Opinión
En los últimos días, la opinión pública ha sido testigo de cómo distintos actores de la sociedad civil hemos manifestado nuestro más profundo desacuerdo con el anuncio realizado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, respecto de la próxima instalación de camas de hospitalización para niños, niñas y adolescentes (NNA) en uno de los manicomios más antiguos del país, ubicado en la localidad rural de Putaendo, V región, distante 174 km de Melipilla, 600 km de Concepción, 1.295 km de Antofagasta y 3.215 km de Punta Arenas. Esta decisión permitiría que, personas en pleno proceso de desarrollo, sean hospitalizadas en una institución cuyo sistema terapéutico ve la patología mental como un hecho puramente individual. Se impondría, de esta forma, un modelo que posiciona en la psiquiatría a la salud mental toda, en vez de ser solamente una parte. Esta visión ha demostrado ser ineficaz, ineficiente, estigmatizadora y generadora de más psicopatología, vulnerando así los derechos de quienes dice proteger. Contraviniendo esta mirada, diversos autores han coincidido en que la familia y la comunidad son pilares fundamentales a través de los cuales los NNA van estructurando, asimilando y transformando a ellos mismos y el mundo que los rodea.
En la Declaración de Caracas (1990) quedaba de manifiesto que el hospital psiquiátrico como única modalidad asistencial, aísla a los sujetos de su comunidad, generando mayor discapacidad social; creando condiciones desfavorables que ponen en peligro sus derechos humanos y civiles, de mayor costo de mantención y que requiere más recursos para su funcionamiento. Países miembros de la OCDE (Inglaterra en 1959, EEUU en 1963 e Italia en 1978, entre otros) ya habían planteado que la alternativa a este hospitalocentrismo era avanzar hacia un sistema de salud público, equitativo y accesible, centrado en las personas, familias y comunidades que se ven afectadas por problemas de salud mental, vinculando acciones sanitarias con el intersector y las organizaciones comunitarias. Este sistema debe estar basado en un modelo de atención que se soporta en una red de orientación comunitaria establecida y en conocimiento de su territorio, integrada entre sus distintos niveles de atención, basada en la continuidad de cuidados de sujetos con problemas de salud mental y sus familias. Estas redes no están solamente preocupadas de atender la enfermedad mental y sus síntomas, sino que también de la prevención, educación y rehabilitación psicosocial, con asiento en dispositivos de salud más cercanos a las personas (a su hogar, trabajo o lugar de estudio) a través de equipos interdisciplinarios.
[cita tipo=»destaque»]Desde la Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile, consideramos que este debate nos lleva a mirar nuevamente el Acuerdo Nacional por la Infancia, último gran acuerdo nacional, que nos obligó, no sin vergüenza y tristeza, a mirar los errores y horrores que han sufrido nuestros niños, niñas y adolescentes.[/cita]
Desde 1990, con la firma de la Declaración de Caracas ya mencionada, Chile se comprometió a avanzar en lograr una red de Salud Mental integral, inmersa en el sistema sanitario público, poniendo énfasis en la ambulatorización de la atención, y el cierre progresivo de las camas de larga estadía. Ese paso lo ha dado el país de forma gradual, avanzando en la reconversión de estos grandes centros hospitalarios y aumentando la oferta de atención en los Hospitales Generales. Sin embargo, la nueva oferta sanitaria marcha en la dirección contraria, ofreciendo aquello que se comprometió a abolir: desarraigo, desapego y encierro, contraviniendo otra gran convención ratificada el mismo año: la Convención de los Derechos del Niño. En ella, nuestro país se comprometió a adoptar una serie de medidas de protección y asistencia, a otorgarles derecho a servicios de educación y salud, además de promover su crecimiento en ambientes de felicidad, amor y comprensión. Esto deja en entredicho nuestra palabra ya empeñada, toda vez que la propuesta ministerial, no da la importancia necesaria a la participación y vinculación de los NNA con sus familias y comunidad, asumiendo en pleno siglo XXI las funciones totalizadoras de los manicomios abolidos en el siglo XX. Se desconoce, de esta forma, que la comunidad no es un mero testigo de los procesos de salud- enfermedad de sus miembros, sino un protagonista activo en su cuidado y recuperación.
Lo que está ocurriendo hoy en el debate sobre Salud Mental Infanto-Adolescente no es trivial y puede significar un retroceso significativo con lo ya avanzado con los Planes Nacionales de Salud Mental, el último vigente sólo hace dos años. Estos han significado un esfuerzo técnico que cada vez más ha buscado vincular a los usuarios y sus familias no sólo como beneficiarios de un sistema de salud, sino como actores y constructores de su realidad de manera activa y creativa, velando siempre por el respeto a sus derechos y dignidad. El Plan Nacional de Salud Mental fija un camino que permite la toma de decisiones en esta materia y que amparado en los modelos de gestión de los Centros de Salud Mental Comunitaria, Unidades de Hospitalización de Cuidados Intensivos en Psiquiatría (UHCIP), y de la Red Temática de Salud Mental que ya han sido publicados y los que aún esperan (Modelo de Gestión de Hospitales de Día y Unidades de Cuidados y Rehabilitación Intensiva (UCRI)) dan una mirada conjunta de trabajo interdisciplinario que promueven equipos de salud mental conocedores, vinculados e identificados con sus territorios y la comunidad que en ellos reside.
Reconocemos una brecha de camas hospitalarias, de hospitales de día y servicios con atención de urgencia pediátrica donde participe personal de salud mental para brindar la continuidad de cuidados a NNA y esperamos que esto se vaya resolviendo según las recomendaciones internacionales y los consensos chilenos, ubicando estos nodos de atención en los territorios e insertos en hospitales generales. Un ejemplo de esto en el mismo Servicio de Salud Aconcagua, es el proyecto de UHCIP para NNA en el Hospital San Francisco de Llay-Llay el que cuenta con certificación de Hospital Amigo y que lamentablemente no vio la luz, pudiendo ser una alternativa al Hospital Dr. Phlippe Pinel del mismo servicio de salud. Otras alternativas perfectamente factibles serían la hospitalización domiciliaria y los equipos asertivos comunitarios, entre otros.
Desde la Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile, consideramos que este debate nos lleva a mirar nuevamente el Acuerdo Nacional por la Infancia, último gran acuerdo nacional, que nos obligó, no sin vergüenza y tristeza, a mirar los errores y horrores que han sufrido nuestros niños, niñas y adolescentes. En él encontramos respuestas acertadas que aún esperamos se concreten: fortalecer las familias, capacitación a la Red Primaria de Salud para pesquisa e intervenciones iniciales en problemas de salud mental en NNA, 15 nuevos Centros de Salud Mental Comunitaria, Creación de UCRIs y el fortalecimiento de los equipos de salud mental de los territorios.
Este acuerdo transversal fue respaldado por el Presidente de la República, que bien intencionadamente asumió la impostergable responsabilidad de poner en su gobierno a los niños primero en la fila. Lamentablemente estos desacertados anuncios muestran un deslucido trabajo de asesores ministeriales, expertos en salud mental y psiquiatría de la niñez y adolescencia, que de un modo inexcusable harán retroceder a Chile al menos 50 años en el área de salud mental, y de paso afectarán a los chilenos mas vulnerables del país, dejando en entre dicho el compromiso y la palabra empeñada del Sr. Sebastián Piñera con los niños, niñas y adolescentes de su país.
