Nuestro país está pasando por una importante transición de la matriz energética hacia energías renovables no convencionales (ERNC). Las ERNC se están expandiendo extraordinariamente rápido, excediendo las predicciones anteriores. Como resultado, se espera que el país cumpla antes con su meta del 2025 de generar el 20% de su electricidad a partir de estas fuentes.
Por otra parte, Chile se ha convertido en uno de los primeros países del mundo con mercados libres de subsidios, donde los proyectos renovables compiten directamente con otras fuentes convencionales. Las condiciones favorables del mercado y las reformas políticas exitosas fueron claves para fomentar este desarrollo de energía renovable. Aunque el país ha logrado un crecimiento sustancial en la inversión en energía renovable en períodos de tiempo relativamente cortos, este optimismo debe ser tratado con precaución. Una transición exitosa requiere una combinación de una clara toma de decisiones, políticas gubernamentales persistentes y consistentes, y un compromiso claro para abordar los desafíos de integración de las ERNC en el sistema de eléctrico.
Algunos centros o instituciones nacionales, tales como el SERC-Chile, THEMSYS (UAI-Earth) y la CORFO mediante alguno de sus programas estratégicos, se han preocupado de estos temas. Un ejemplo claro de ello es el reciente artículo titulado “Renewable energy transition: a market-driven solution for the energy and environmental concerns in Chile”, de los autores S. Nasirov, C. Agostini, C. Silva, G. Caceres y publicado por la revista Clean Technologies and Environmental Policy (2017), donde dejan claramente establecido que Chile se compromete a emprender la transición hacia un sistema de energía con bajas emisiones de carbono.
Sabemos que a nivel mundial la rápida expansión de las ERNC, como fuentes principales de energía en esta transición, se debe principalmente a los avances tecnológicos que han reducido su costo y también a la creciente conciencia ambiental de la población. En el caso de Chile, existen factores adicionales que han fomentado las inversiones en ERNC. Más específicamente, el aumento en el consumo de energía, la alta dependencia energética de fuentes externas, el creciente costo de la energía importada y el fracaso de grandes proyectos de energía debido a preocupaciones ambientales han jugado un papel positivo y significativo.
[cita tipo=»destaque»]En conclusión, la fuerte dependencia de las importaciones de energía fósil con precios volátiles y la creciente oposición ambiental y social a los proyectos mega-energéticos, han ejercido una presión significativa sobre el gobierno chileno para comenzar a considerar alternativas fuentes de energía. Una transición efectiva requiere una buena combinación de toma de decisiones clara, consistencia en las políticas gubernamentales, planificación a largo plazo, un compromiso para abordar los desafíos de transmisión, gestión y sobre todo tomar en cuenta los impactos socio-ambientales como cualquier desarrollo industrial que se quiera desarrollar localmente.[/cita]
Otro factor importante en la transición energética de Chile es la creciente preocupación socio-ambiental que enfrentan los grandes proyectos tradicionales de energía. Dado el papel que desempeñan los recursos naturales en la economía, las decisiones políticas generalmente han priorizado el crecimiento económico por encima de cualquier preocupación ambiental y social. Durante la última década, el sector eléctrico en Chile experimentó una expansión muy rápida de la infraestructura energética que involucró la construcción de grandes plantas de energía, principalmente diesel y carbón. Las decisiones clave de política detrás de estas expansiones se basaron en dar una alta prioridad al crecimiento económico, mientras que las preocupaciones ambientales y sociales se percibieron principalmente como un factor restrictivo. En los últimos años, las comunidades, los inversionistas y el gobierno han chocado con las evaluaciones de evaluación de impacto social y ambiental (EIA) de grandes proyectos de energía.
En nuestro país, las políticas de protección ambiental se establecieron por primera vez a mediados de la década de 1990, cuando se aprobó una ley ambiental (n° 19.300). Esto fue en parte el resultado de la presión externa de los organismos de financiación multilaterales y bilaterales y las organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Sin embargo, el país todavía enfrenta el desafío de fortalecer su marco legal, así como desarrollar su capacidad organizativa para abordar los impactos ambientales potencialmente significativos de los grandes proyectos de energía y las actividades industriales.
Además, hay un creciente cuestionamiento del proceso de toma de decisiones para la aprobación de proyectos de energía, ya que las personas sentían que los espacios para la participación efectiva eran inadecuados y que la distribución de costos y beneficios era injusta. De hecho, esto es cierto para la mayoría de los grandes proyectos de energía que se completaron con éxito, como las presas Ralco y Pangue en el río Bio-Bio (720 y 450 MW respectivamente) en la década de 1990, y algunos pospuestos o cancelados, como los Barrancones planta de carbón (540 MW) en 2010 y este año el mega-complejo hidroeléctrico HidroAysen (2750 MW) en la Patagonia.
En conclusión, la fuerte dependencia de las importaciones de energía fósil con precios volátiles y la creciente oposición ambiental y social a los proyectos mega-energéticos, han ejercido una presión significativa sobre el gobierno chileno para comenzar a considerar alternativas fuentes de energía. Una transición efectiva requiere una buena combinación de toma de decisiones clara, consistencia en las políticas gubernamentales, planificación a largo plazo, un compromiso para abordar los desafíos de transmisión, gestión y sobre todo tomar en cuenta los impactos socio-ambientales como cualquier desarrollo industrial que se quiera desarrollar localmente.
