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Zonas de sacrificio y salud pública: más que un debate una deuda pendiente

por 24 septiembre, 2019

Zonas de sacrificio y salud pública: más que un debate una deuda pendiente

Crédito: Agencia EFE

Tanto el incendio en la Amazonía como la crisis medioambiental de Chonchi y de todos los "Chonchis" que podríamos enumerar en nuestro país, responden a los efectos “secundarios” de un sistema que ha priorizado la rentabilidad y el crecimiento a corto plazo, olvidando que lo barato cuesta caro y que son los sectores más vulnerables de la población, los que habitan en la periferia, los pobres, los niños y las niñas, las poblaciones indígenas, quienes ven actualmente, y en un futuro próximo y lejano, afectadas su vida cotidiana y su salud.
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El desastre de Amazonía remece e inquieta al mundo entero y a la vez nos muestra lo voraces que pueden ser ciertas opciones políticas y económicas, si se tiene en cuenta que la prensa señala que parte de los incendios fueron iniciados con la intención de deforestar y así extender el suelo cultivable o de pastoreo para el ganado, en las llamadas quemas controladas.

En el Chile del siglo XIX, Vicente Pérez Rosales ordenó, como enviado del Gobierno, provocar un gran incendio que devoró parte importante de la vegetación de la provincia de Osorno, con el objeto de despejar tierras y favorecer la instalación de colonos europeos. Hoy, a esa conducta, según palabras de Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental (U. Chile), la calificaríamos de ecocidio y paradójicamente cuidamos parte de la selva valdiviana que susbsiste en un Parque Nacional que lleva el nombre del mismo hombre que ordenó su destrucción parcial.

Hoy sabemos que la extensión de las fronteras de extracción tiene como resultado la deforestación, la sequía, la contaminación de las aguas y la tierra, la disminución de la biodiversidad, y el deterioro de las condiciones de vida de la población, sobre todo pobre e indígena, pues dichos territorios se vuelven para ellos inhabitables, en la medida que no hay alimentos, agua en condiciones de ser consumida y que han hecho avanzar plagas como el dengue, la fiebre amarilla, el paludismo, entre otras.

En Chile hemos tenido varios desastres medioambientales, dando lugar a territorios de gran vulnerabilidad socioambiental, entre ellos, los casos en el norte del país (Tocopilla, Huasco, Mejillones, Chañaral, entre otros) y por supuesto el caso de la Bahía de Puchuncaví-Quintero, que por ser más reciente ha capturado la atención de la opinión pública, activistas e investigadores. Estos casos han sido objeto de estudio y movilizaciones sociales y lo continúan siendo.

Sin embargo, hay más territorios en los cuales la extracción de recursos naturales resulta en deterioros irreversibles y poblaciones castigadas, con un insuficiente abordaje institucional de los impactos socioambientales y sanitarios y una deficiente consideración de los conocimientos científicos y de las necesidades técnicas e institucionales de respuesta a largo plazo, como en el caso del archipiélago de Chiloé en la Región de los Lagos.

En el Chile del siglo XIX, Vicente Pérez Rosales ordenó, como enviado del Gobierno, provocar un gran incendio que devoró parte importante de la vegetación de la provincia de Osorno, con el objeto de despejar tierras y favorecer la instalación de colonos europeos. Hoy, a esa conducta, según palabras de Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental (U. Chile), la calificaríamos de ecocidio y paradójicamente cuidamos parte de la selva valdiviana que susbsiste en un Parque Nacional que lleva el nombre del mismo hombre que ordenó su destrucción parcial.

Solo en la comuna de Chonchi, por ejemplo, entre 2017 y 2019, se registran casos de hundimiento de un barco con 70 mil litros de combustible a bordo y 200 toneladas de mortalidad de salmónidos en sector Pilpilehue (2017); derramamiento de 10 mil litros de químicos en Río Trainel, Huillinco (2018); conflicto ambiental por vertedero de residuos industriales de Dicham (2019); además del avance de concesiones de explotación y exploración minera en la localidad de Cucao. A ello se suman impactos de larga data en el bosque nativo y escasez hídrica insular.

El mayor desafío está en el plano de las decisiones políticas, económicas y de reestructuración de la capacidad de respuesta de los Estados ante los complejos escenarios nacionales. No es posible atender a la progresión del deterioro ambiental sin acciones responsables en poblaciones y territorios ya dañados por la profundización del modelo de desarrollo y progreso adoptado. Esto es en parte lo que sostienen las organizaciones sociales que participan de la Cumbre de Los Pueblos 2019, las que desde la construcción de un pensamiento colectivo cuestionan los modelos de producción y consumo que acentúan la degradación de la calidad de vida ecosistémica.

Dos aspectos son importantes aquí. El primero es que, si bien nuestro mundo es uno y lo que sucede en un rincón del planeta tendrá repercusiones en todo el resto, tanto los recursos como los daños y externalidades de su extracción se distribuyen de manera diferenciada, generando grandes desigualdades e inequidades para las poblaciones y sus territorios, afectando seriamente su salud. No solo nos referimos a las intoxicaciones agudas o las enfermedades por exposición a contaminantes, sino también al empobrecimiento de los territorios en los cuales se desarrolla y reproduce la vida cotidiana.

El segundo aspecto es que los debates que se han suscitado en torno al cambio climático y a los desastres socioambientales, no han incorporado de manera transversal la consideración del largo plazo y de la sostenibilidad de la vida y la salud de las poblaciones, sino que se han centrado más bien en asegurar la continuidad del actual modelo de desarrollo, sin considerar las asimetrías y desigualdades entre naciones y territorios. El escenario es a ratos desolador, y solo vemos acciones locales y territoriales limitadas para enfrentar todas estas “pequeñas” e incontables crisis socioambientales.

Tanto el incendio en la Amazonía como la crisis medioambiental de Chonchi y de todos los "Chonchis" que podríamos enumerar en nuestro país, responden a los efectos “secundarios” de un sistema que ha priorizado la rentabilidad y el crecimiento a corto plazo, olvidando que lo barato cuesta caro y que son los sectores más vulnerables de la población, los que habitan en la periferia, los pobres, los niños y las niñas, las poblaciones indígenas, quienes ven actualmente, y en un futuro próximo y lejano, afectadas su vida cotidiana y su salud.

No es casual que Chile haya vuelto a popularizar el término “zona de sacrificio”, usado para referirse a la zona que debió abandonarse luego del desastre de Chernobyl. Pero lo sacrificado no es únicamente el territorio, son también las personas que allí habitan, aquellos cuerpos para los cuales no hay legislación medioambiental que los proteja de la enfermedad y la muerte, que podríamos llamar “cuerpos o poblaciones de sacrificio”. Esta situación torna imprescindible que, con premura, los acuerdos y acciones que se realicen, relacionados con el medioambiente y al cambio climático, incorporen la dimensión salud de las comunidades como aspecto fundamental y mínimo.

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