Opinión
Las constituciones establecen los principios que fundan el ejercicio del poder, los derechos fundamentales y los mecanismos que los aseguran. Instalan los valores de quienes las escribieron. Su inscripción cultural se hace intangible con el paso del tiempo. Para la Constitución de 1833 eran ciudadanos los sujetos masculinos, mayores de 25 años, letrados y propietarios. En 1925 se excluyó la condición de propietarios. En Chile las diferencias sociales y económicas se constituyeron subjetivamente como desigualdades estructurales inamovibles. El clasismo, el machismo y el racismo expresan la desvalorización del diferente instalada en las prácticas cotidianas. ¿Reflejarían progresivamente la exclusión constitucional de las mayorías en el ejercicio del poder político?
La injusticia de la distribución de la tierra, de los ingresos, del poder, eran pilares estructurales de la sociedad. Durante el siglo XX, la educación primaria obligatoria, la incorporación de las mujeres como ciudadanas, la reforma del derecho de propiedad, modificaron algunos de ellos. Se abrieron algunas condiciones de cambio y participación, las que fueron percibidas como la peor amenaza al poder vigente. El golpe de Estado puso fin a ese proceso. Restaurar “el orden” implicó muerte, tortura y desaparición forzada, represión y miedo. Sus huellas son todavía memoria viva. La Constitución de 1980 se gestó bajo las bayonetas, tal como la de 1925 y de 1833, estableciendo una democracia “protegida”.
La sociedad chilena ha fundado la paz social en la impunidad de los abusos desde los inicios de su historia. Exigir rendiciones de cuentas por la desaparición forzada, la corrupción, la discriminación y la exclusión ha implicado una ruptura política y cultural reciente, pero aún cruzada por el temor de autoridades y jueces de atreverse, en nombre del bien común, a restringir la impunidad de los poderes fácticos que cruzan las instituciones políticas.
El estallido social de 2019 recoge una reacción ciudadana ante el abuso generalizado. Desde los abusos sexuales y su impunidad casi irreversible, los robos cometidos en el Ejército y en Carabineros, la colusión en los precios de los medicamentos, hasta el enriquecimiento anónimo y no tan anónimo de grupos económicos con los fondos de pensiones de todos los chilenos. La violencia del saqueo y la destrucción, los incendios, y la violencia de la represión con resultados de violaciones a los derechos humanos alertan de las fisuras profundas entre las mayorías y el orden vigente.
Pensar el futuro en clave de bien común dio lugar a la propuesta de nueva Constitución. Escrita por primera vez en la historia por mujeres y hombres en paridad y elegidos. Debemos pensar sus contenidos no solo desde la política, el reconocimiento de los pueblos originarios, los derechos y la inclusión como clave de la convivencia, la paz social y la participación, sino también desde la economía, la ética medioambiental, la ciencia y la tecnología.
