Opinión
La migración es un fenómeno antiguo cuyas características y masividad han variado y se han acentuado en los últimos años. Hay que distinguir entre emigrar e inmigrar, el primero es un derecho humano universal, nadie puede ser impedido de dejar su país si así lo desea; inmigrar no es un derecho humano, es decir, una persona no tiene derecho a exigir ser admitida en otro país a su elección. El potencial receptor podrá conceder o no ese privilegio de acuerdo a sus leyes y políticas.
Un problema muy complejo en que la moral y la necesidad pueden chocar, es la calificación legal de quienes son y quienes no son elegibles para inmigrar a un país determinado. Por ejemplo, parece razonable que un país no acepte delincuentes y personas que no quieran ajustarse a sus leyes; sin embargo cuando se incorporan asuntos como la raza (color) y la religión, surgen complejidades difíciles de resolver.
Si un país no tiene minorías étnicas o religiosas y no quiere introducir en su sociedad a un grupo que conflictuaría con el resto de la sociedad, ¿tendría la obligación de aceptarlos?; pero ¿podría rechazarlos sin ofender a la moral y la compasión?. ¿Es factible y aceptable recibir personas por un lapso y luego expulsarlas?. Otro aspecto complejo es el que la legislación no sea la aplicación oculta -“legal” pero no menos cierta- de prejuicios o racismo.
Al analizar nuestra reciente y actual experiencia nacional encontramos que estos aspectos pueden estar presente en nuestras expresiones y acciones, personales y sociales. En esta columna no las consideraré pero dejo en claro que ellas existen, son reales y debemos incorporarlas al análisis del problema.
Dicho lo anterior, parece evidente que los Estados deben tener un marco legal claro que regule la entrada y permanencia de extranjeros, turistas, trabajadores temporales, inmigrantes etc., explícito y que se cumpla sin excepciones, única forma de satisfacer las necesidades de justicia tanto hacia los extranjeros como hacia los nacionales.
En nuestro caso, esta necesidad inicial e ineludible de tener y hacer cumplir la legalidad vigente, -en particular en el caso de los inmigrantes haitianos- ha sido vulnerada por el Estado y por el Gobierno y lo peor, esto ha sido ocultado y escondido por quienes debían sacarlo a la luz: el Gobierno, la Justicia y la Prensa.
La considero una “conspiración”, porque se ajusta al significado de esa palabra: Conspirar significa «unirse en secreto acuerdo con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito» y considero que la autora es Bachelet porque ella tuvo conocimiento del delito, lo ocultó, incumplió su obligación legal de dar cuenta a la justicia y ordenar su investigación y que hay razones para considerar que lo hizo para su beneficio personal.
El día 16 de diciembre de 2018, en el capítulo 34 del programa Mesa Central del Canal 13 de televisión, Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Bachelet, informó que:
Un ilícito penal es un acto que atenta contra el ordenamiento jurídico del Estado y los funcionarios públicos como sus servidores y representantes deben velar por el respeto a tal ordenamiento.
El Código Procesal Penal en su artículo 175 dispone quienes y cuando deben denunciar obligatoriamente los delitos que conozcan o se enteren:
“Los funcionarios públicos pueden ser testigos o tomar conocimiento de hechos que pudieran revestir el carácter de ilícito penal y la denuncia debe efectuarla en el término de 24 horas desde que tomó conocimiento del hecho”.
“La obligación acarrea sanciones al funcionario público cuando ha tomado conocimiento del ilícito en ejercicio de sus funciones. En el evento que el funcionario público no haga la denuncia respectiva puede ser objeto de dos tipos de sanciones: a) de orden penal, que se traduce en una falta que es sancionada con una multa y; b) de orden administrativo, que se traduce en la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias que la ley indica”.
Estarán obligados a denunciar:
“a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones;
La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.”
El problema es que nadie, absolutamente nadie denunció un posible delito que todos los chilenos estábamos viendo a diario y en todo el país.
El incesante desfile de “turistas” haitianos que llegaban en vuelos de Law, en horas de la noche y la madrugada, con sus sobres amarillos con el dinero y los contratos y reservas hoteleras falsas era evidente e inocultable, sin embargo, la prensa nunca se dio por enterada ni investigó con seriedad una anomalía inocultable, peor aun, después de la declaración pública del ex Canciller Muñoz, tampoco hubo comentarios ni preguntas.
Estos silencios y complicidades configuran una conspiración organizada y dirigida por una voluntad decidida a mantener oculto el delito.
Coetáneamente, la ex presidente Bachelet postulaba al cargo de Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH, y el problema de la migración y su transformación en derecho humano universal y exigible estaba en debate global. No es aventurado considerar que permitir la entrada de un grupo de inmigrantes de alta visibilidad e impacto noticioso contribuyó a fortalecer sus méritos para el cargo.
Nos encontramos ante la necesidad de exigir el cumplimento de la ley y de sancionar a quienes la infligieron abiertamente. No es posible, por el prestigio de nuestro país y de la institución Presidencial, continuar simulando que nada ha pasado y que Chile (su Gobierno) no se hace cargo de la vulneración deliberada y reiterada de las leyes de inmigración chilena y de graves daños y perjuicios a las víctimas de la estafa, por parte de sus mas altas autoridades.
