Opinión
El quinto reporte del “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático” (PNACC), publicado en diciembre del 2020, deja más incógnitas e incertidumbres sobre la capacidad de adaptación institucional de nuestro país frente al Cambio Global.
Por el lado de las causas, nos remontamos a aquéllas del siglo XX con consecuencias más y más perceptibles en la cotidianeidad del siglo XXI, a pesar de que la inercia continuará por cientos de años más, el doble del tiempo que durará el impacto en el ecosistema del Salar de Atacama producto de la extracción de agua para la producción minera de Cobre y Litio (la salmuera también es agua).
Podría enumerar un buen número de hechos para cultivar la sospecha sobre la incapacidad institucional chilena. Sin embargo, no es materia de conspiración, más bien de política y de “lo factual”. La adaptación al cambio climático como estrategia cuenta con más puntos débiles que aspectos robustos para demostrar su eficacia y eficiencia. Aún nuestro país no da el salto intelectual a una discusión abierta y vinculante de la sociedad en su conjunto. Aún persisten voces que cuestionan el real aporte de implementar medidas en Chile, siendo un país de tamaño menor. Para muchos, en vista que Chile aporta bajos niveles de CO2 a la atmósfera en el contexto internacional: ¿qué prioridad podría tener la descarbonización? Del otro lado, están quienes sostienen que la adaptación es la estrategia necesaria para enfrentar la “emergencia climática”.
Discursos más, discursos menos, el marco cognitivo de moda crea una realidad construida sobre la cual nuestra sociedad reacciona con frases a la medida, adaptándose rápidamente, o a lo menos sin tener claro cómo participar en una discusión amplia y vinculante sobre la puesta en marcha de medidas “adaptativas”. Hay que apuntar la disonancia existente entre el arreglo institucional y la sociedad, en donde esta última forma parte del último eslabón en los procesos de “adaptación” para el mundo de las agencias públicas. Más incertidumbre e incógnita sobre el devenir.
Más adopción, menos adaptación. En la teoría general de sistemas cerrados, la adaptación disminuye la capacidad de las organizaciones (instituciones incluidas) para tomar decisiones en un entorno (mundo) de cambio. La adaptación es contraria a la necesaria capacidad de sostener premisas que doten a las operaciones de decisión la necesaria aptitud dinámica para enfrentar el entorno vertiginoso de cambio. Lo que era suficiente algunos años atrás es insuficiente hoy. Más aún en el sistema de funciones sociales, en donde la inercia de cambio es grande, y sobre la cual se requiere tiempo para sostener nuevos acuerdos de acción para la sociedad en conjunto.
Hoy por hoy, son cada vez más los países que se sumergen en la discusión de cambios sociales de mayor profundidad que los propuestos por la estrategia de “adaptación”. Cambios en las costumbres de consumo, transporte, trabajo, producción, alojamiento, alimentación y protección jurídica de la naturaleza, entre otros. No es materia de derechas e izquierdas, distinción tan añeja como su origen, en el siglo XVIII, cuando en la asamblea francesa se sentaban a la derecha los conservadores, y a la izquierda las voces más progresistas.
Ya no es tiempo de emergencias climáticas, expresión utilizada de manera habitual en el siglo XX por personeros chilenos a nivel institucional. Desde hace algún tiempo ya, algunos hablamos de fallos estructurales, cambios estructurales necesarios para enfrentar el cambio global, ante la atónita mirada del jefe de la unidad de emergencias agrícolas del Ministerio de Agricultura (al cuestionar su rol). Las estrategias de emergencias ya no dan el ancho, más bien reducen el campo de acción, y crean una realidad insuficiente, muy de moda para el ejercicio del poder psicopolítico actual (parafraseando al filósofo surcoreano Byung-Chul Han).
Volviendo a nuestro PNACC, después de siete años se concluye en diciembre (¡sorpresa!): “los planes no cuentan con un presupuesto asociado especifico (glosa) para su implementación, y por ello, los avances en la implementación de los planes dependen de los presupuestos sectoriales que se asignan cada año”. No obstante, esa misma “autoevaluación” indica un grado de cumplimiento del 80 %. Mientras el Ministerio de Medioambiente en Chile dice esto, la discusión de la sociedad a nivel mundial señala que los presupuestos a todo evento deberían partir de una base de 1 a 2 % del PIB.
Sospecha e incógnita, la adaptación al cambio climático no tiene presupuesto a mediano y largo plazo, ni siquiera a corto. Así las cosas, menos se podría hablar de adopción. Ni tampoco de la potencial profundización de la desigualdad que la implementación de adaptación podría conllevar.
Mientras en Chile sucede esto, en el mundo se habla sobre acuerdos sociales, inteligentes y colectivos; sobre sistemas de descarbonización no sólo utilizando el análisis de adaptación mediante tecnologías verdes, sino también sobre los cambios de conducta que deben adoptar los que ejercen el poder económico; se discute sobre inclusión, temporalidad e inercias. Cada vez más, en el mundo se habla de adopción, mientras nosotros en Chile seguimos viendo cómo los arreglos institucionales infantilizan la capacidad de la sociedad en su conjunto a través de acuerdos nacionales racionales y a nuestra medida.
