lista (subpacto) débil.
– Conclusiones y desafíos
Durante el proceso de elaboración de las listas, se escucharon frases sorprendentes como la del presidente del Partido por la Democracia, Gonzalo Navarrete. Afirmó que las cuotas debieron ser «progresivas». Al parecer a dicho dirigente no le parecen suficientes los más de veinticinco años que las mujeres de Chile han debido esperar para disponer de medidas como las cuotas, ampliamente difundidas en el mundo y con probado éxito en el objetivo de aumentar la representación descriptiva femenina. Por otro lado, vistas las dificultades que los partidos encontraron durante el proceso, el senador Andrés Zaldívar recomendó una revisión de la norma la que, efectivamente, podrá analizarse de manera más integral cuando estén a la vista los resultados de las urnas.
Por lo pronto, y dado que se alzaron voces objetando la complejidad de la ingeniería de la reforma electoral, es probable presumir que habrá revisiones. En el caso de las cuotas, que tanto esfuerzo supusieron para el movimiento de mujeres, no es admisible flexibilización que suponga retrocesos sino más bien lo contrario. Debiera contemplarse que el Servel tenga recursos para ejercer una fiscalización implacable de las actividades formativas orientadas a la promoción de liderazgos femeninos, máxime porque se sustentan en financiamiento público. En segundo lugar, una vez realizado el análisis de elegibilidad post elecciones, será necesario evaluar la posibilidad de avanzar en listas cerradas, bloqueadas y con mandato de posicionamiento. Dicha vía es la que la experiencia comparada muestra como la más efectiva para reforzar la elegibilidad de las candidaturas femeninas.
En último lugar, todo este esfuerzo será improductivo si no se asiste a una toma de conciencia de la situación de infravaloración que las mujeres mantenemos, como grupo al interior de los partidos y que no se supera porque una u otra llegue, esporádicamente, a la dirección de alguno. Es cierto que los dirigentes son renuentes a entregar a las mujeres oportunidades de tener poder pero difícilmente se lucha contra ello si se acepta ser tratada «acompañante». La debilidad se acreciente porque, en esta oportunidad, las mujeres actuaron de manera atomizada, aún sabiendo que la acción colectiva y la construcción de alianzas es la única estrategia efectiva para avanzar en derechos.
