Opinión
El tema de la seguridad en nuestro país va adquiriendo creciente importancia en la medida que los umbrales de criminalidad se elevan persistentemente. De modo sostenido, las semillas de escenarios muy duros aparecen en nuestro entorno y, aunque lentamente, las autoridades parecen tomar conciencia de ello e intentan generar contramedidas que se aprecian como oportunas.
Tenemos narcotráfico y la presencia de carteles en Chile, homicidios asociados a los conflictos entre ellos, la penetración de esos carteles en instituciones de control reclutando a su personal, bandas familiares asociadas a la expansión del micro tráfico, clonación de instrumentos mecanismos e instrumentos financieros que afectan a instituciones bancarias con pérdidas de importantes sumas de dinero y tenencia de instrumentos digitales. En materia de delincuencia común tenemos una expansión que parece irrefrenable, con aparición de bandas que presentan un significativo desarrollo en el tipo de golpes criminales, métodos, selección de blancos y recursos. A ese catálogo, se debe agregar el surgimiento de formas importantes de corrupción en instituciones claves en la lucha contra el crimen, que las convierte en objetivos deseables en donde el crimen organizado aspira a obtener apoyo, logística, información, cobertura.
Los organismos de control deben luchar contra todo esto. Pero los delitos se mantienen y se expanden, crecen, evolucionan, se perfeccionan, se internacionalizan, y lo que es peor, su funcionamiento en nuestra sociedad se naturaliza, tal como ocurre en otros países donde los miles de asesinatos cada mes ya forman parte de la vida cotidiana, asimilados desde la indiferencia.
[cita tipo=»destaque»]El país dispone de instituciones dedicadas a la contención de la criminalidad, otras dedicadas a impartir justicia, a sancionar las trasgresiones a las normas, un gobierno responsable de diseñar y poner en funciones políticas públicas estratégicas para la contención de esta criminalidad. Se supone que todos están haciendo su trabajo coordinadamente, pero los resultados esperables siguen ausentes.[/cita]
La violencia se convierte, entonces, en la manera más eficaz y directa en la resolución de conflictos, aumentando la intensidad en el uso de elementos letales.
Tal descripción parece catastrófica, pero no lo es tanto. Si le ponemos cifras incluso se hace menos alarmante. Lo que sí resulta intimidante, es que están presentes en él todas las expresiones que, en otros países, los han llevado a crisis extremas que lograron desestructurar la vida social, dañar gravemente el funcionamiento de las instituciones y la consolidación y la convivencia social como en México, Colombia, o Guatemala, por ejemplo.
El caso de Chile
El país dispone de instituciones dedicadas a la contención de la criminalidad, otras dedicadas a impartir justicia, a sancionar las trasgresiones a las normas, un gobierno responsable de diseñar y poner en funciones políticas públicas estratégicas para la contención de esta criminalidad. Se supone que todos están haciendo su trabajo coordinadamente, pero los resultados esperables siguen ausentes.
Una mirada atenta, despojada de compromisos políticos o clivajes ideológicos, debiera percibir varias dificultades para el despliegue de la política pública. Los primeros, la escasa coordinación interinstitucional, las contradicciones metodológicas, y la competencia entre ellas.
Hace ya más de seis años que se pretende poner en funciones un Banco Unificado de Datos. El gasto hasta ahora alcanza algo así como tres mil quinientos millones de pesos. Pero nunca ha cumplido el propósito para el cual fue creado en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cual era permitir el intercambio de información entre todas las instituciones mencionadas. Las instituciones no entregan a ese Banco de Datos la información indispensable para modelar los escenarios delictivos y servir de apoyo al despliegue operativo policial y de inteligencia. Comparten información incompleta, errónea o falsa lo que invalida el instrumento.
Esta incapacidad de coordinar actividades contra el crimen organizado, lo que se busca superar en la Mesa de Seguridad del Gobierno, es manifiesta. Existe una constante complejidad no solo de gestión de inteligencia sino que incluso ha llegado a extremos de provocar enfrentamientos y fallecidos en el personal policial.
Los datos e informaciones son los insumos básicos relevantes para alcanzar apreciaciones e interpretaciones en el ámbito de la inteligencia estratégica y policial. Sin ellos, se corre el peligro de caer en subjetividades y por lo tanto en tergiversaciones en el producto final y luego en las acciones derivadas de él. Crea condiciones para que existan las operaciones huracán, por ejemplo.
Ocurre que nadie en estas instituciones desea compartir tales datos ni menos los resultados y, menos aún, la imagen de eficacia derivada de la asertividad operativa. Las lógicas de ganadores y perdedores han penetrado hasta los actores que ejercen el control táctico y estratégico en la contención del crimen y en las apreciaciones nacionales.
La confianza es un elemento central en los procesos de coordinación en la producción de inteligencia. Sin ella no es posible intercambiar insumos que completen los procesos de análisis. En nuestro medio ello no ocurre. En algunos casos se logran coordinaciones acotadas a la relación entre analistas enfrentados a casos comunes, pero no existe una voluntad institucional para compartir información de un modo serio y efectivamente productivo.
¿Cómo resolver un problema de tal naturaleza?
Nos enfrentamos a un problema endémico y no se ha podido avanzar en la superación de éste.
Hasta ahora hemos escuchado propuestas que nos muestran el peor modo de hacerlo: delatar a quien no esté cumpliendo con la necesaria coordinación entre los organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia (SIE). En las propuestas de reformulación del Sistema actualmente en discusión se indica lo siguiente:
“Para el logro de estos fines, se le otorgará al SIE una orientación y conducción estratégica, con objetivos y metas comunes a sus integrantes y se incrementará la capacidad de producir inteligencia de Estado en todos los actores y niveles del Sistema, haciendo obligatorio un modelo colaborativo, en el que se establecerán sanciones para quienes no cumplan con el deber de contribuir con información al SIE y guardar el debido secreto de la misma”.
Entonces, el Director de alguna de las instituciones que forman parte y que se supone interactúan al interior del Sistema, podrá denunciar a otro organismo por no cumplir con la coordinación esperada, por no cumplir las demandas de información. Podrá delatar al infractor ante el conductor estratégico, en este caso, al Presidente de la República que es quien desea dirigir todo el proceso. Es fácil comprender cual sería la posición de ese Director delator ante a la comunidad de inteligencia, después de haber hecho uso de tal prerrogativa y la dificultad de encontrar a alguien capaz de asumirla.
La construcción de confianza
La confianza entre instituciones que trabajan en la producción de inteligencia o hacen uso de estos insumos, como hemos dicho, es clave para potenciar las capacidades. Ahora, introducir a la fuerza y bajo amenaza de sanciones, un ambiente colaborativo, es un error de magnitud estratégica.
Quienes han pensado algo así, desconocen completamente cómo funciona un Sistema Nacional de Inteligencia, al cual, peor aún en la última propuesta, se le han agregado nuevas instituciones, demás de las que ya lo conformaban.
La confianza se construye en el tiempo, es parte de intercambios simétricos entre quienes la practican y requiere de una densidad de intercambios y evaluaciones regulares que constituyen una costumbre institucional valorada mutuamente.
Ello resulta de una conducción muy profesional y de gran experiencia en la valoración de las culturas organizacionales que sostienen las operaciones, de un conocimiento profundo respecto de los consensos organizativos internos y las sinergias que operan al interior de una comunidad, en especial de las que conforma el Sistema que se pretende construir y mejorar pero que inicialmente se expresa como un escenario fragmentado. La reiteración de conductas positivas entre los organismos eficientemente coordinados genera escenarios positivos. La práctica indica que ningún coordinador estratégico en nuestro medio, ha logrado avanzar en la disolución de la competencia mal entendida y nociva entre organismos.
Por lo mismo, se requiere mucho más que una Mesa de Trabajo para la seguridad pública. Los organismos que componen el sistema decomisan, detienen, elaboran y presentan estadísticas, gráficos pero la delincuencia avanza, particularmente el narcotráfico. En la composición de la mesa no se observó la presencia de expertos ni personas de gran experiencia, tampoco analistas de nivel académico que aportaran categorías sustantivas de análisis sobre el tema de la criminalidad y la articulación entre sus diversos aspectos.
Mientras tanto, se espera con gran interés las propuestas que el gobierno envíe al Parlamento para su discusión. Un texto que esté a la altura de los requerimientos actuales, con propuestas consistentes que emanen del alto profesionalismo, la experiencia y el interés público, antes que nada. Que se invoque el apoyo de estos especialistas de amplia y profunda visión y que se diseñe más allá del interés de un gobierno, más allá del corto plazo que impacta en las encuestas, con una visión de país moderno que se dice que somos.
