Opinión
La prensa se ha llenado de anuncios optimistas sobre el sostenido incremento del precio del cobre en este comienzo de año. El alza tiene un impacto directo sobre las finanzas fiscales, que se han estimado en unos 1.500 millones de dólares.
El aumento, que se califica de “histórico”, ha producido un entusiasmo notorio en el mundo privado. Un conjunto de empresas mineras, como la canadiense Teck, Barrick, BHP, o Antofagasta Minerals del grupo Luksic, activarán procesos de inversión entre 2021 y 2023 con los que intentarán captar los principales beneficios del súper ciclo. Una vez más, bajo el actual modelo económico, la reactivación traerá importantes oportunidades para los grandes negocios privados, profundizando la actual estructura de desigualdades.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Chile (Sturla, Accorsi, López, Figueroa) han calculado el monto de la renta económica que se apropian las mineras privadas que manejan los diez yacimientos más grandes del país, como una renta “graciosa” que debería haber sido pagada al Estado de Chile como propietario del mineral. Su investigación determinó que 2005 y 2014 dichas empresas se apropiaron de 120 mil millones de dólares (de 2016), es decir, un monto promedio anual de 12 mil millones de dólares, muy superior a los 1.500 millones que se anuncian con tanta pompa en la prensa mercurial.
Los investigadores establecen, por ejemplo, que ese monto anual permitiría resolver la gratuidad de la educación en el país, entendida como el financiamiento estatal completo y en todos los niveles de la educación, y quedaría disponible aun un monto equivalente al capturado por la reforma tributaria de 2015. Es evidente, además, que fondos como estos podrían generar efectos muy positivos si se destinaran al financiamiento de estrategias de desarrollo económico que permitieran superar la dependencia de la actividad extractiva.
Nos permitimos concluir con un ejemplo propio de nuestro trabajo en la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso. El proyecto Nuevo Amanecer, que ha comenzado a ejecutarse recientemente, beneficia a 48 familias porteñas que resultaron damnificadas en el incendio de 2017. El proyecto, que se basa en un diseño arquitectónico participativo, tuvo un costo de unas 62 mil UF (incluyendo valor del terreno cedido por Municipio). Se trata de viviendas sociales de un estándar superior al usual, con 62 m2 en promedio, 3 dormitorios, sala comedor, cocina, un baño principal y un baño de visita, logia, en estructura de hormigón, con revestimiento térmico, en un conjunto con áreas verdes, juegos infantiles y cerco perimetral. Pues bien, solo con la mitad de ese monto podrían construirse unas 115 mil viviendas de esa calidad. Una cifra muy elevada si se considera que la Fundación Vivienda estimaba en 350 mil el déficit de viviendas en 2017, o incluso si se compara con las 740 mil que estima la Cámara Chilena de la Construcción.
Pero claro, a los grandes intereses privados les resulta mejor utilizar el mayor ingreso del cobre en una reactivación del mercado inmobiliario, basado en la financiarización y el endeudamiento, que utilizarlo en una adecuada política de vivienda y mejoramiento del hábitat para millones de chilenas y chilenos.
Concluimos entonces, con tres ideas para una nueva constitución y un nuevo municipalismo: 1) cambiar la institucionalidad y las regulaciones sobre la explotación de las riquezas territoriales, de modo de capturar realmente sus beneficios para la comunidad, e invertir en un cambio de modelo de desarrollo, 2) cambiar la institucionalidad y las políticas de vivienda y ordenamiento territorial, dotando de atribuciones reales a los municipios, en orden a construir hábitats dignos y sostenibles, 3) abrir la disponibilidad de suelos hoy inactivos, de modo de terminar con la expulsión de las comunidades de sus territorios de origen.
En síntesis, apropiarnos de nuestras riquezas para producir un modelo de desarrollo más justo y sostenible, con buen vivir para todas y todos.
