Opinión
Chile carece de un servicio público dedicado exclusivamente a la conservación de nuestra biodiversidad. Chile también carece de un sistema nacional de áreas protegidas, que gestione de manera integral todas las áreas protegidas del país, tanto terrestres como marinas, públicas y privadas. Este es justamente el vacío que viene a llenar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
Detrás de esta propuesta legislativa existe el convencimiento de que la administración de las áreas protegidas del Estado debe quedar bajo la institucionalidad ambiental, pues es ella la llamada a conservar la biodiversidad en todas sus dimensiones. Labor distinta y complementaria es la que cumplen ministerios productivos, que deben velar por que las actividades basadas en el uso de recursos naturales –como la actividad silvoagropecuaria, la pesca y acuicultura, entre otras– se efectúe de manera sostenible.
No todos comparten esta mirada y los cambios no son fáciles. Reconociendo que la CONAF ha desarrollado un trabajo sumamente importante en la gestión y manejo de muchas áreas protegidas del país –en particular los Parques Nacionales, los Monumentos Naturales y las Reservas Nacionales–, el proyecto de ley regula el traspaso de aquellos trabajadores de CONAF que actualmente se desempeñan en áreas protegida, es decir, los guardaparques y los trabajadores de la Gerencia de Áreas Protegidas. El futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas contará entonces con toda la experiencia de estos trabajadores, así como con la fuerza normativa y vocación de un nuevo servicio público dedicado exclusivamente a la conservación de la biodiversidad.
En el detalle, la propuesta legislativa es extensa, pues regula diversas materias (como la creación de un servicio público, un sistema nacional de áreas protegidas e instrumentos de conservación fuera de las áreas protegidas), y también es compleja, pues modifica diversas normas legales con la finalidad de lograr coherencia con los cambios que se proponen. Imaginamos que esta es la razón por la cual han surgido algunas dudas o interpretaciones equivocadas del texto propuesto.
Se ha afirmado, por ejemplo, que el proyecto de ley tiene “letra chica”, sugiriendo que hay redacciones que persiguen finalidades contrarias a lo declarado. Habiendo participado directamente en la discusión que se dio por varios meses en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, podemos dar fe que ello no es así. Sería muy extenso abordar aquí cada uno de los puntos cuestionados –con gusto podemos discutirlos en otra instancia–, pero sí podemos afirmar con convicción que todos ellos significan una mejora a la regulación actual de nuestras áreas protegidas y de la conservación de la biodiversidad en general.
En lo que respecta a áreas protegidas, el proyecto no sólo instaura un sistema único a nivel nacional, sino que da pleno cumplimiento a la Convención de Washington. Es así que los parques nacionales solo podrán ser desafectados por ley (y no por un simple decreto supremo, como se proponía en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo). Además, considerando que la biodiversidad no reconoce fronteras administrativas, la propuesta da un paso importante al establecer instrumentos nuevos de conservación de especies y ecosistemas fuera de las áreas protegidas, como los planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazadas, planes de restauración ecológica para áreas degradadas y planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras. También se contemplan herramientas para mejorar el conocimiento y diagnóstico sobre nuestra biodiversidad e instrumentos económicos para incentivar buenas prácticas para el uso sostenible de los recursos naturales.
Nuestra invitación es a leer de manera integral el proyecto de ley, a interiorizarse sobre la discusión detrás de su texto –por ejemplo, a través de los informes públicos de las comisiones del Congreso, donde se transcribe la discusión detallada de cada artículo– y, finalmente, a seguir avanzando en la tramitación de este proyecto de ley, para contar cuanto antes con una institucionalidad ambiental completa, que nos permita como país ser un ejemplo en conservar nuestro patrimonio natural.
