Opinión
La aplicación de la perspectiva de género en la condena por secuestro y tortura en “La Venda Sexy” marca un hito que es importante resaltar, especialmente en el actual contexto, donde recientemente fue rechazada la ley de Educación Sexual Integral y han recrudecido distintas formas de violencia contra las mujeres y violencia transfóbica. Junto con ello, entre las violaciones a los derechos humanos en el marco de la revuelta social, existieron también diversas formas de violencia política sexual perpetradas por las fuerzas de orden y seguridad que replican los viejos patrones dictatoriales, al imponer castigo y disciplinamiento a las mujeres o disidencias que subvierten el orden tradicional de género. En este marco, una señal que desde dentro de una institucionalidad como la chilena apunta hacia la consideración explícita de esta perspectiva, aunque tardía e insuficiente, resulta valiosa.
En particular es importante porque la justicia que se aplica a los crímenes de lesa humanidad marca una pauta para la sociedad en su conjunto, envía un mensaje que puede contribuir a que las violaciones no se repitan o, al contrario, pueden enviar un señal de impunidad que acrecienta el espacio de tolerancia hacia la violencia que se ejerce en contra de determinados sectores de la población, considerados como ajenos a la norma que se busque hacer cumplir.
En ese sentido, la lucha por el derecho a una vida libre de violencia pasa también por el acceso a justicia efectiva y proporcional de los crímenes de odio y violaciones a los derechos humanos, cuestión que no ha ocurrido plenamente ni en casos de violencia dictatorial ni en casos de violencia trans, lesbo y homofóbica, ni tampoco en las violaciones graves que pretendían apagar el despertar de Chile. En efecto, la incorporación de la perspectiva de género y del ajuste pleno a la legislación internacional de DD.HH. en la administración de justicia sigue siendo una deuda importante.
Por otro lado, también resulta necesario dar cuenta que en general la noción de derechos humanos sigue estando anclada en el terrorismo dictatorial del pasado. Reconocemos en ello un problema que tiene tres consecuencias muy negativas para la democracia hoy. La primera es el límite de la tolerancia a la violencia que existe en el país, cuestión que se revela cuando se relativiza o justifica la violencia estatal utilizada para reprimir la revuelta social y disciplinar a la sociedad que se manifiesta, al punto que existen sectores que construyen una falsa incompatibilidad entre la mantención del orden público y el respeto efectivo a los derechos humanos de toda persona o grupo de personas que ejerce su derecho a la protesta.
La segunda es que estos niveles de tolerancia a la violencia aportan a la invisibilización y/o relativización de la gravedad de los casos de violencia estatal y vulneración de derechos humanos del Chile actual. En ese sentido, la fuerza liberadora del feminismo se ha expresado precisamente en la lucha por reducir esos grados de tolerancia a la violencia impuestos por la impunidad, la complicidad del aparato estatal y la falta de justicia. En última instancia, en un país donde el ejercicio profesional de la tortura y la violencia política sexual se condecoró incluso, el acoso aparecía como algo nimio. Por tanto, la consideración del acoso como límite de lo tolerable afirma un carácter autónomo y sujeto de derechos de mujeres y disidencias.
Esto último es contradictorio con la tercera consecuencia del anclaje de la noción de derechos humanos en la dictadura como un tema del pasado: la centralidad de la condición de víctima y sobreviviente para poder ser reconocida como vulnerada en los derechos, y por ende sujeta de reparación. Esta ha sido una forma para desactivar la profunda politicidad de las trayectorias históricas destruidas y las luchas vivas que han resistido a las diversas formas de violencia patriarcal y terrorismo de Estado en el pasado y en el presente. Además, es una condición que supone la actuación del poder público solo una vez consumada la situación de violencia o vulneración, por lo que la necesidad de la prevención y la anticipación es prácticamente nula.
Estas tres cuestiones nos hacen pensar que es fundamental abrir verdaderamente la noción de derechos humanos y discutir seriamente sobre las diversas formas en que como sociedad nos dotaremos de maneras para promoverlos y ponerlos al centro de la democracia que queremos construir.
Pero sabemos que esto no puede hacerse replicando una oposición entre presente y pasado, sino más bien debe resultar de un diálogo intergeneracional sincero, que ponga en el centro la pregunta por cómo proyectamos nuestra sociedad hacia el futuro.
