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Migrantes en Chile: desde la posverdad a la política del enemigo

por 1 marzo, 2018

Migrantes en Chile: desde la posverdad a la política del enemigo
La política del inmigrante como enemigo se ha traspasado hoy hacia un ideario social marcado por el populismo. La base de aquel es, precisamente, la desinformación. Pero su fondo es uno distinto: ante un sistema injusto, competitivo y segregador, reaccionamos ante la impotencia de la resolución de las problemáticas de la vida social con rabia mal dirigida. La enfocamos contra el débil, en este caso el ajeno, quien busca en tierra nueva, lejos de su familia y zona de confort, un mejor vivir. Nos indigna que se le dé espacio al extranjero en materias de educación, vivienda o salud, pues “debe darse prioridad al chileno”, en vez de cuestionarnos un modelo económico que entrega nuestras riquezas al empresario extranjero, en vez de plantear un nuevo modelo que garantice los derechos sociales a toda la población frente a la usura del mercado.
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Chile es, hoy, el país en que proporcionalmente más creció la inmigración en Latinoamérica. Según el informe Coyuntura Económica en América Latina y el Caribe, de la Cepal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de mayo del pasado año, entre los años 2010 y 2015 la población de inmigrantes en nuestro país aumentó, en promedio, 4,9% por año.

La migración como tal, en Chile, no es una novedad. Lo que sí, conlleva al menos dos períodos históricos:

El primero, un período de “Colonización Dirigida”, de mediados del siglo XIX hasta 1973, con “Ley de Colonización” de 1845. En este ideario, se concretó una política estatal que promovió la migración desde un enfoque restrictivo, orientándose, preferentemente, a la ocupación de territorios que no se encontraban habitados en nuestro país. Así, se seleccionaron ciertas nacionalidades buscando el mestizaje con los colonos, para así “mejorar la raza”. Hubo una serie de incentivos económicos para que llegaran las personas deseadas, tanto desde la entrega de tierras, elementos para el cultivo, como el no pago de contribuciones, además, por supuesto, de la entrega de la nacionalidad chilena.

Pero ello se rompe con la dictadura militar. Asistimos al segundo gran período sobre la migración en Chile, denominado período de la “Doctrina de Seguridad Nacional”.  Se dicta la denominada “Ley de Extranjería”: el Decreto Ley 1.094 de 1975. Esta se levanta bajo tres ejes que definen el paradigma migratorio que actualmente configura la normativa vigente: 1) la amenaza, 2) la amplia discrecionalidad del Poder Ejecutivo para decidir sobre la población migrante, y 3) un fuerte control de las fronteras (externas e internas). Esta es la ley que actualmente rige en materia migratoria en nuestro país.

No obstante, la estabilidad política aparente del sistema nacional, y el estándar de calidad de vida comparativamente superior a nuestros pares en Latinoamérica, han hecho de Chile un destino relevante para personas que buscan un mejor vivir para ellos y sus familias, sobrepasando la institucionalidad al respecto. Eso sí, desde la citada mirada restrictiva, nunca estuvimos realmente preparados para el fenómeno migratorio actual.

Desde esta posición, se ha develado una serie de mitos que solo han hecho proclive la pronunciación de discursos de odio, muchas veces creados a partir del conflicto político: se ha buscado instalar el ideario del inmigrante como en enemigo ya no en la órbita de lo legal, sino en lo propiamente social.

Se visualiza al inmigrante como aquel que quita el trabajo al nacional, aquel que viene a delinquir, aquel que –desde lo que se puede llamar la posverdad– tiene prioridad en el sistema educativo, de salud e incluso habitacional. Todo, por supuesto, en detrimento de los chilenos y chilenas. Todo, por supuesto, desde información maleable al interés de nacionalistas y una casta política a la que le es útil políticamente el discurso populista, viendo en el eco que genera un haber importante en términos de masa votante. Solo basta asistir a las altas votaciones de Trump o Marine Le Penn, ¿no?

Repasemos, entonces, algunas ideas que desde quienes creemos en la justicia social, no podemos dejar de exponer y defender.

1. El control migratorio al ingresar

Vale aclararlo: no existe política alguna que entregue cuantiosas sumas de dinero al Ejecutivo por recibir migrantes, ni, de contraparte, subsidios desorbitantes a migrantes para ingresar a Chile. Hablamos, entonces, de dos tipos de ingresos: uno regular (mediante visas o pasaporte) y otro de carácter irregular (es decir, eludiendo el control fronterizo preferentemente por tierra).

Desde esta posición, se ha develado una serie de mitos que solo han hecho proclive la pronunciación de discursos de odio, muchas veces creados a partir del conflicto político: se ha buscado instalar el ideario del inmigrante como en enemigo ya no en la órbita de lo legal, sino en lo propiamente social. Se visualiza al inmigrante como aquel que quita el trabajo al nacional, aquel que viene a delinquir, aquel que –desde lo que se puede llamar la posverdad– tiene prioridad en el sistema educativo, de salud e incluso habitacional. Todo, por supuesto, en detrimento de los chilenos y chilenas. Todo, por supuesto, desde información maleable al interés de nacionalistas y una casta política a la que le es útil políticamente el discurso populista.

Gran parte los migrantes que ingresan de forma irregular lo hacen bajo la figura del tráfico de migrantes por el norte de nuestro país. Inescrupulosos que les cobran altas cantidades de dinero para ingresar, asegurándoles un ingreso regular, para luego abandonarlos a su suerte en la frontera, dándoles instrucciones de cómo ingresar por el desierto. Muchas veces, con vejaciones de todo tipo: maltratos físicos y psicológicos, estafas, abusos, violaciones. La gran mayoría de aquellos, luego de dicho ingreso, se autodenuncia a la PDI y se mantiene con firma mensual en ella a la vez que se le dicta su orden de expulsión.

2. La expulsión a migrantes en situación irregular

El Ministerio del Interior tiene como política expulsar a migrantes que han cometido delito. Esto lo puede hacer, pues es una facultad discrecional del mismo. Expulsa a quienes cometan delitos graves, como tráfico de drogas, trata de personas, contrabando, tráfico de armas, y todo acto que se oponga “a la moral y las buenas costumbres”. Es más, puede (y lo hace) expulsar a migrantes que se considere, desde dicho órgano del Ejecutivo, que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile “sin constituir carga social”.

Además, previa delegación de facultades en las intendencias, estas expulsan a extranjeros que han hecho ingreso a Chile por un paso no habilitado o de forma clandestina. La mayoría de aquellas expulsiones proviene de las intendencias de Arica y Parinacota, Tarapacá y Santiago. Muchas de ellas son revocadas debido a dos criterios: migrantes que han constituido una familia en Chile, o migrantes que se encuentren con contrato de trabajo. Es decir, “que no constituyan una carga social para el país”.  No es cierto que no existen políticas de expulsión a extranjeros. Ellas se realizan día a día e, incluso, la gran mayoría de ellas, adoleciendo de carencia de legalidad en su forma o fondo.

3. La escolaridad

Según el citado informe de la CEPAL y la OIT, el 79% de los inmigrantes que llega a Chile lo componen personas calificadas con más de 10 años de formación. Otro estudio, de la Amuch, señala –sacando a menores de edad– que el 59,9% de los inmigrantes posee educación básica y media y un 37,5% cuenta con educación superior.  No obstante, la mayoría trabaja en puestos de empleado, asesora del hogar, obrero o vendedor. ¿Y en relación con los nacionales? La encuesta CASEN 2013 muestra que inmigrantes poseen en promedio 12,6 años de escolaridad, 1,9 años más que los chilenos.

4. Delincuencia

Según el boletín de Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros de 2015, 5.415 de estos pasaron por el sistema judicial chilenos al ser aprehendidos por las policías, lo que equivale al 1,1%. Esto no quiere decir –por cierto– que hayan sido condenados. Lo relevante es que ese mismo año 2015, si 5.415 estuvieron aparentemente involucrados en delitos, 5.648 inmigrantes fueron víctimas de alguno. Es decir, la población inmigrante en Chile se constituyó, como grupo, mayormente en víctima que victimaria.



Por otro lado, según la PDI, los denunciados en 2015 que involucran a extranjeros llegaron a 4.299, lo que equivale al 0,3% del total de denuncias registradas ese año a nivel país por la Fiscalía Nacional (1.288.526).

5. La supuesta prioridad en los derechos

Toda persona migrante en Chile paga impuestos, los mismos a que –según corresponda– está afecto quien lea esta columna. Desde el típico IVA a, por ejemplo, el impuesto a la renta, si corresponde. Además, según el DEM, un 73,8% de los migrantes trabaja en Chile, por lo que deben cotizar en AFP y Fonasa.

Quienes ya han sido beneficiarios de dos visaciones temporarias, pueden obtener la visación definitiva. Aquellas personas ya tienen su residencia fija en Chile, y son titulares de los mismos derechos y obligaciones que todo nacional. Para migrantes irregulares (que, insistimos, pagan los mismos impuestos que cada uno de nosotros y nosotras), sin documentación que acredite visa en Chile (solo pasaporte), la situación es más compleja por la serie de impedimentos administrativos.

Así, lo que se ha hecho es dictar circulares que hacen, por ejemplo, que los servicios de salud deban entregar atención primaria obligatoria, programas sin distinción a chilenos o extranjeros a menores de 18 años, y la protección y tratamiento a mujeres embarazadas. Se trata, entonces, de cuestiones humanitarias básicas, sobre todo en protección de la vida del que está por nacer y de niños y niñas, los mismos que se claman como bandera de lucha en casos como los derivados del Sename o de “conmoción nacional”, como el lamentable caso de Emilia Silva.

Esto sin considerar que no debiésemos siquiera hacer aquella distinción, pues nuestro país asegura a toda persona los mismos derechos por el solo hecho de serlo. Y así corresponde que sea.

 6. Chilenos en el extranjero, inmigrantes en Chile

Para las últimas elecciones presidenciales, se estimaba que cerca de 900 mil chilenos vivían en el extranjero. La población migrante en Chile es cercana a las 450 mil personas. Es decir, por cada persona inmigrante en nuestro país, dos nacionales viven en el extranjero. Así, se estima que cerca del 4% de la población en el país corresponde a extranjeros, mientras que los países de grandes migraciones tienen entre un 12% y un 13%.

La política del inmigrante como enemigo se ha traspasado hoy hacia un ideario social marcado por el populismo. La base de aquel es, precisamente, la desinformación. Pero su fondo es uno distinto: ante un sistema injusto, competitivo y segregador, reaccionamos ante la impotencia de la resolución de las problemáticas de la vida social con rabia mal dirigida. La enfocamos contra el débil, en este caso el ajeno, quien busca en tierra nueva, lejos de su familia y zona de confort, un mejor vivir. Nos indigna que se le dé espacio al extranjero en materias de educación, vivienda o salud, pues “debe darse prioridad al chileno”, en vez de cuestionarnos un modelo económico que entrega nuestras riquezas al empresario extranjero, en vez de plantear un nuevo modelo que garantice los derechos sociales a toda la población frente a la usura del mercado.

Ciertamente, aquello es la demostración de que tal discusión sigue siendo de élite. Mientras continuamos con aquellas premisas, en los sectores más desprotegidos se acrecientan las contradicciones que hacen proclive la germinación de ideas de carácter fascista. La educación no es la única herramienta. Dar respuestas concretas y prontas desde los sectores transformadores, sí.

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