Opinión
Esta columna delinea algunos desafíos estructurales para un movimiento de mayorías que reivindique la necesidad de hacer política tomando en consideración las diferencias entre capital y trabajo.
En Chile, la tasa de sindicalización es bajísima (12%), la negociación colectiva aún menor (8%), no se permite la negociación ramal y no existe un derecho efectivo a huelga. En un escenario tan desolador se podría afirmar con justicia que las preocupaciones estructurales son de segundo orden y que lo importante sería focalizarse en las demandas más urgentes y básicas: Cómo pensar en el sindicalismo del siglo XXI, cuando nuestras relaciones laborales apenas han llegado al siglo XX.
Sin embargo, la historia de los movimientos sindicales en el mundo ha mostrado que, contra lo que el sentido común podría presuponer, los movimientos que han empujado simultáneamente por las demandas coyunturales y estructurales han sido los más exitosos. Para que un proyecto que busca democratizar la economía, haciéndose cargo de las desigualdades entre capital y trabajo, sea exitoso, este debe combinar demandas para hoy, como el mejoramiento de las condiciones laborales inmediatas, y para mañana. En particular, uno de los principales desafíos del socialismo democrático en el siglo XXI es repensarse para hacerse cargo de la necesaria alianzas supra clase. Volver a reconocer que la distribución de la riqueza no es aleatoria, sino que el 1% más rico de una sociedad capitalista, siempre y sin excepción, recibe su ingreso de las rentas del capital, no solo tiene importancia para políticas redistributivas de la riqueza, sino que es importante también para la visión de democracia que se postula. Conlleva reivindicar la redistribución de poder entre trabajo y capital. Pero un socialismo democrático para el siglo XXI no puede ser calcado del siglo XX. Una discusión sobre la distribución democrática del poder tiene que tomar en cuenta las crecientes diferencias entre trabajadores calificados y no calificados, la proliferación de microempresarios y trabajadores autoempleados: ese 99% es mucho más complejo y diverso que en el siglo XX
En un proyecto como el descrito, son múltiples las áreas en las que urge avanzar para tener una propuesta estructural más sólida. En esta columna trataré el tema de la organización.
[cita tipo=»destaque»]La falta de sindicalización en Chile, sin duda, se explica principalmente por la naturaleza de las relaciones laborales establecidas en nuestra legislación, pero, dado este contexto adverso, la forma en que nuestra Central Unitaria de Trabajadores se organiza no ayuda. Un desafío de mediano plazo para todas las fuerzas progresistas debería ser pensar en una nueva reforma orgánica de nuestra CUT. Ahora que estamos cerca de una nueva discusión sobre salario mínimo, la mayoría del debate se centrara en los resultados de esta negociación, pero quizás casi tan importante como estos sean las formas en que se lleve a cabo la negociación. No da lo mismo cuanto participen en las discusiones y cómo se decida si se aceptan o no los términos que ponga el gobierno. Desde ya –¿por qué no?– esperemos que la actual directiva de la CUT sea la última en ser electa sin voto directo.[/cita]
Se ha estudiado bastante la relevancia de las estructuras organizacionales, tanto en movimientos sociales como organizaciones partidarias. Estas pueden ordenarse de formas más jerárquicas u horizontales, centradas en militancias de mayor o menor nivel de compromiso, con mecanismos centralizados o atomizadas para la toma de decisión y con representantes electos de forma directa o indirecta. Es difícil afirmar que alguna de estas formas de organización sea intrínsecamente mejor a otra (aunque algunos lo han intentado). Sin embargo, es innegable que este aspecto marca profundamente las potencialidades de un grupo humano. En particular, afecta, por un lado, su capacidad de ejercer presión coordinada sobre otros sectores de la sociedad y, por otro lado, su capacidad de convocatoria y reclutamiento de nuevos adherentes. Históricamente, en la izquierda partidaria y en las organizaciones sindicales ha predominado las formas de organización jerárquicas, con alguna combinación de representantes electos directa e indirectamente y decisiones tomadas de forma centralizada. Este modelo de organización, denominado “partido de masas”, tenía como premisa la idea de que el partido o sindicato representaba un segmento claramente establecido de la sociedad. El partido u organización social era un “comité” que actuaba en nombre de ese segmento de la sociedad, y su programa y legitimidad provenía directamente desde los militantes de base, que delegaban en el comité su ejecución.
En la mayoría de las democracias de occidente las organizaciones de masa empezaron a sufrir varias alteraciones en sus estructuras, especialmente a partir de los 90´, a medida que dos fenómenos empezaban a cristalizarse con cada vez más fuerza: el desalineamiento de clase y el desalineamiento partidista. El primero hacía referencia a que cada vez se observaba menor relación de lealtad entre la pertenencia de clase y la votación de partido o la afiliación a las organizaciones sociales. Era cada vez menos claro que las clases trabajadores tuvieran una relación preferencial con los partidos y espacios de socialización tradicionales del movimiento obrero. El segundo, el desalineamiento partidista, se mostraba con una aparente paradoja en que un parte importante de la población parecía cambiar su votación de partido, entre elección y elección, sin presentar lealtades estables con organización sociales o partidistas. En parte motivados por estas nuevas conductas electorales, los antiguos partidos de masa modificaron sus estructuras. Los partidos se volvieron más “flexibles” tanto en los segmentos de la sociedad a los que buscaban representar, como en las políticas que buscaban empujar. Surge con fuerza la noción del político como un profesional que busca “leer a la sociedad” y sintonizar con un “votante medio”, con el fin de ganar poder. El partido comienza a concebirse como una entidad móvil, especializada en campañas de llegada masiva. La idea de la “militancia” se vuelve secundaria, a medida que el foco se resitúa en un votante “blando” que no siente una particular identidad con el partido.
Este nuevo modelo de organización tiene dos formas de expresarse: la organización-empresa y la organización-horizontal. En el modelo organización-empresa se restringe el control que tenía la base de militancia, que se vuelva poco relevante e incluso contra-productiva el quehacer del político. Las elecciones se vuelven batallas asimilables a competencias por el control del mercado político, a través del marketing y la construcción astuta de discurso, en busca del “votante medio”, con un ordenamiento interno de-facto asimilable a la jerarquía de una empresa. La otra forma, la horizontal, se manifiesta con menor jerarquía en las estructuras internas de la organización. La intermediación de las estructuras internas, los espacios de delegados locales, regionales y nacionales, donde los activistas hacían sentir su peso, desaparecen o se vuelven marginales. En su lugar solo existe un liderazgo central, muchas veces constituyendo su liderazgo a partir de la fuerza en los medios de comunicación y redes sociales, y una vasta y atomizada base de afiliados, con bajo nivel de compromiso. Este modelo se suele completar con la posibilidad de que el liderazgo central convoque a los adherentes para realizar referéndum que le dan legitimidad a sus decisiones. En mayor o menor medida, estos dos modelos han impregnado a casi todas las organizaciones sociales y partidistas.
Mientras los partidos y movimientos sociales han experimentado estos cambios en su organización interna, que han llevado a replantearse nuevas dificultades y oportunidades, ¿qué ha ocurrido con las organizaciones sindicales? Sorprendentemente poco. Los sindicatos y federaciones de sindicatos de hoy se parecen mucho a los de comienzos del siglo XX (y en algunos casos a los de finales del siglo XIX). Esto no sería necesariamente algo negativo. El sistema de elecciones mediante delegados, con tomas de decisión centralizadas, basado en una militancia (o afiliados, en el caso de sindicatos) de alto nivel de compromiso tiene importantes ventajas. Este es el sistema más efectivo para ejercer presiones sobre otros sectores de la sociedad. Sin embargo, esta alta efectividad en esta dimensión viene a un alto costo: es, también, el mecanismo menos efectivo en el reclutamiento de nuevos adherentes a la organización. Esta dificultad de reclutamiento se ha visto acrecentada por los cambios en el mundo de trabajo que ha traído el reciente desarrollo capitalista. En particular, en vista de los desafíos que trae un mundo del trabajo cada vez más precario y heterogéneo, la tradicional noción del “afiliado” tiene que reconcebirse, si es que alguna vez se espera llegar a porciones más importantes de la sociedad y eso debe venir de la mano con cambios en la organización, incorporando mayores espacios de toma de decisión directa por parte de los miembros, entre otras medidas.
En definitiva, lograr organizar al 99% implica generar organizaciones que apelen al trabajador sindicalizado tradicional y al nuevo trabajador autoempleado en trabajos precarios, “uberizados” o convertido en “microempresario” o PYME por medio de la externalización de servicios. Trabajadores que se caracterizan por cambiar de oficio varias veces en sus vidas y desempeñarse en tareas sin compartir espacio físico con compañeros de trabajo. Implica, también, lograr hacer sentido a las crecientes capas medias profesionales, que buscan de una organización un espacio de expresión democrática con mínima intermediación y que desconfían de las estructuras tradicionales de organización. En definitiva, un sindicalismo de mayorías. Si bien la fórmula exacta de organización dependerá de las discusiones propias de los involucrados, es probable que una mezcla del tradicional formato de las organizaciones de masa, con nuevas formas de participación directa sea una forma eficaz de conjugar las potencialidades de ambas, en una tensión constructiva.
La falta de sindicalización en Chile, sin duda, se explica principalmente por la naturaleza de las relaciones laborales establecidas en nuestra legislación, pero, dado este contexto adverso, la forma en que nuestra Central Unitaria de Trabajadores se organiza no ayuda. Un desafío de mediano plazo para todas las fuerzas progresistas debería ser pensar en una nueva reforma orgánica de nuestra CUT. Ahora que estamos cerca de una nueva discusión sobre salario mínimo, la mayoría del debate se centrara en los resultados de esta negociación, pero quizás casi tan importante como estos sean las formas en que se lleve a cabo la negociación. No da lo mismo cuanto participen en las discusiones y cómo se decida si se aceptan o no los términos que ponga el gobierno. Desde ya –¿por qué no?– esperemos que la actual directiva de la CUT sea la última en ser electa sin voto directo.
