Opinión
La palabra crisis aparece a diario en los medios de comunicación. El gobierno, organismos internacionales, periodistas y referentes de opinión han hecho de la crisis una palabra cotidiana, parte de nuestras mesas cada día. Si en octubre fue la crisis social, desde fines de febrero la pandemia COVID-19 ha instalado la crisis sanitaria como principal tema de conversación. El riesgo de contagio ha transformado nuestra vida cotidiana, limitando nuestros movimientos y reuniones, afectando al empleo en áreas como el retail, el comercio informal, el turismo, los bares y restaurantes, entre muchas otras.
Entonces aparece una tercera crisis, la económica. Si después de octubre del 2019 nuestro futuro como país aparecía incierto pero optimista, la combinación de la crisis sanitaria y económica nos pone ante un presente inquietante, donde la incertidumbre económica y el reparto de sus costos agita algunos temores profundos de nuestra sociedad. Distintas encuestas de opinión sugieren que uno de los mayores miedos de chilenas y chilenos es perder el empleo, amenazando a muchas y muchos de quienes figuran en las estadísticas triunfalistas sobre la superación de la pobreza, pero cuya posición es frágil y precaria, dependiendo de su trabajo para mantenerla. Así, la crisis económica abre la profundidad subjetiva de nuestra estructura social.
En medio de las crisis, el Presidente Sebastián Piñera y su coro han sugerido aplazar el plebiscito. Conejeando entre distintos argumentos, el propio Mandatario ha afirmado que el proceso constituyente podría suspenderse si no existen las condiciones económicas para su realización. De alguna forma, su razonamiento revive la fórmula que caracterizó los primeros años de la postransición, cuando el núcleo cercano a Edgardo Boeninger asumió que la estabilidad política y democrática serían un subproducto del crecimiento económico, olvidando el cuidado y profundización de la política y la democracia.
El resultado de esa fórmula es una democracia con una de las más bajas participaciones electorales en la región, con partidos políticos hidropónicos y baja legitimidad. Además, continuamos atados a una Constitución autoritaria que limita las posibilidades de decidir hacia dónde queremos ir como sociedad, excluyendo especialmente a los sectores populares. Es decir, todo aquello que estalló en nuestra crisis creativa del 18 de octubre.
Aunque la oposición en su conjunto rechazó las palabras del oficialismo, las viejas creencias de que la democracia puede quedar en segundo plano parecen seguir vigentes. Suspender la política hasta que la economía marche bien, haciendo oídos sordos de los deseos, miedos e incertidumbres, justamente en un momento en que la crisis económica desata subjetividades telúricas, no solo es un gesto soberbio y elitario, también es temerario, pues reduce el valor de la democracia en su capacidad de construir certezas sobre el futuro, de dirimir entre distintas opciones y formas de salir de las crisis. Peor aún, se cierra a la inédita posibilidad de abrir un espacio precisamente a aquellos actores y subjetividades a las que la política les ha cerrado la puerta desde la dictadura en adelante.
Por si fuera poco, las crisis económicas suelen tener efectos sobre las democracias, donde el autoritarismo reflota no solo como un atavismo del pasado, sino como posibilidad abierta hacia el futuro. Por lo mismo, junto con cuidar la salud y el trabajo digno, tenemos que cuidar la democracia.
