Señor Director:
Después de cinco años de demandas y promesas, al fin se aprobó en nuestro Senado la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Una buena noticia para los científicos y para el país.
Sin embargo, hay un punto que inquieta sobremanera a la comunidad científica, a las Universidades y, en general, a los inventores emprendedores que requieran fondos del Estado para el patentamiento de sus desarrollos. Me refiero a la forma en cómo quedó el artículo sobre propiedad industrial, que establece que si la persona o institución, que recibió recursos estatales, logra comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad industrial, deberá restituir el 100% de los fondos asignados y una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos obtenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial.
En la práctica este artículo puede constituir una traba al patentamiento y a la transferencia tecnológica porque, además de encarecer la comercialización de una invención, transforma al Estado en un inversionista que exige retribución más que en un impulsor de políticas de innovación.
Es de esperar que, en este año que tiene el Presidente para dictar el Decreto de entrada en funcionamiento del Ministerio, se corrija esta importante distorsión.
Eduardo Molina V.
Socio Villaseca Abogados – Especialista en Propiedad Industrial
