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Una discusión que nace muerta

por 2 marzo, 2021

Una discusión que nace muerta
Sin lugar a duda, casos como el del pequeño Tomás Bravo, o de Ámbar, nos llenan de ira y dolor, y queremos naturalmente buscar que se ejerza lo que legítimamente creemos que es justo para poder dar, según el famoso concepto de Ulpiano, a “cada uno lo suyo”, pero esta justicia jamás puede pasar por arrebatar la vida a otro, ni tampoco puede pretender hacer caso omiso a los derechos humanos. Olvidar esto es cerrar nuestros ojos frente al sufrimiento del pueblo judío, a las víctimas de dictaduras políticas a lo largo de la historia, a los miles de muertos que tuvieron que sacrificar sus vidas para que hoy podamos hablar tranquilamente de derechos humanos.
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Por décadas hemos estado hablando sobre derechos humanos en Chile, y aún así, cada vez que ocurre un caso de sensible connotación, grupos civiles –de diferentes edades, posiciones políticas y/o religiosas– reavivan de las cenizas una añeja discusión en torno a la posibilidad de incluir la pena de muerte dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como reacción visceral frente a la situación dolorosa que se está viviendo.

Chile ratificó en el año 1969 el Pacto de San José de Costa Rica –que no es nada más ni nada menos que la Convención Interamericana de Derechos Humanos–, el cual establece en su artículo 4, inciso 3: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.”

Chile abolió la pena de muerte de su ordenamiento penal en el año 2001 –sin perjuicio de que se contempla aún dentro del ordenamiento militar para casos específicos, frente a lo cual ya se han presentado mociones desde el año 2018 para ser abolida–. No hay posibilidad, por tanto, de que se plantee siquiera la idea dentro de nuestro ordenamiento, ni de que tampoco se retome una discusión que ya está muerta, pues esto atenta abiertamente contra los derechos humanos por los que tanto hemos luchado por décadas. Si bien alguna interpretación podría indicar que podríamos restablecer la pena de muerte por existir algún resquicio dentro de nuestra legislación que lo contemple, debemos recordar que los tratados internacionales deben interpretarse de modo objetivo y en base a la buena fe, y por tanto, si ya se ha abolido esta pena en un punto de nuestra legislación, y recordando que el Pacto de San José busca proteger la vida en su artículo 4, esta decisión constituye un punto de no retorno.

Comprendo que como ciudadanos nos sintamos afectados y empaticemos con el dolor ajeno, pues eso es una acción que nos diferencia de otros y nos hace ser más humanos, pero no comprendo que personas en una posición dominante –candidatos para ser Constituyentes, comunicadores, periodistas, cientistas políticos o académicos, entre otros– tengan la osadía de plantear esto como una posibilidad.

Hago un llamado a conservar la cordura, y a ocupar el alcance que se pueda tener en redes sociales o en medios de comunicación de manera positiva y propositiva. Sin lugar a duda, casos como el del pequeño Tomás Bravo, o de Ámbar, nos llenan de ira y dolor, y queremos naturalmente buscar que se ejerza lo que legítimamente creemos que es justo para poder dar, según el famoso concepto de Ulpiano, a “cada uno lo suyo”, pero esta justicia jamás puede pasar por arrebatar la vida a otro, ni tampoco puede pretender hacer caso omiso a los derechos humanos. Olvidar esto es cerrar nuestros ojos frente al sufrimiento del pueblo judío, a las víctimas de dictaduras políticas a lo largo de la historia, a los miles de muertos que tuvieron que sacrificar sus vidas para que hoy podamos hablar tranquilamente de derechos humanos.

Esta medida hoy, por tanto, no es un método que permita acceder a la justicia, y no debería ser siquiera considerada como una posibilidad. Saber “qué corresponde a cada quien” es una interrogante que ni en miles de años de evolución hemos logrado zanjar como sociedad, y mientras no seamos capaces de llegar a un análisis más acabado, no podemos tomar decisiones que no admitan retorno, como lo es la pena de muerte.

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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