Ley de convivencia vial: la fórmula no explorada de rebaja del gasto público

El 14 de maro de 2018 el Senado rechazó el informe de la Comisión Mixta que buscaba acercar posiciones entre senadores y diputados, respecto al proyecto que modifica la ley de tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte. En particular, la propuesta de norma que regula velocidad máxima a 50 km/h en zonas urbanas (norma que aplicándose de manera adecuada protegería a usuarios vulnerables como peatones y ciclistas) no fue aceptada. El argumento general para su rechazo es el siguiente:

1. Los municipios tienen la facultad de rebajar la velocidad.
2. La tecnología de los vehículos está muy avanzada. (Ver justificación entregada por senador García-Huidobro)

En el entendido que los senadores que rechazaron dicha normativa sí quieren proteger a los usuarios vulnerables de las vías, particularmente a los peatones, pero no de la manera sugerida, me quiero referir a tres elementos que contradicen la oportunidad de sus dos aseveraciones.

[cita tipo=»destaque»]Es claramente posible que los senadores que rechazaron la norma tengan una propuesta legislativa que promueva la importación de vehículos con esta tecnología o similares, y todo lo anterior haya sido un simple malentendido.[/cita]

• En Chile, efectivamente la posibilidad de que los siniestros de tránsito y sus consecuencias bajen puede provenir de la decisión de municipios de bajar los límites de velocidad en sus territorios. Sin embargo y sin excepción, las graves consecuencias de los siniestros de tránsito tienen repercusiones en el presupuesto del gobierno central. Primero, los servicios de atención de urgencia para atender traumatismos derivados de estos eventos corresponden al Ministerio de Salud. Segundo los gastos policiales y costos judiciales son todos competencias del gobierno central. De acuerdo con análisis realizados por académicos de la Universidad de Chile (Reyes Lorca et al 2016), estos costos le significaron al Estado chileno solo para el año 2014 US$ 940.247.320. Si el gobierno actual y los senadores que representan su posición, quienes fueron los que rechazaron dicha norma, siguen interesados en evitar que el gasto público crezca, entonces deberían aceptar el beneficio asociado a esta norma.
• Una de las políticas públicas comúnmente defendidas por representantes que rechazaron la norma para “atacar la delincuencia” es mayor vigilancia policial. Más allá de la efectividad de esta medida, resulta completamente ineficiente desde este punto de vista mantener el gasto policial para atender siniestros de tránsito (la cual además puede ser atendida con mayor eficacia a través de la introducción de radares automáticos), en el entendido de que dichos recursos podrían estar siendo utilizados para llevar a cabo una de sus políticas más defendidas.
• Finalmente, Chile importa vehículos con estándares de seguridad diversos y cuyos avances tecnológicos son heterogéneos. Dichos estándares varían de acuerdo con el país importador. Cifras de las Asociación Nacional Automotriz de Chile del 2015sugieren que al menos 40% de los vehículos importados a nuestro país provienen de países cuyos diseños no ha considerado la protección del peatón ante un siniestro de tránsito. Dicho estándar está establecido en el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos, y referido como protección al peatón (GTR N°9). Es claramente posible que los senadores que rechazaron la norma tengan una propuesta legislativa que promueva la importación de vehículos con esta tecnología o similares, y todo lo anterior haya sido un simple malentendido.